El comisario ya jubilado José Manuel Villarejo asegura estar recibiendo presiones de la «cúpula policial» para que no acuda a declarar como testigo en la causa abierta en un juzgado andorrano tras la querella presentada el pasado 18 de octubre por los ex copresidentes de Banca Privada de Andorra (BPA) Higini y Ramón Cierco contra dos agentes españoles por coaccionar supuestamente a directivos de esta entidad financiera para lograr información de las cuentas de la familia Pujol en el Principado.

La sección de Instrucción 2 de los juzgados de Andorra ha citado a Villarejo la primera semana de julio para que comparezca en calidad de testigo a fin de ratificar el contenido de cuatro notas informativas de carácter reservado redactadas por él entre el 1 de julio de 2014 y el 20 de enero de 2015 -adjuntadas con la querella presentada por los Cierco- y en las que acusaba al ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín-Blas de presionar al ex consejero delegado de BPA Joan Pau Miquel para que le proporcionase «toda la información concerniente a la familia Pujol» bajo la amenaza de forzar el cierre del banco si no accedía a esta petición. Martín-Blas es una de las dos personas contra las que se han querellado los ex accionistas mayoritarios del banco andorrano junto a Celestino Barroso, antiguo agregado de Interior en la Embajada de España en el país vecino.

«Voy a ir a Andorra y voy a decir la verdad. Voy a ratificarme en lo que dije en mis notas informativas», asegura a este periódico Villarejo, que ya se atribuyó la autoría de los documentos en los que Cierco sustenta en gran medida su querella en un acta de manifestaciones otorgada el 26 de septiembre de 2016 ante el notario de Madrid José Manuel Senante Romero. En aquel acto, el comisario retirado mostraba su voluntad de ponerse «a disposición de las autoridades judiciales andorranas y españolas» para ofrecer su colaboración si así lo requirieran, lo que dio pie a que Cierco solicitara su testifical.

El ex presidente de BPA se querelló contra dos policías por coacciones para obtener información bancaria del clan Pujol

Villarejo mantiene una vieja enemistad con Martín-Blas desde que intentó implicarlo a él y a su hijo en el caso Gao Ping, posteriomente acrecentada con motivo de la instrucción del caso del pequeño Nicolás. El segundo, que ha liderado hasta su jubilación el pasado mes de abril la comisión judicial que lleva a cabo las pesquisas relacionadas con la grabación de la reunión mantenida entre funcionarios policiales y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en octubre 2014 en el marco de una pieza separada en la que está imputado el primero, identificó falsamente a Villarejo en un informe enviado al juzgado como la persona que aparecía con Francisco Nicolás Gómez Iglesias (el Pequeño Nicolás) en el Parque del Canal.

El procedimiento penal que se instruye en Andorra trata de determinar si, fruto de esa supuesta coacción, responsables de BPA proporcionaron a las autoridades judiciales el pantallazo que demostraba que la esposa del ex president, Marta Ferrusola, y cuatro hijos -Marta, Mireia, Pere y Oleguer- eran titulares de cuentas bancarias en dicha entidad y que realizaron once ingresos por 3,4 millones de euros entre el 9 de diciembre de 2010 y el 4 de enero de 2011.

En las citadas notas internas, José Manuel Villarejo se desvincula de las actividades que miembros de la Unidad de Asuntos Internos «podrían estar realizando a partir de los datos que se aportaron sobre el clan Pujol gracias al testimonio de sus colaboradores» y detalla cómo Martín-Blas habría presionado al ex consejero delegado de BPA para que le facilitara la información sobre la familia del ex presidente de la Generalitat de Cataluña.

El comisario ya jubilado ha sido citado como testigo a principios de julio: «Voy a ir a Andorra y a decir toda la verdad»

«(…) Marcelino Martín-Blas presionó a Joan Pau Miquel a que entregara los datos requeridos y cuando éste se dio cuenta de que la comisión rogatoria que le mostraba era falsa aceptó colaborar a cambio de una muy significativa cantidad, procedente de fondos reservados en efectivo (500.000 euros), que le sería entregada en España, por acuerdo de ambos, ya que el delito de revelación de secretos bancarios sólo existe y por tanto se persigue penalmente en Andorra», expone Villarejo en una nota fechada el 4 de julio de 2014.

