Sin setenta mil voluntarios no hay chantaje

Una sentencia del Tribunal Supremo no fabrica setenta mil personas dispuestas a tirarse al agua. Las fabrica un país que crece con 2,9 millones de sus jóvenes fuera del empleo, los estudios y la formación.

Lo de Ceuta fue un aviso de Rabat y la fecha no era neutra: el 30 de julio, aniversario de la entronización de Mohamed VI, diez días después del viaje de Pedro Sánchez a Argel. Marruecos consolida entretanto su posición sobre el Sáhara, con el reconocimiento norteamericano desde 2020 y la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, que en octubre de 2025 consideró como desenlace más viable la autonomía bajo soberanía marroquí. Nada de esto prueba que existiera una orden. Todo desautoriza la palabra "mafias". Un socio capaz de abrir y cerrar el paso de decenas de miles de personas en unas horas no es un socio fiable.

Queda la otra mitad, de la que casi nadie habla. Una frontera solo funciona como arma si detrás hay una multitud dispuesta a cruzarla.

El último recuento oficial eleva a setenta y dos mil las entradas. Ceuta tiene 83.600 habitantes: recibió en unos días el equivalente al 86 % de su población. El 3 de agosto habían vuelto a Marruecos cerca de 70.000 personas y seguían en la ciudad unos 1.100 menores no acompañados, en centros saturados, en naves o en la calle. Se recuperaron 88 cadáveres en el lado español, de los cuales la Delegación del Gobierno atribuye 72 a la avalancha del 30 y el 31; Marruecos reconoce otros once en sus aguas. La crisis de 2021, que entonces pareció inconcebible, rondó las diez mil entradas. Esta la multiplicó por siete.

Un alto responsable marroquí explicó después que el reino mantiene 24.000 agentes en la costa norte y que en dos años impidió más de 150.000 intentos de cruce; añadió que Rabat avisó a Madrid los días 22 y 23 de julio. Son datos ofrecidos para exculparse y miden, sin querer, la capacidad ordinaria de control. Un aparato que detiene 150.000 intentos no se ve desbordado por un rumor. La diferencia no demuestra una orden. Exige una explicación.

Queda la otra mitad, de la que casi nadie habla. Una frontera solo funciona como arma si detrás hay una multitud dispuesta a cruzarla.

Tampoco la sentencia dice lo que se le ha hecho decir. Es la 814/2026, de 29 de junio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo resolvió que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que ampara el rechazo inmediato de quien salta los elementos físicos de contención de Ceuta o Melilla, no puede aplicarse a quien llega a nado, porque en el mar no ha superado ninguno. En esos casos procede la devolución del artículo 58.3, con resolución individual, asistencia letrada y posibilidad de pedir protección internacional. No concedió residencia, no abrió el paso a la Península, no prohibió devolver a nadie. Cerró un atajo administrativo ilegal. Tanto es así que el Gobierno instaló luego una barrera marítima de quinientos metros amparándose en la propia doctrina. Una lectura falsa del fallo pudo llenar autobuses y teléfonos. No llenó de desesperación a quienes subieron a ellos. Cuarenta y seis años en la judicatura me impiden aceptar que una resolución fabrique la voluntad de setenta mil personas. Una sentencia decide cómo devuelve el Estado. No explica por qué llegan.

La respuesta la publica el propio Estado marroquí. El 14 de abril, el Alto Comisionado de Planificación cifró en 2,9 millones los jóvenes de quince a veintinueve años que ni trabajan, ni estudian ni reciben formación, uno de cada tres. El 72% son mujeres y casi tres de cada cuatro carecen de titulación profesional. El Consejo Económico, Social y Medioambiental añadió el dato que hay que leer junto a las imágenes del Tarajal: el 55% de los jóvenes ha pensado alguna vez en emigrar. La encuesta laboral del 3 de agosto ofrece un titular tranquilizador: un paro del 9,5 %. Debajo está lo serio. Entre los quince y los veinticuatro años el desempleo llega al 27,2 %, solo el 16,6 % tiene un trabajo remunerado y la infrautilización laboral alcanza el 41,7 %. Las mujeres participan en el mercado de trabajo en un 18,1 %. Siete de cada diez jóvenes parados llevaban más de un año buscando empleo y el 73% no había trabajado nunca. No es una coyuntura. Es una generación esperando su primera oportunidad hasta que deja de esperarla dentro del país.

