Mariano Rajoy dispone de dos instrumentos para intentar forzar que la actual legislatura transcurra por cauces más o menos controlables. Si uno de ellos es la amenaza de convocar unas nuevas elecciones generales, el otro es el Senado, esa Cámara siempre preterida donde el PP dispone de una comodísima mayoría absoluta desde la que hacer oposición a la oposición. Con 146 parlamentarios en el Grupo Popular de los 264 que la componen, esto es, trece senadores por encima de la mayoría absoluta, los populares disponen de cierto margen de maniobra para forzar debates indeseados para los partidos de la oposición, aunque sus competencias efectivas son bastante limitadas.

El Grupo Popular puede promover, y ganar, la formación de comisiones de investigación parlamentaria, por mandato del Ejecutivo o si cuenta con la colaboración de algún senador de otro Grupo, que bien podría ser del Mixto. El artículo 59 del Reglamento de Senado señala que «a propuesta del Gobierno o de veinticinco senadores que no pertenezcan al mismo Grupo parlamentario, podrá establecer Comisiones de Investigación o Especiales para realizar encuestas o estudios sobre cualquier asunto de interés público».

Si recibe presión en el Congreso, el PP puede activar una comisión de los Eres en el Senado

Si bien el PP no cuenta con mayoría en el Congreso de los Diputados, por lo que, de unirse la oposición, no frenará la constitución comisiones de investigación, «podemos promover una en el Senado, o bien el Grupo Popular echar mano de algún parlamentario del Mixto». No tiene que ser necesariamente la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. En este grupo se sientan además dos senadores cuyos partidos fueron en coalición con el PP, esto es, la representante del Foro Asturias, Rosa María Domínguez, y el de UPN, Francisco Javier Yanguas, amén de los dos senadores de Coalición Canaria, Mar del Pino Julios y Pablo Rodríguez. Cumplirían así los populares el criterio de sumar más de un grupo parlamentario.

«Si nos tocan mucho las narices en el Congreso, a lo mejor se nos ocurre pedir una comisión de investigación de los Eres en el Senado», aventura un destacado miembro de la dirección del Grupo en el Congreso en alusión al caso de corrupción que afecta a los socialistas andaluces y por el que están procesados los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Pero quieran o no, va a ser inevitable la puesta en marcha de comisiones de investigación en el Congreso. De hecho, ayer se puso en marcha una que, presidida por el diputado de Ciudadanos Toni Cantó, está destinada a realizar una «auditoría de la calidad democrática», para abordar «las reformas institucionales y legales» necesarias para luchar contra la corrupción, en la misma línea que la que funciona en la Comunidad de Madrid.

Ciudadanos considera prioritaria la investigación de la «supuesta financiación ilegal del PP»

Y más concretamente, el pacto firmado entre el PP y la formación de Albert Rivera contiene en su punto 98 impulsar la creación de una comisión parlamentaria de investigación «sobre la supuesta financiación ilegal del PP, que permita esclarecer las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en el futuro». Para Ciudadanos es prioritaria.

Pero no solo. Porque el pasado 27 de septiembre el pleno del Congreso aprobó, con el apoyo de la oposición, constituir una comisión de investigación sobre si ha habido o no una «policía política» destinada a frenar el proceso independentista catalán, con el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el ojo del huracán. Si se hubiera ido a nuevas elecciones, la petición hubiera decaído, pero no ha sido el caso. La investidura de Rajoy da carta de naturaleza a la petición. En definitiva, podría tratarse de una legislatura llena de comisiones de investigación después de cinco años en los que no ha habido ninguna. La preocupación del PP al respecto no es menor y el uso de la Cámara Alta pretende desactivar más tentaciones.

Otra opción es alargar plazos de tramitación e impedir una reforma constitucional

El Senado puede también alargar los plazos de tramitación de las proposiciones de Ley como Cámara de segunda lectura, aunque no impedir su aprobación definitiva. Sí tiene potestad, en cambio, para bloquear cualquier reforma constitucional. En este caso, la decisión es vinculante. Sin ninguna duda, los populares están dispuestos a usar esta Cámara como contrapeso del Congreso si las cosas se ponen difíciles.

De la otra amenaza, la electoral, no parece que convenga a nadie más que a Rajoy. Los datos del último CIS confirman que sólo el PP se beneficiaría claramente de acudir de nuevo a las urnas. Eso puede procurar al presidente del Gobierno una legislatura más cómoda. «El PSOE no puede ir a comicios en sus actuales condiciones. Se hunde electoralmente y hay sorpasso por parte de Podemos. No puede poner las cosas muy difíciles a Rajoy», arguyen desde el PP.