Esto es lo más llamativo y lo más grave de lo sucedido la semana pasada en el Congreso de los Diputados: la facilidad pasmosa con la que el Parlamento español ha renunciado con apenas un par de protestas a ejercer una de sus labores constitucionales más decisivas como es el control por el Poder Legislativo de la acción del Poder Ejecutivo. Y nada menos que durante seis meses, tiempo en el que algunos de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución estarán limitados y probablemente suspendidos si la situación de la pandemia no mejora.
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