La sanidad repite la fotografía: 7,61 médicos por cada diez mil habitantes, unos 4,2 en la región de Agadir. En agosto de 2025 murieron ocho mujeres que habían acudido a una cesárea en el hospital público Hassan II. De ahí salió el movimiento GenZ212 y su consigna, "queremos hospitales, no solamente estadios". La comparación tenía cifras: alrededor de 1.400 millones de dólares en seis estadios y cerca de mil millones en el Hassan II de Casablanca, con 115.000 localidades. El régimen respondió con tres muertos, más de 2.400 procesados y 1.473 presos preventivos, y con un presupuesto que eleva a 140.000 millones de dírhams la dotación de sanidad y educación y anuncia 27.000 plazas públicas. Escuchó lo justo para subir la partida y reprimió lo bastante para dejar claro quién decide cómo se pide.

Nada de esto describe un país en ruinas. Marruecos es una de las historias industriales más serias de África. Tánger Med movió en 2025 11,1 millones de contenedores. Las exportaciones del automóvil alcanzaron 157.000 millones de dírhams y el sector emplea a 220.000 personas. La pobreza multidimensional bajó del 11,9 % en 2014 al 6,8 en 2024. El país crece al cuatro por ciento, fabrica coches y baterías, amplía la alta velocidad y prepara un Mundial. Por eso pesa tanto el éxodo. El que se tira al agua no huye de la ruina, huye de un crecimiento que no cuenta con él.

Mohamed VI lo admitió en el discurso del Trono de 2025: no debía haber un "Marruecos a dos velocidades". La primera va por el eje atlántico, con puertos, fábricas y estadios. La segunda empieza a la vista de Ceuta. Fnideq vivía de un comercio fronterizo irregular y abusivo que llegó a matar mujeres aplastadas bajo los fardos, y convenía cerrarlo. Se cerró en octubre de 2019 sin sustituirlo por nada. Hasta 9.000 porteadoras y 10.000 vehículos sacaban de allí sus ingresos y unos 500 millones de euros en mercancías cruzaban cada año desde Ceuta. En 2021 los hoteles de la ciudad habían perdido el 95% de su facturación. El contrabando no era un modelo de desarrollo; suprimirlo sin alternativa dejó a una población entera mirando hacia la frontera.

Hacen falta vías legales de movilidad laboral que separen a quien busca trabajo de quien compra una mentira en TikTok

El 23 de septiembre Marruecos elige a los 395 diputados de la Cámara de Representantes. El resultado obliga al rey a nombrar jefe de Gobierno a alguien del partido vencedor y no toca el centro del poder: la Constitución reserva al monarca el Consejo de Ministros, las orientaciones estratégicas y las líneas generales del presupuesto, los consejos superiores de Seguridad y del Poder Judicial, el mando de las Fuerzas Armadas y la firma de los tratados. No es una descalificación política. Es la arquitectura.

Europa lleva años pagando a esa arquitectura para que vigile su frontera. El Fondo Fiduciario comprometió 234 millones de euros entre 2015 y 2021, y en 2023 se aprobaron otros 152 para gestión fronteriza, retornos e integración. La cooperación salva vidas cuando funciona. El error consiste en confundir la compra de capacidad con la compra de lealtad. Europa financia agentes, vehículos y sistemas; el interruptor sigue en Rabat. Cada vez que se apaga unas horas, el proveedor demuestra cuánto vale su servicio y vuelve a la mesa con más fuerza. Hemos montado un sistema que puede acabar premiando el fracaso social del socio y la intermitencia de su vigilancia.

España debe exigir responsabilidades a Marruecos y también a sí misma. El Gobierno admitió que no previó la avalancha y que, con información, no habrían entrado cincuenta mil personas en veinticuatro horas. Rabat sostiene que avisó una semana antes. Las dos versiones no pueden ser ciertas a la vez. O Marruecos alertó y nuestros servicios no entendieron el aviso, o no alertó y se ha fabricado después una diligencia que no tuvo. Falta la explicación en ambos casos. Y habrá que revisar una política exterior que en marzo de 2022 cambió la posición española sobre el Sáhara, prometió en abril una relación nueva y tardó años en conseguir una apertura comercial mínima en Ceuta y Melilla.

La barrera marítima, los refuerzos y un procedimiento de devolución practicable son necesarios, pero no bastan. La próxima financiación europea debería ir atada a resultados públicos y verificables: empleo juvenil por regiones, abandono escolar, médicos por habitante, funcionamiento estable de la frontera y protocolos de alerta compartidos. Y hacen falta vías legales de movilidad laboral que separen a quien busca trabajo de quien compra una mentira en TikTok. España no puede arreglar Marruecos. Puede dejar de pagar por una opacidad que después la sorprende.

Fátima tiene veinticinco años y lo había intentado veinte veces desde Fnideq. El 30 de julio dijo a Efe: "No me importa el riesgo, volveré". Sus allegados confirmaron que esta vez llegó. Es uno de los 2,9 millones. No cruzó contra España, cruzó contra la vida que le esperaba si se quedaba. Rabat no necesita fabricar la multitud. Le basta con saber que está ahí y apartarse.