Susana Díaz desconfía de Mariano Rajoy. En el PSOE andaluz se ha instalado el temor a que el presidente del PP rompa el entendimiento alcanzado a través de varios intermediarios para que no haya elecciones. La fórmula es una abstención del PSOE condicionada a la derogación de varias leyes y la puesta en marcha de varias reformas.

Con este objetivo se puso en marcha la operación de derribo de Pedro Sánchez, que no ha salido como estaba prevista. La resistencia del secretario general ha causado desazón en Moncloa, que no termina de ver una luz verde del PSOE a su Gobierno. De esta manera, si el Comité Federal del PSOE de este sábado no aprueba un pronunciamiento claro a favor de la abstención, el candidato del PP comunicará al Rey que no ha conseguido más apoyos para su investidura que los logrados a comienzos de septiembre.

En este contexto, el PSOE andaluz teme que Rajoy cambie de opinión y opte por forzar las elecciones para aprovechar el momento de debilidad del adversario. Podría hacerlo si exige a los socialistas algo más que un apoyo a su investidura, por ejemplo, un acuerdo presupuestario. El PSOE tendría más difícil todavía justificar su postura y el país podría verse abocado a las terceras elecciones. Los comicios se celebrarían con un PSOE abierto en canal y sin un líder claro. Susana Díaz tendría que presentarse como candidata y abandonar la Presidencia de la Junta, un extremo al que no quiere llegar hasta dentro de un año.

Si hay elecciones, el golpe para derribar a Sánchez habría sido una pésima operación

De haber elecciones, el golpe de mano para derribar a Pedro Sánchez y evitar que intentara formar un Gobierno alternativo habría sido una pésima operación. Además, el debate sobre la abstención podría afectar a destacados barones críticos que gobiernan gracias al apoyo de Podemos, y que podrían perder su respaldo por este motivo como ha ocurrido en Castilla la Mancha.

Por su parte, distintas fuentes gubernamentales han confirmando a El Independiente que, si hay opciones de investidura, el PP no forzará las elecciones. El entendimiento alcanzado se mantendría a pesar de que al PP le convendrían unos nuevos comicios, ya que sus encuestas internas le sitúan cerca de los 150 escaños. Además, la convocatoria electoral se produciría tras la “inyección moral” que ha supuesto para el partido la victoria electoral en Galicia y la crisis del PSOE justo cuando el partido comenzaba su calvario judicial, que está quedando en un segundo plano informativo.

Contactos PSOE-Gobierno

Como ya informó este periódico, José Luis Rodríguez Zapatero había hecho llegar al Ejecutivo que tras las elecciones vascas y gallegas “algo comenzaría a moverse en Ferraz”, lo que permitiría desbloquear la situación política para no ir a una nueva confrontación electoral, abriendo la puerta a la llamada abstención patriótica. Rodríguez Zapatero hizo estas consideraciones al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, con quien habla con frecuencia sobre la situación en Venezuela.

Zapatero es uno de los referentes del PSOE más próximos a Susana Díaz. De hecho, ella siempre se refiere a él como algo más que un compañero, como a un amigo personal y un espejo en el que mirarse. El contacto entre ambos es fluido y él siempre ha apoyado a la baronesa andaluza en su enfrentamiento con Pedro Sánchez, con el que también mantiene una pésima relación.

Pero el ex presidente no es el único intermediario entre Susana Díaz y Rajoy. Fuentes de Génova admiten que desde el verano les han llegado “mensajes” del PSOE andaluz instando a “desbloquear la situación”. En la sede del PP no daban mucho crédito a estas comunicaciones hasta el miércoles, cuando comenzó el derribo de Pedro Sánchez.

Además, la propia presidenta se ha reunido en las últimas semanas con destacados empresarios del IBEX-35 que la han sondeado sobre las exigencias de su partido para la abstención. Aunque Díaz siempre se ha mostrado extremadamente cauta en esos encuentros sobre si pediría un nuevo candidato para facilitar la abstención, sí ha dejado claro que ella tomaría el mando del PSOE para propiciarla y que incluso estaba dispuesta a presentarse a las elecciones si no lograba frenarlas.

El caso de la formación

Por otro lado, en los juzgados sevillanos empieza a extenderse la idea de que algunas decisiones de la Fiscalía Anticorrupción podrían formar parte del entendimiento entre el PP y el PSOE andaluz. Así lo explican fuentes judiciales, que destacan la coincidencia de la petición de archivo del caso de los cursos de formación con el debate interno en el PSOE sobre la abstención.

Este martes, la Fiscalía Anticorrupción pidió a la juez que investiga la macrocausa de los cursos de formación que dé carpetazo a la pieza política, la que afecta a 24 ex altos cargos de la Junta, al entender que la investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “no ha identificado la red clientelar” ni “la estructura de un plan preconcebido” por parte de la Junta de Andalucía para favorecer el enriquecimiento de empresas afines al PSOE.

Así lo defiende el fiscal en un escrito fechado el pasado 20 de septiembre, que dará pie a que la juez María Núñez Bolaños dicte un auto en los próximos días sobreseyendo esta pieza política que amenazaba con salpicar a la presidenta andaluza. De hecho, Susana Díaz se vio obligada a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el caso, dados los convenios que firmó con la UGT para compartir sedes de los cursos y por la aparición de su marido en el expediente clave de la investigación como trabajador de los cursos.

La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla  ya anticipó a finales de junio, justo en la recta final de la campaña electoral del 26-J, su intención de archivar la rama política del caso pese a que aún quedaban testigos relevantes por declarar y faltaba que se practicaran algunas diligencias a instancia de acusaciones.

Las fuentes señalan la discrepancia de la propia Fiscalía Anticorrupción para acusar a dos ex presidentes andaluces de prevaricación en la pieza política del caso de los ERE y ahora no detectar ningún indicio de ese mismo delito en el de la formación. La propia Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acusó a la Junta de Andalucía de “connivencia” con un entramado “sistemático y continuo” de desvío de fondos a centenares de empresas e intermediarios. La investigación policial cifró en 2.000 millones de euros la posible cuantía del fraude, que se situaba así muy por encima del caso de los ERE en volumen económico.