Veintiséis días de la crisis en Ceuta

No sabemos con exactitud qué han escrito este agosto las embajadas extranjeras en Madrid. El artículo 3 de la Convención de Viena les encomienda observar, por medios lícitos, lo que ocurre en el país receptor e informar a sus gobiernos. Los despachos diplomáticos son secretos; las hemerotecas, no. Sí sabemos qué llevan seis años publicando los medios extranjeros con corresponsales en España. Reuters, Associated Press, Financial Times, Le Monde, The Guardian o Sky News no forman un coro ni comparten ideología. Por eso importa su coincidencia. Desde 2020 vuelven sobre la misma pregunta: cuando llega una crisis grave, ¿quién manda en España y cuánto tarda en hacerlo?

Esos informes anotarán el crecimiento del 2,8 % y el desempleo por debajo del 10 %. Medirán después cuánto tarda el Estado en decidir. La pandemia dejó sanitarios sin protección, residencias desbordadas y una contabilidad de muertos cambiante. En La Palma, Reuters recogió quejas por el retraso de las ayudas y una sensación de abandono.

La dana valenciana mostró algo peor que una administración lenta: dos administraciones discutiendo sus competencias mientras la población buscaba a sus muertos. Sky News reconstruyó los avisos y la tardanza de la alerta. El apagón del 28 de abril de 2025 abrió informativos en medio mundo. Le Monde describió el desconcierto; las investigaciones posteriores señalaron deficiencias de control de tensión, planificación insuficiente y desconexiones en cascada. Descartada la hipótesis del ciberataque, quedaron los fallos estructurales.

Desde 2020 vuelven sobre la misma pregunta: cuando llega una crisis grave, ¿quién manda en España y cuánto tarda en hacerlo?

El 18 de enero de 2026 un tren de Iryo descarriló en Adamuz y chocó con un Alvia. Murieron cuarenta y seis personas. El Gobierno defendió que la línea cumplía todos los protocolos. Un informe de la Guardia Civil situó la rotura del carril casi veintidós horas antes y señaló una anomalía compatible que no produjo alerta. Adif discute esa conclusión. Lo decidirán los tribunales. Fuera de España quedó la imagen de una vía renovada, un sistema seguro y cuarenta y seis muertos.

Los corresponsales seguían también las causas que alcanzaban al entorno del presidente y la reacción del Ejecutivo. Los jueces que dictaban resoluciones incómodas eran acusados de hacer política o de practicar lawfare. El informe europeo sobre el Estado de derecho de 2026 recoge las críticas personales dirigidas a magistrados del Supremo y advierte de que erosionan la confianza en la justicia. Después llegó el intento de trasladar la investigación penal a los fiscales, reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y limitar la acusación popular. El modelo existe en otros países europeos; lo inquietante era el momento. Junts retiró su apoyo y la reforma perdió la mayoría. Para ocupar las instituciones bastan los nombramientos.

Y entonces llegó Ceuta. El 30 de julio decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos y desbordaron una ciudad de poco más de 80.000 habitantes. La prensa extranjera enumeró los muertos, los retornos, el despliegue del Ejército y la decisión de Italia de restablecer controles selectivos sobre viajeros de terceros países procedentes de España. La crisis había salido del terreno doméstico. Ya estaba en Schengen.

Pedro Sánchez pasó ciento cinco minutos en Ceuta el 31 de julio. Al día siguiente se instaló en La Mareta. El Gobierno sostuvo durante semanas que no hacía falta declarar la situación de interés para la seguridad nacional. Lo hizo el 25 de agosto y aprobó entonces el mando único. Veintiséis días. Una ministra afirmó que el CNI había avisado; otros dos ministros negaron que existiera tal aviso. Una de las dos versiones no puede ser verdad. Después se dirá que el sistema ha funcionado.

Una ministra afirmó que el CNI había avisado; otros dos ministros negaron que existiera tal aviso. Una de las dos versiones no puede ser verdad. Después se dirá que el sistema ha funcionado

Aquella misma tarde, centenares de ceutíes recorrieron el centro de la ciudad y la playa del Trampolín terminó en cargas policiales y gas pimienta, a la hora del reparto de comida de Cruz Roja, con unas cuatro mil personas en la zona. Al día siguiente, la segunda manifestación de la semana bajó hasta la arena, derribó tiendas de campaña y arrojó los enseres al mar entre gritos de «esta es nuestra playa». La Policía Nacional hizo disparos disuasorios. En la madrugada del 27, un grupo apedreó un vehículo militar: cuatro militares heridos, doce detenidos.

No sé qué palabra emplearán los embajadores. La diplomacia evita escribir «incompetencia absoluta». Prefiere «pérdida de capacidad operativa», «respuesta tardía» o «información oficial no fiable». La cronología le basta: Ceuta, el 30 de julio; visita presidencial, el 31; La Mareta, el 1 de agosto; mando único, el 25; primeras cargas en el Trampolín, esa misma noche. Veintiséis días.