Según el comisario ya jubilado, Martín-Blas ya habría entregado un adelanto del dinero -50.000 euros- a cambio de «una serie de apuntes sobre movimientos bancarios realizados por algunos de los miembros del clan Pujol». El 18 de junio de aquel año, en un encuentro que se llevó a cabo en el hotel Villamagna de Madrid, el ex directivo «recibió el resto del dinero pactado» en una cita llevada a cabo en el mismo escenario 12 días antes «contra entrega del resto de los datos pendientes».

En el mismo escrito, Villarejo ya advertía de la posible comisión de un delito que podía provocar un «grave conflicto diplomático en un país amigo y aliado como es Andorra» y alertaba de que no constaba «en causa judicial alguna» ninguno de los datos proporcionados por Joan Pau Miquel al ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos y «por los que se abonó tan sustanciosa cantidad de fondos reservados que a buen seguro fueron facilitados por el CNI [Centro Nacional de Inteligencia]. «Resulta por tanto preocupante que el responsable de una conducta tan grave sea el mismo que custodie unos datos, sin informar de ellos no sólo a sus jefes naturales sino a la autoridad judicial que entiende de estos asuntos», añadía.

Villarejo asegura que se pagó medio millón a un ex directivo del banco andorrano a cambio de suministrar datos

En la nota con fecha de 21 de diciembre de 2014, el comisario ya retirado censuraba duramente que Martín-Blas se centrara en los movimientos económicos de los Pujol en las cuentas del BPA e «ignorara» las operaciones que habrían realizado en el Andbank, a pesar de que los datos que confirmaban que el patrimonio del ex president y su familia estaba oculto en el Principado los había obtenido de esta entidad financiera.

Villarejo consideraba imprescindible que se verificaran las transferencias económicas de los Pujol facilitadas por un colaborador andorrano a través de un apartado de correos madrileño con el nombre operativo de Luis Rustarazu García, al existir «una gran diferencia entre los cuatro millones y medio detectados en el BPA y los casi 2.000 que se habrían blanqueado desde la entidad que MMB [Marcelino Martín-Blas] parece ahora proteger».

Entre otros movimientos, detalla un cambio de moneda por 2,95 millones de euros realizado el 24 de enero de 1997, una transferencia de nueve millones de euros a la firma Formica Ltd de Vaduz (Liechtenstein) y otra de 1,35 millones de dólares estadounidenses «realizada por Jordi Pujol Ferrusola» a la firma LF Or Luck Company Ltd con sede en La Valeta (Malta). De esas cantidades, prosigue el comisario jubilado, habrían salido los seis millones de euros supuestamente pagados al entonces primer ministro de Letonia, Valdis Dombrovskis, a cambio de que reconociera el derecho de autodeterminación de Cataluña.

Desprecio a datos «de gran valor»

En los escritos, José Manuel Villarejo expone varios motivos que explicarían por qué Martín-Blas se negó a investigar las transferencias en el Andbank. De un lado, que el policía «posiblemente había ya adelantado una importante cantidad de dinero de fondos reservados» a un alto directivo de BPA a cambio de información sobre las cuentas de los Pujol. Y, de otro, por «interés» del CNI, «ya que la CIA así se lo habría trasladado a colegas españoles al detectarse en el banco de Higini Cierco una serie de movimientos de origen venezolano de interés para los americanos».

«Con ello, algunos responsables del CNI negociarían con el propio Pujol ayudarle a cambio de que no revelara las relaciones de altas personalidades del Estado Español con la cuenta Soleado, manejada por Arturo Fasana, de la que actualmente se siguen actuaciones judiciales en el sumario Gürtel«, desvela el comisario ya retirado. Según éste, Martín-Blas «benefició» la situación judicial de los Pujol al despreciar datos «de gran importancia» y de «gran valor probatorio».

Villarejo censura que datos relativos a investigaciones policiales en las que se venía trabajando desde 2012 «fueron no sólo ignorados sino sistemáticamente boicoteados gracias al apoyo del DGP [en alusión a Ignacio Cosidó, máximo responsable de la Policía Nacional en la anterior legislatura] y sin duda a la pasividad del Director Adjunto Operativo (DAO) [entonces Eugenio Pino] que posiblemente por su probada lealtad institucional lo permitió». Villarejo se mostraba dispuesto a «llegar hasta el final» y a asumir eventuales responsabilidades penales por las acciones realizadas en su día con Martín-Blas a las «órdenes del DAO».