Ningún partido político ha destapado un caso de corrupción en sus filas en 50 años

"La Ejecutiva nacional del partido ha emitido hoy un comunicado en el que anuncia la destitución y expulsión del partido del secretario provincial de la formación, después de que una investigación interna haya acreditado indicios de delito en su gestión. Cinco militantes han sido suspendidos de militancia por su posible implicación. El partido remitirá toda la información a la Fiscalía y se personará como acusación particular contra sus ya excompañeros de partido".

¿Se imaginan una información así referida al PP, al PSOE o al PNV? Obviamente, no. Escuchar al presidente Pedro Sánchez usar la táctica del "y tú más" es algo a lo que ya estamos acostumbrados. No habrán olvidado que, en aquel pleno especial veraniego del Congreso por el caso Bárcenas, Mariano Rajoy acabó hablando más de los ERE de Andalucía frente a Rubalcaba que de su propia corrupción. Lo verdaderamente pasmoso es que Pedro Sánchez encima presumiera de contundencia cuando ni él ni nadie de su entorno fue capaz de detectar nada raro ni en José Luis Ábalos ni en Santos Cerdán, hasta que ya fueron portada en todos los medios. Y nadie, ni siquiera el marketing man de Gabriel Rufián, reprocha lo evidente: que, en el mejor de los casos, los partidos políticos siguen demostrando una y otra vez que no tienen ningún tipo de mecanismo para investigar o detectar corrupción en sus propias filas.

Antes, al menos, se molestaban en disimular un poco. Cuando estalló el caso Naseiro, José María Aznar encargó una investigación interna a Alberto Ruiz-Gallardón, y debió de ser la primera y última vez que pasaba algo así. Luego, cuando llegó la Gürtel, se habló de que harían algún tipo de investigación o auditoría interna, y en pocos días aquello quedó en nada. Mariano Rajoy se autoconvenció de que, dado que él no sabía nada, él no era responsable de nada, y no pareció que a nadie le escandalizara que el PP no tuviera ningún protocolo interno de investigación. O que, al menos en 2009, al estallar el escándalo, Rajoy no encargara rápidamente una investigación interna para depurar responsabilidades de todos los salpicados. Se estableció la doctrina de: nadie sabe nada hasta que no salga en los telediarios y, cuando salga, tocará hacerse los sorprendidos y tirar de victimismo. "No sabíamos nada".

De igual modo, se ha asumido que toda la tropa de dirigentes socialistas, defendiendo a capa y espada a Santos Cerdán horas antes de su destitución y poniendo la mano en el fuego por él, hacía simplemente comentarios bienintencionados e ingenuos. Cuando, en cualquier empresa, se supone que, si alguien sale y dice "pongo la mano en el fuego por mi compañero", es que ha verificado ese buen hacer.

Los partidos del bipartidismo solían tener un "comité de conflictos" que, en teoría, debía investigar la porquería interna, pero enseguida quedó claro que era más bien un "control de daños" utilizado para ajustes de cuentas y que, si alguien de verdad quería que algún escándalo saliera a la luz, el último lugar al que debía acudir era a la denuncia interna, donde lo único que conseguiría sería que trataran de taparlo.

En lo único que tiene razón Pedro Sánchez es en la nula legitimidad de Núñez Feijóo para luchar contra la corrupción. Básicamente porque, a punto de cumplir cincuenta años de partitocracia en este país, ni un solo caso de corrupción ha procedido nunca de una investigación interna. Felipe González nunca se enteró de lo que hacía Luis Roldán con los fondos reservados, ni José María Aznar se enteró de las historias de Matas, ni Zapatero pareció interesarse por lo que pasaba con los ERE en Andalucía, como en Convergencia nadie sabía qué hacía Millet o en el PNV nadie preguntaba lo que hacía De Miguel. Ni siquiera en un tema como el de Paco Salazar sirvieron las investigaciones internas. El partido solo actuó una vez que Salazar ya era portada en todos los medios. O las distintas cúpulas de los grandes partidos en las últimas cuatro décadas son una panda de inútiles incapaces de detectar ni Filesas, ni Palma Arena, ni nada, o nos encontramos ante una profesionalización interesada del "no saber nada" como fórmula de protección.

Al menos Esperanza Aguirre reconoció su responsabilidad por no haber vigilado adecuadamente a Francisco Granados y a Ignacio González. Una disculpa que suena un tanto patética, pero ya es más de lo que han hecho todos los demás, porque al menos aquella lideresa aceptaba reconocer que una de las responsabilidades de quien dirige un equipo es supervisar la labor de las personas por las que ha apostado.

El modus operandi de los partidos no puede ser más desalentador. Cuando Pedro Sánchez se cargó a Tomás Gómez en 2015, sus capataces de entonces dieron a entender que se debía a una investigación interna sobre irregularidades en Parla. Enseguida, aquella se vio como una mala excusa ante lo que era más bien una fumigación de un enemigo político en un momento de debilidad y, a la hora de la verdad, el propio Pedro Sánchez justificó todo por un asunto de malas perspectivas electorales. Así que, de investigación interna contra la corrupción, nada de nada.

Y para qué hablar de Pablo Casado, que, cuando le llegó el tema de la labor empresarial del hermano de Díaz Ayuso en plena pandemia, en vez de abrir algún tipo de comisión de investigación interna para ver si había o no delito en aquello, lo guardó en el cajón y trató de usarlo como dosier para extorsionar a la presidenta y forzar su retirada, en una jugada que acabó con el resultado por todos conocido.

Siendo desesperante que los partidos no hayan creado ningún tipo de órgano de investigación interna en sus formaciones en los últimos cuarenta años, lo peor es que encima toleremos que presuman en pantalla de su contundencia, como acaba de hacer Sánchez, como hizo Rajoy presumiendo de su legislación anticorrupción o como hizo Aguirre. Dando por bueno que nos escupan en los ojos.

Como si Pedro Sánchez no entendiera que, en cualquier empresa que se respetara a sí misma, el mismo día que fue detenido Koldo García, en febrero de 2024, ese mismo día se hubiera ordenado una investigación interna y ese mismo día se debería haber auditado todo lo que hubieran podido hacer José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Y si no se hizo, las responsabilidades se limitan a dos: la del presidente, que no sintió que tuviera por qué hacerlo, y la de la ciudadanía (medios de comunicación incluidos), que han conseguido que no exista ningún tipo de demanda social de la existencia de estos mecanismos.

Todo debe quedar en manos de los tribunales de justicia y los medios de comunicación. Y, hasta que no salga mi camarada en pantalla siendo esposado por la Guardia Civil, yo no debo saber nada para que, llegado el caso, pueda decir: "Oh, qué sorpresa, me engañó", con una aureola sobre su cabeza. Y parece que todos lo hemos aceptado, porque no se oye a los de la oposición proponer nada a ese respecto. Así que tenemos lo que nos merecemos. Y así, otros cuarenta años de corrupción desvelada por filtraciones a medios y redadas policiales, bajo la repugnante rentabilidad que sacan los jefes políticos de no saber nada.