Dictadura en estado puro

La verdadera medida de un gobierno no se conoce en los discursos, sino en su respuesta frente a la tragedia. Cuando una catástrofe golpea a una población indefensa, el deber de las autoridades es proteger la vida, facilitar la ayuda y garantizar que cada recurso llegue con rapidez a quienes más lo necesitan. Cualquier acción que obstaculice ese objetivo merece el más severo cuestionamiento político y moral.

Las denuncias que han surgido en las últimas horas dibujan un panorama profundamente preocupante. Se habla de restricciones al paso de ciudadanos que intentan llevar alimentos, agua, medicinas y otros insumos; de procedimientos burocráticos que dificultan el ingreso de médicos voluntarios dispuestos a salvar vidas; de la intervención de autoridades para apropiarse de centros de acopio organizados por la propia sociedad civil; de limitaciones impuestas al trabajo de periodistas que buscan informar sobre la magnitud de la emergencia; e incluso de denuncias de saqueos a bienes pertenecientes a las víctimas en edificios colapsados.

Si estas denuncias resultan ciertas, no estaríamos simplemente ante errores administrativos o descoordinación institucional. Estaríamos frente a una forma de ejercer el poder que convierte una tragedia humana en un instrumento de control político. Y esa posibilidad debería estremecer a cualquier sociedad democrática.

Las emergencias exigen rapidez, cooperación y solidaridad. Cuando la prioridad deja de ser el rescate de personas para convertirse en el control de la información, la administración de la ayuda o la imposición de obstáculos burocráticos, las víctimas quedan relegadas a un segundo plano. En ese escenario, el sufrimiento deja de ser una consecuencia inevitable del desastre para convertirse en algo agravado por decisiones humanas.

El poder amplifica la tragedia humana cuando la prioridad no son las víctimas sino el control de la información

Especialmente alarmante resulta cualquier intento de impedir que la prensa documente lo que ocurre. La información libre no es un lujo; es una necesidad en medio de una crisis. Permite coordinar ayuda, denunciar abusos y mantener la rendición de cuentas. Silenciar a periodistas solo alimenta la desconfianza y favorece la impunidad.

También resulta imposible ignorar el papel que la sociedad civil ha asumido en momentos como este. Mientras miles de ciudadanos organizan colectas, transportan donaciones y ofrecen su trabajo de manera voluntaria, cualquier interferencia injustificada con esos esfuerzos envía un mensaje devastador: que el control político importa más que el alivio del sufrimiento humano.

Las tragedias ponen a prueba el carácter de una nación. Revelan quién está dispuesto a tender la mano y quién utiliza el dolor ajeno para consolidar poder. Ningún gobierno debería temer a la solidaridad espontánea de su pueblo. Al contrario, debería facilitarla, protegerla y agradecerla.

Hoy más que nunca, corresponde exigir transparencia, acceso irrestricto para la ayuda humanitaria, respeto al trabajo de periodistas y organizaciones independientes, y una investigación seria sobre todas las denuncias que han surgido. Las víctimas merecen algo más que discursos: merecen respuestas, justicia y la certeza de que ninguna consideración política estará por encima de su derecho a la vida y a recibir asistencia.

La historia juzga con dureza a quienes, teniendo la responsabilidad de proteger a su pueblo, eligieron anteponer otros intereses en el momento de mayor necesidad. Y también recuerda a quienes tuvieron el valor de denunciar, documentar y exigir que la dignidad humana nunca sea subordinada al poder.