Pablo Iglesias le estropeó ayer a Pedro Sánchez el despliegue, con banda sonora de piano incluida -un toque decididamente cursi que por eso resultó ridículo- que le había preparado el enorme equipo de comunicación liderado por el hombre-orquesta de La Moncloa Iván Redondo.

La noticia de que el juez de la Audiencia Nacional ha elevado al Tribunal Supremo la exposición razonada para que el Alto Tribunal decida si investiga al vicepresidente del Gobierno fue la que ayer tarde ocupaba los titulares de todos los diarios digitales y no sólo le aguaba la fiesta al presidente del Gobierno sino que introducía un elemento de seria preocupación en él aunque intente de todas las maneras posibles disimularlo.

Porque Sánchez sabe que sin Iglesias en el Gobierno, la estabilidad ya de por sí muy frágil de su equipo quedaría herida de muerte. No es ninguna cosa menor la que hay puesta ahora mismo sobre la mesa: la posibilidad, aún no confirmada pero sí real, de que el Tribunal Supremo decida procesar nada menos que a su vicepresidente por distintos delitos, el más probable y consistente el de denuncia falsa. Y no hay gobierno en el mundo democrático, el nuestro tampoco, que pueda aguantar con uno de sus más destacados miembros sentado en el banquillo de los acusados.

Pero, independientemente de lo que decidan los magistrados del Alto Tribunal, hay algo que Iglesias no podrá ya evitar y es la comprobación de los ciudadanos de que estamos ante un embustero de siete suelas y un manipulador sin escrúpulos de la opinión pública a la que engañó miserablemente con un montaje de victimismo que él sabía con seguridad que era falso.

Conservar a Iglesias a su lado le va a suponer a Sánchez una auténtica sangría de prestigio, credibilidad y autoridad moral y también política

Eso ya no se lo quita nadie y, en la mejor de las hipótesis, Pedro Sánchez tendrá que cargar con la responsabilidad de mantener en su Gobierno a alguien capaz de mentir a sus electores y de haberlo intentado también con el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso.

Eso sin contar con que el magistrado ha incluido también en su exposición al Supremo a la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, miembro destacado del núcleo dirigente de Podemos y con ellos a los letrados Marta Flor y Raúl Carballedo y a la propia Dina Bousselham y a su pareja Ricardo Sa Ferreira de quienes el juez cree que pueden haber cometido el delito de falso testimonio. Es decir, parte importante del núcleo principal del partido morado.

Pero eso no es todo. Podemos tiene también pendientes en otros juzgados procedimientos abiertos por diferentes causas en relación con la financiación irregular del partido lo que podría incluir malversación y administración desleal. En definitiva, un compendio de maravillas a cargo de la vicepresidencia del Gobierno ocupada por Pablo Iglesias, líder de ese partido.

Un ciudadano que se ha encargado previamente de que su formación, tan estricta siempre con los comportamientos de los demás y con los códigos éticos de otros partidos, cambió el suyo este mismo año de modo que ya no obliga a sus miembros a presentar su dimisión si resultan investigados -imputados se decía antes y aún se sigue diciendo- sino sólo si hay contra alguno de ellos un auto de procesamiento firme. Es decir, que Iglesias aguantará amarrado a su cargo hasta el mismísimo momento en que el Tribunal Supremo decida sentarlo -si es que lo decide, que es pronto para saberlo- en el banquillo.

Una modificación introducida este año en el código ético de Podemos permitirá a Pablo Iglesias seguir manteniendo sus cargos público […]