El Ministerio del Interior mantendrá el refuerzo policial en Cataluña al menos hasta el 21 de diciembre, día en que se celebrarán las elecciones autonómicas del que saldrá el próximo Parlament tras la aplicación del artículo 155. Ello explica que la Comisión Interministerial de Retribuciones, a propuesta de la Secretaría de Estado de Interior, haya ampliado hasta el 31 de diciembre el periodo en el que estará vigente el incremento de la cuantía de las dietas a abonar a los policías nacionales y guardias civiles desplegados en dicha comunidad desde antes del 1-O.

El plan inicial era que la Operación Copérnico se desarrollara entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, ante el convencimiento de que no habría urnas y por tanto no podría haber declaración unilateral de independencia. Finalmente sí se llevó a cabo la consulta ilegal el 1 de octubre, lo que dio pie a que la mayoría independentista del Parlament votara el pasado viernes a favor de la ruptura con España para proclamar la república catalana.

Fuentes policiales consultadas por este periódico confirman que, frente a la idea inicial, el operativo se alargará hasta el 21 de diciembre, si bien previsiblemente algunas unidades se replegarán a sus bases y se reducirá la intensidad del despliegue. Ello lo irán determinando los acontecimientos.

El Gobierno amplía hasta final de año la vigencia del incremento de la cuantía de las dietas a policías y guardias civiles

Interior ha eludido confirmar «por razones de seguridad» el número exacto de funcionarios movilizado ante el desafío independentista, pero las estimaciones ofrecidas por las fuentes de ambos cuerpos cifran el refuerzo en no menos de 4.500 personas. Éstos se suman a los más de 6.000 agentes destinados en esta comunidad, lo que significa que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mantienen desde semanas antes del 1-O más de 10.000 agentes en esta comunidad.

Este despliegue extraordinario está suponiendo un elevado gasto para el Ministerio del Interior, cifrado inicialmente -como informó El Independiente el pasado 2 de octubre- en 31.776.643,41 euros. De esta cantidad, 20,43 millones correspondían a la productividad que se está abonando tanto a los policías nacionales (11,23 millones) como a los guardias civiles (9,20 millones) como complemento a sus sueldos.

Ese montante aumentará de forma considerable al haberse ampliado la duración del dispositivo especial, después de que los promotores del referéndum lograran que se celebrara la consulta ilegal y ante la amenaza de que pudieran declarar unilateralmente la independencia, como así ocurrió el pasado 27 de octubre. Según se ha determinado, todos los agentes que participen en la Operación Copérnico percibirán, como servicio extraordinario, el importe correspondiente por cada uno de los días que esté comisionado en Cataluña. La cuantía diaria está determinada por el tipo de alojamiento.

Interior había cifrado en más de 31,77 millones el coste del despliegue, que inicialmente se iba a mantener tan sólo hasta días después del 1-O

La concesión de indemnizaciones por razón de servicio está regulada en el real decreto 462/2002 de 24 de mayo, en el que se detalla quién tiene derecho a percibir dietas y su cuantía. En el caso de los policías nacionales y guardias civiles, englobados en el grupo 3 junto al personal militar de las Fuerzas Armadas, se estableció que le correspondían 44,47 euros en concepto de alojamiento y 27,65 por manutención. Estas cantidades se actualizaron en diciembre de 2005 mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, sin que se hayan revisado desde entonces.

A propuesta del Ministerio del Interior, la Comisión Interministerial de Retribuciones acordó el pasado 19 de septiembre con «carácter excepcional» elevar la cuantía de las dietas por alojamiento y manutención de forma «excepcional» con motivo del despliegue policial en Cataluña para hacer frente al desafío independentista. En concreto, la dieta de alojamiento pasaba a oscilar entre los 130 y los 150 euros –dependiendo de si la reserva se gestiona de forma individualizada o centralizada- y la de manutención queda establecida en 37,40 euros.

Ese acuerdo surtía efectos inicialmente desde el 12 de septiembre –un día después de la Diada, cuando ya habían sido desplazado efectivos– hasta finales de octubre, si bien la Secretaría de Estado de Seguridad dejó abierta la puerta a que se pudiera prorrogar mientras persistieran  los motivos que le había llevado a proponer un aumento de las cantidades.

La Dirección de la Policía empieza a conceder permisos a los agentes movilizados, muchos de los cuales llevan ya 40 días fuera de sus casas

En su reunión del pasado 20 de octubre, la Comisión Interministerial de Retribuciones acordó extender la vigencia del acuerdo alcanzado el pasado 19 de septiembre hasta el próximo 31 de diciembre si subsisten «los motivos que se invocaron en la memoria justificativa presentada por el Ministerio del Interior».

Fuentes sindicales dijeron a este periódico que la Dirección de la Policía está empezando a conceder permisos a los agentes, dado que muchos llevan más de 40 días fuera de sus casas. «Están permitiendo ir a cinco funcionarios de cada grupo (integrado por unos 50 policías) por un periodo de cinco días, incluyendo los viaje a de ida y vuelta. Les están obligando a utilizar una orden de viaje desde la Jefatura Superior de Cataluña hasta su base y regreso obligatorio desde su base de nuevo a la Jefatura Superior de Cataluña, sin posibilidad de poder irse a otra localidad si no es pasando por su base», censuran las fuentes consultadas.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no entiende que no se puedan realizar «pequeños relevos» para poder ir marchando a sus casas escalonadamente. «Al margen del factor humano que hay bajo todo uniforme, las situaciones de tensión a las que se ven sometidos requieren una desconexión momentánea por el bien del servicio que se presta y de la propia convivencia dentro de las unidades», defiende esta organización profesional.

Quejas por los barcos

No es la única crítica que formulan los agentes desplazados a Cataluña. La más reiterada es la relativa a las deficientes condiciones de algunos de los barcos en los que han sido alojados, especialmente el Moby Dada -decorado exteriormente con un dibujo de ‘Piolín’ y atracado en el puerto de Barcelona- y el Azzurro, fondeado en el de Tarragona. Las quejas hacen referencia sobre todo a la comida que se sirve a bordo y al servicio de lavandería.

«Las instalaciones, las comidas, las zonas de ocio y de pernocte son muy mejorables en diversos aspectos de comodidad y limpieza. Si no hay infraestructura propia o de las empresas solicitamos que se trasladen unidades militares de logística para atender cuestiones tan básicas como comida, limpieza de ropa, instalaciones de ocio…», plantea la AUGC, que advierte de que, de no atenderse sus reivindicaciones, no descartan secundar alguna medida de presión.

Los sindicatos con representación en la Policía Nacional están trasladando desde hace semanas el descontento de los agentes por las condiciones que están soportando al Ministerio del Interior, que estaría estudiando la posibilidad de trasladar a parte de los funcionarios que se hospedan en barcos a hoteles catalanes.