La cita es a las 12 horas en el Palacio barcelonés de Pedralbes y será tensa con toda seguridad. A tres días del 1-O, el Ministerio del Interior plantará cara este jueves al Govern catalán durante la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña -convocada de forma unilateral 24 horas antes por Carles Puigdemont y sin que se consensuara previamente el orden del día- en la que se tratará la coordinación del dispositivo policial para impedir la preparación y celebración del referéndum de autodeterminación, como han ordenado jueces y fiscales.

El encuentro se produce en un momento crítico, no sólo por la cercanía de la consulta ilegal que el Gobierno autonómico insiste en celebrar este domingo pese a ser suspendido por el Tribunal Constitucional sino por la decisión del Ejecutivo de Puigdemont de rebelarse ante la decisión del fiscal superior de Cataluña de que sea un alto mando de Interior -el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos– el que asuma la coordinación de los tres cuerpos policiales para desbaratar la preparación del referéndum e intervenir todos los efectos electorales para el 1-O. «No se va a la reunión a Barcelona precisamente en plan de rendición», resume una fuente que pide anonimato.

La máxima representación de Interior correrá a cargo del secretario de Estado de Seguridad y número dos del departamento, José Antonio Nieto. Éste estará acompañado por Pérez de los Cobos; el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el secretario general técnico del Ministerio, Juan Antonio Puigserver. Por parte del Govern, se da por segura la asistencia de Puigdemont, presidente de la Junta de Seguridad en su condición de jefe del Ejecutivo; y el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero. La ley determina que ambas administraciones tienen el mismo número de miembros en este órgano.

Interior envía a la reunión a Nieto, Pérez de los Cobos, el delegado del Gobierno en Cataluña y otro alto cargo ministerial

Nieto hará ver que Interior se limita a cumplir la órdenes de jueces y fiscales, entre ellas la decisión de que sea el alto cargo que depende de su Secretaría de Estado el que dirija la coordinación entre Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional. Previsiblemente, el Govern insistirá en que disponen de un «plan de actuación» para cumplir las órdenes del Ministerio Público y por ello es injustificado que se les aparte de la coordinación del dispositivo.

Mientras se dirigía de Madrid a Barcelona para asistir a la reunión junto a Pérez de los Cobos, el número dos del Ministerio del Interior ha difundido un tuit en el que dice que acude a la cita por «responsabilidad» y «ánimo constructivo». «Sólo respetando la Ley hay democracia y se evitan conflictos», sostiene.

El Gobierno catalán esgrimirá otro argumento que ya ha anticipado el máximo responsable operativo de la Policía de la Generalitat en un escrito en el que pedía aclaraciones al fiscal superior sobre la aplicación de la instrucción de precintar los centros designados como puntos de votación. En opinión de Trapero, la «estricta aplicación» de esta medida «podría comportar unas consecuencias no deseadas para nadie en relación a la seguridad ciudadana y el más que previsible riesgo de alteraciones de orden público que se puedan derivar».

Lejos de aceptar al coordinador policial designado por el Ministerio Público, el Govern ha convocado la Junta de Seguridad en un intento de seguir teniendo el control absoluto sobre los Mossos d’Esquadra. La reunión tendrá lugar dos días después de que Josep Lluis Trapero plantara a Pérez de los Cobos en el primer encuentro convocado por éste al mandar a su número dos, el comisario Ferrán López.

El encuentro se produce dos días después de que Trapero plantara al coordinador policial designado por el fiscal

En su artículo 50.2, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que la Junta de Seguridad es «el órgano competente para resolver las incidencias que pudieran surgir en la colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de la Comunidad Autónoma». Interior entiende que no procede que la coordinación se dirima en este órgano al estar el caso ya judicializado. Y aceptar el planteamiento de la Generalitat sería «poner en cuestión» la instrucción del fiscal superior de Cataluña.

La misma normativa detalla nítidamente quién lidera el dispositivo en caso de un operativo conjunto: «Cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, simultáneamente, miembros o unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía de la Comunidad Autónoma, serán los Mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación», precisa la citada ley en su artículo 46.2.

Refrendo del TSJ catalán

¿Y qué mando en concreto? La persona que se encuentra al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Así lo estipula el real decreto de 28 de julio de 2017 por el que se desarrolla la nueva estructura orgánica del Ministerio del Interior, tras la decisión de Juan Ignacio Zoido de eliminar el mando único tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional y repartir la responsabilidad operativa. Entre las funciones del director del Gabinete de Coordinación y Estudios de Interior está la de «ejercer la coordinación de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera».

La decisión de fiscal José María Romero de Tejada de entregar la coordinación policial a Interior ha encontrado el refrendo de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que, en el auto dictado este miércoles por el que asume la actuación que había iniciado el fiscal y prohíbe el uso de los locales públicos, ha defendido esta medida «para el buen funcionamiento» de la actuación conjunta y que sea posible el «estricto cumplimiento» de sus órdenes.

La Junta de Seguridad de Cataluña celebró su última sesión el pasado 10 de julio y sirvió para que Gobierno y Generalitat acordaran que los Mossos participaran en el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo (CITCO) y la Mesa de Evaluación de la amenaza terrorista.