¿Veremos a Putin responder por crímenes de guerra ante un tribunal?

Kateryna Tkachova tiene 18 años y hasta el 3 de marzo vivía en el pueblo de Vorzel con sus padres. Ese día varios tanques que llevaban la letra “Z” —utilizada por las fuerzas rusas para marcar sus vehículos durante la invasión de Ucrania— aparecieron por su calle. Su madre, Nataliya, y su padre, Valeryi, dejaron el sótano en el que se ocultaban y salieron a la calle. A continuación Kateryna oyó disparos.

“Cuando los tanques pasaron de largo, salté la valla a la casa de los vecinos. Quería comprobar si estaban vivos. Miré por encima de la valla y vi a mi madre yaciendo de espaldas a un lado de la calle, y a mi padre boca abajo al otro lado. Vi grandes agujeros en el abrigo de él. Al día siguiente me acerqué a ellos. Mi padre tenía seis grandes agujeros en la espalda, y mi madre tenía uno más pequeño en el pecho”, contó Kateryna a Amnistía Internacional.

El 9 de marzo, en un pueblo al este de Kiev, dos soldados rusos entraron en la casa de una mujer (que quiso guardar el anonimato) y, según ella misma nos relató, mataron a su esposo y luego la violaron repetidamente a punta de pistola mientras su hijo pequeño se escondía en un cuarto de calderas próximo. La mujer pudo escapar del pueblo con su hijo a territorio bajo control ucraniano.

El 3 de marzo Yulia Matvienko, de 33 años, estaba en casa con sus tres hijos cuando sucedió un ataque aéreo con bombas no guiadas en Chernígov. “Yo iba por el pasillo y cuando estaba llegando a la cocina de repente me quedé sorda. No entendía lo que estaba pasando. De pronto, todo empezó a desmoronarse y a caer. Los niños gritaban. Durante varios segundos fue como si se hiciera el silencio y se detuviera el tiempo. Saqué a rastras a mis hijos de debajo de los escombros. Los saqué de allí como pude mientras chorreaba sangre". En ese ataque 47 personas murieron en una plaza mientras hacían cola para conseguir alimentos.

Amnistía Internacional ha recogido testimonios que demuestran que en Ucrania se está dando muerte a civiles en sus casas y en las calles, en actos que constituyen crímenes de guerra

Esas escenas no son aisladas. Los equipos de Amnistía Internacional en el terreno han recogido numerosos testimonios que demuestran que en Ucrania se está dando muerte a civiles en sus casas y en las calles, en actos de sobrecogedora brutalidad y que constituyen crímenes de guerra.

Desde los primeros días de la invasión el Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional pudo obtener pruebas de ataques indiscriminados en varias localidades, prohibidos por el derecho internacional, incluido el uso de municiones de racimo. Asimismo, según avanzaba el conflicto armado, nuestros equipos en el terreno documentaron, entre otros episodios, el asedio de las tropas rusas a la población civil en Járkov, Izium y Mariúpol y el homicidio intencional de civiles en localidades cercanas a Kiev.

El Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe ciertos comportamientos en un conflicto armado, y que es vinculante tanto para Rusia como para Ucrania, establece que todas las partes enfrentadas deben distinguir siempre entre combatientes y población civil, es decir aquellos que no participan de las hostilidades, y que cualquier ataque contra ellos o contra bienes de carácter civil, como una escuela u hospital, o cualquier ataque indiscriminado que mate o hiera a civiles puede constituir un crimen de guerra.

Parece que los hechos narrados más arriba se ajustan a este criterio. En el caso de las fuerzas ucranianas, AI ya documentó crímenes de guerra de ambas partes en el primer conflicto armado entre Rusia y Ucrania los años 2014 y 2015 y, como organización imparcial de derechos humanos investigamos crímenes de guerra los cometa quien los cometa.

Rendición de cuentas

En muchas ocasiones me preguntan qué va a pasar con toda esa documentación que están recopilando los equipos de Amnistía Internacional y que apuntan claramente a la comisión de crímenes de guerra en Ucrania.
El objetivo principal es que contribuyan a que haya una rendición de cuentas y a que las víctimas y sus familias obtengan verdad, justicia y reparación. Pero, ¿cómo se puede lograr?

En la situación actual la vía más factible para lograr este objetivo es la Corte Penal Internacional (CPI), cuya Fiscalía ya ha abierto una investigación de los posibles crímenes de derecho internacional que se están cometiendo en Ucrania. En esta fase temprana, la recopilación y preservación de pruebas es esencial para el éxito de investigaciones futuras.

Es de señalar que la CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra que pudieran ser cometidos en Ucrania porque Ucrania, aunque no ha ratificado el Estatuto de Roma, sí hizo una declaración expresa en 2015 aceptando someter a la jurisdicción de la Corte los crímenes de derecho internacional que pudieran haberse cometido en su territorio desde el 20 de febrero de 2014. Tal declaración somete a la competencia de la Corte los crímenes cometidos en el territorio ucraniano y los presuntos crímenes que pudieran cometer nacionales de Ucrania en cualquier territorio. La falta de ratificación por parte de Rusia del Estatuto de Roma es irrelevante ya que la competencia de la Corte sobre los crímenes cometidos en Ucrania ha sido reconocida.

Un posible juicio en la CPI exigiría rendición de cuentas a todos los perpetradores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania —particularmente de aquellos que ocupan altos cargos y tienen la máxima responsabilidad— y se les exigirían responsabilidades individuales.
En este momento también es esencial que todos los Estados Partes en la CPI y la comunidad internacional en general cooperen con la investigación de la Fiscalía.. La rendición de cuentas exhaustiva en Ucrania requiere los esfuerzos concertados de la ONU y de sus órganos, pero también iniciativas de carácter nacional con arreglo al principio de jurisdicción universal.

Sería una buena ocasión para que España revirtiera la reforma exprés que limitó hasta impedirlo el ejercicio de la jurisdicción universal

Por otro lado, existe la posibilidad de que los Estados, en los casos de crímenes de guerra y otros delitos graves según el derecho internacional, ejerzan la jurisdicción universal. La misma establece que los tribunales nacionales pueden investigar y procesar a una persona sospechosa de cometer un delito en cualquier lugar del mundo, con independencia de la nacionalidad del acusado o de la víctima o en ausencia de todo vínculo con el Estado en el que ejerce dicho tribunal.

En el caso español, la reforma legislativa exprés realizada en 2014 limitó hasta impedir el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los tribunales españoles. Puesto que el gobierno español ha afirmado en repetidas ocasiones en estas semanas que en Ucrania se están cometiendo crímenes de guerra, ésta sería una buena ocasión para revertir ese retroceso legislativo y permitir nuevamente la jurisdicción universal. El 80% de los países del mundo están en disposición de perseguir crímenes de derecho internacional, pero España está ahora en la vergonzante minoría que se niega a ejercer esa jurisdicción universal que abriría una nueva puerta a que las atrocidades que se están produciendo en Ucrania no queden en la impunidad.

Esteban Beltrán es director de Amnistía Internacional España