Zapatero pide anular la causa porque las pruebas que sustentan su imputación habrían vulnerado sus derechos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado la "nulidad general" de la causa en la que está investigado al considerar que el procedimiento se sustenta en pruebas que se habrían obtenido "vulnerando sus derechos fundamentales". En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso El Independiente, su defensa sostiene que la Fiscalía Anticorrupción habría accedido a conversaciones privadas de WhatsApp extraídas del disco duro de otro de los investigados —el abogado Miguel Palomero— "sin autorización judicial" y que sobre ese material se habría levantado el conjunto de la instrucción que desembocó en su imputación en mayo.

La petición se dirige al juez José Luis Calama, instructor del 'caso Plus Ultra', que investiga a Zapatero como presunto líder de una trama de influencias que habría favorecido la concesión del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea por parte del Gobierno en marzo de 2021. Según sostiene la defensa del expresidente, la obtención y posterior utilización de ese material habría afectado a sus garantías constitucionales, por lo que solicita que se declare su nulidad y se eliminen del procedimiento todos los elementos probatorios derivados de dichas actuaciones.

En concreto, el abogado de Zapatero, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, pide que se anulen 12 resoluciones judiciales y que se expulse del procedimiento la totalidad del material obtenido desde el origen de la investigación, incluidas las evidencias recogidas en los registros practicados en mayo de 2026 en la oficina del expresidente en Ferraz y en la empresa de sus hijas, Whathefav SL.

El disco duro que está en el origen

Todo arranca el 24 de octubre de 2024, cuando la Audiencia Nacional acordó ejecutar una serie de registros en Madrid en cumplimiento de las solicitudes de cooperación remitidas por Francia y Suiza. Entre el material intervenido se encontraban los archivos volcados del despacho y el domicilio particular del abogado Palomero, que fueron posteriormente copiados en un disco duro que se depositó en la caja fuerte de la Fiscalía Anticorrupción.

El debate se abre a partir del uso posterior de ese material. Según la defensa de Zapatero, la intervención se practicó en ejecución de una petición de la autoridad francesa y con una finalidad vinculada a procedimientos extranjeros, por lo que su reutilización en una investigación en España habría requerido una habilitación judicial específica que autorizara ese cambio de destino. Esa resolución no consta en la causa, según subryaa Moreno Catena.

A partir de ahí, la Fiscalía habría abierto diligencias preprocesales en 2025 para examinar el contenido del material intervenido, encargar informes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y construir una denuncia que terminó presentada en noviembre de 2025 ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

La defensa interpreta esa secuencia como el inicio de una "doble vía" de investigación: por un lado, el análisis del material digital intervenido; por otro, la continuidad de actuaciones pese a que el asunto ya había sido judicializado. En ese contexto, sostiene que no son admisibles las investigaciones paralelas y que, una vez que un procedimiento entra en sede judicial, el Ministerio Fiscal debe quedar sometido a la dirección del juez instructor.

Una denuncia canalizada en pieza separada

El escrito también cuestiona la forma en la que se articuló la denuncia que dio origen a la causa. Según la defensa, no se presentó como un reparto ordinario, sino que se instó la apertura de una pieza separada dentro de unas diligencias que ya habían sido archivadas en 2023. A juicio del letrado, esa decisión habría evitado el reparto "ordinario y condicionado" la asignación del órgano judicial competente. En su escrito, habla de una vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, al entender que la denuncia debía haberse distribuido por turno y no encauzarse en un juzgado concreto.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid se inhibió en favor de la Audiencia Nacional a finales de marzo de este año. El procedimiento fue asumido por el juez Calama desde el Juzgado Central de Instrucción número 2, ya que su titular, el magistrado Ismael Moreno, rechazó hacerse cargo de la investigación.

Nulidad en cadena

La defensa de Zapatero construye su impugnación sobre la idea de una nulidad encadenada. Si el análisis del disco duro no contaba con la cobertura judicial exigida, también quedaría afectado el informe policial elaborado a partir de ese material. Si ese informe cae, lo haría la denuncia que lo sustenta. Y con ella, el resto de actuaciones posteriores: registros, inhibiciones, reaperturas de diligencias, bloqueos patrimoniales y piezas separadas abiertas en el curso de la instrucción.

"Todas las evidencias obtenidas a partir de la denuncia guardan una conexión de antijuridicidad con su origen", resume el escrito. "Constituye un efecto de nulidades encadenadas hasta la última resolución de esta causa, pues sobre ese informe descansa la denuncia que da lugar a la incoación de este procedimiento", añade.