Podemos cierra filas en torno a Ramón Espinar. El candidato ‘oficialista’ a la secretaría general del partido en Madrid está en el ojo del huracán por la contradicción que supone denunciar la especulación inmobiliaria y haberse lucrado con la compra-venta de una vivienda de protección oficial en la que no llegó a vivir.

Dentro de Podemos se reconoce esa incoherencia, aunque pesa mucho más el cierre de filas que provoca cualquier crítica mediática a la organización. Lejos de desgastar su figura, la controversia puede acabar consolidando a Espinar, e incluso beneficiándole en las primarias, según temen los sectores críticos del partido.

El caso ha permitido al aparato del partido lanzarse en apoyo del candidato

De hecho, las informaciones sobre la vivienda de Espinar han servido a la dirección de Podemos a lanzarse públicamente en su apoyo, a pesar de que el aparato debe mantenerse neutro en pleno proceso de primarias.

A Pablo Iglesias le han seguido Íñigo Errejón, Irene Montero y Tania Sánchez, que forma parte de la candidatura alternativa de Rita Maestre en las primarias madrileñas. Todos ellos han repetido un argumentario que, en esta ocasión, sí que comparten: acusan al grupo Prisa de intentar influir en el proceso interno con informaciones delicadas y destacan el hecho de que, Espinar, a diferencia de otros políticos de otros partidos, saliera inmediatamente a dar explicaciones públicas.

Han decidido que Espinar es mi candidato y por eso le atacan», asegura Iglesias

«Han decidido que Ramón Espinar es mi candidato y por eso le atacan, para hacerme daño, como antes hacían con Tania Sánchez», ha explicado este jueves Iglesias en el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta. El secretario general de Podemos, que ha insistido en su neutralidad en el proceso de primarias, ha asegurado que la operación inmobiliaria de Espinar no es reprobable éticamente, ya que vendió la casa a precio público porque no podía pagarla.

Iglesias ha insistido en que el objetivo de estas informaciones es influir en el proceso de primarias y que no puede «concebir» que la filtración del caso haya podido salir de las propias filas de Podemos. «Si fuera así, esas personas deberían salir inmediatamente de Podemos», ha sentenciado.

La única voz crítica

La única voz crítica en este sentido es la del portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, que ha reconocido este jueves que el caso «perjudica mucho» al proyecto de la formación. En cambio, López no cree que tenga repercusión en las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid, en las que Espinar encabeza una de las candidaturas, ya que en este caso «es la gente la que tiene que decidir».

Espinar compareció el miércoles ante la prensa defender su actuación en la operación de compra-venta de una vivienda protegida en la localidad madrileña de Alcobendas, por la que había conseguido una ganancia de 20.000 euros a pesar de que nunca residió en ella.

El partido confía en sus explicaciones

De momento, Podemos confía en estas explicaciones y no se plantea sustituir a su portavoz en el Senado. Preguntado sobre si el diputado regional debería dimitir por estos hechos, López ha considerado que «es una decisión personal». «No hay que precipitarse, aquí estamos trabajando bien, los tiempos mediáticos son unos pero los tiempos políticos son otros», ha apuntado.

Los cargos de Espinar peligrarían si se demostrase un trato de favor

El cierre de filas en torno al candidato podría verse amenazado si, finalmente, se demuestra que Espinar pudo tener algún tipo de trato de favor a la hora de recibir la concesión de la vivienda.

Cuando se desarrolló la promoción de viviendas, el alcalde de Alcobendas era el socialista José Caballero, que dirigió las riendas de este ayuntamiento durante 24 años (1983-2007). El padre del hoy senador de Podemos, Ramón Espinar  Gallego, coincidió durante años en el consejo de administración de Caja Madrid con José Caballero. Se da la circunstancia de que ambos fueron investigados por el Juzgado Central 4 de la Audiencia Nacional por el uso de las tarjetas black, si bien finalmente las actuaciones contra el ex alcalde de Alcobendas quedaron archivadas por prescripción del delito. No corrió la misma suerte Ramón Espinar padre, que ha sido procesado en esta causa y para el que el fiscal pide una pena de cuatro años de prisión por haber cargado a su tarjeta opaca 178.399,95 euros entre el 5 de enero de 2003 y el 18 de abril de 2010.