Política

La huida de Puigdemont frustró el plan de Gobierno y PSOE para retrasar detenciones

Mariano Rajoy recibe a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

Mariano Rajoy recibe a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. EP

«Hay una tradición no escrita en la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde los tiempos de Enrique Ruiz Vadillo que dice que un proceso electoral paraliza la acción de la Justicia». El Gobierno y el PSOE se aferraron a esa costumbre cuando pactaron convocar elecciones en Cataluña paralelamente a la activación del artículo 155 de la Constitución. Tanto fuentes del Ejecutivo como del PSOE admiten que daban por hecho que los comicios enfriarían la acción de la Justicia, pero no fue así. ¿Qué salió mal?

«Al fugarse Puigdemont, la Justicia se vio obligada a actuar», explican las fuentes, que admiten ‘mensajes’ trasladados por ambas partes al estamento judicial para intentar reducir el tono duro marcado por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, con su querella por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos presentada el pasado día 30 contra el Gobierno de Carles Puigdemont y los integrantes de la Mesa del Parlament que votaron a favor de la tramitación de la iniciativa que dio pie a la votación de la declaración unilateral de independencia.

La actuación del Tribunal Supremo que instruye la causa contra la Mesa del Parlament ofrece buenas noticias para PP y PSOE. El juez Pablo Llarena ha hecho caso omiso a la petición de la Fiscalía y acordó que la ex presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, pueda eludir la prisión depositando una fianza de 150.000 euros. Al resto de miembros de la Mesa les ha decretado libertad bajo fianza.

Los dos principales partidos aspiran a reducir la tensión durante la precampaña y la campaña electoral de las catalanas del 21-D, en un intento de que la situación empiece a normalizarse tras la tensión provocada por el independentismo al desafiar el Estado de Derecho con su intento de desconectar de España y proclamar una república en Cataluña. «La Justicia puede citar y luego suspender los procedimientos», explican, confiados en que la eventual excarcelación de los miembros del Govern facilite la normalidad en el proceso electoral.

La coincidencia de los argumentos del Gobierno y del PSOE no es casual. Ambos recuerdan que la entrada en prisión del ex ministro socialista José Barrionuevo y de su número dos, Rafael Vera, por el caso GAL se produjo precisamente después de las elecciones vascas de 2001. El Tribunal Supremo acordó el reingreso en prisión de ambos para terminar de cumplir sus condenas por el secuestro de Segundo Marey el 16 de mayo de 2001. Los comicios autonómicos se celebraron tres días antes.

«La Sala dejó transcurrir los comicios vascos en una prudente actitud de no interferir en la campaña electoral», señalan las crónicas periodísticas de entonces. Pero existe otro precedente más cercano, también con elecciones autonómicas de por medio. Se trata del ‘caso ERE’, por el que a partir del próximo 13 de diciembre se sentarán en el banquillo de los acusados los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otra veintena de ex altos cargos de la Administración autonómica.

Gobierno y PSOE confiaban en la tradición no escrita de que un proceso electoral paraliza la acción de la Justicia cuando pactaron la convocatoria de comicios

También en esa situación, el Supremo optó por paralizar su actuación durante la campaña electoral. El 13 de noviembre de 2014, la Sala de lo Penal se declaró competente para investigar a los aforados señalados por la juez Mercedes Alaya y nombró magistrado instructor al juez Alberto Jorge Barreiro. Dos meses después, el 27 de enero de 2015, Susana Díaz disolvió el Parlamento andaluz y convocó elecciones para el 22 de marzo. Esa convocatoria paralizó el proceso y el juez Barreiro citó a declarar a los aforados entre el 7 y el 21 de abril (después de las elecciones). El auto de citación, dictado el 17 de febrero, ya se interpretó como una distorsión de la campaña electoral y fue criticado por ese motivo.

Con estos precedentes, el Gobierno y el PSOE entendían que las elecciones catalanas enfriarían la vía judicial dando prioridad a la política. La huida del ex presidente catalán a Bruselas se producía horas antes de que el fiscal general anunciara la querella contra los independentistas. La inclusión del delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel en el supuesto agravado, forma parte de una «mentalidad de juez» más que de un cargo político, según las fuentes consultadas.

De hecho, las prisas jugaron una mala pasada a la Fiscalía al facilitar a la prensa un comunicado en el que se podía ver su título original: ‘Más dura será la caída’. Así se nombró al documento creado para elaborar la nota de prensa y aparecía al pinchar en las propiedades del documento.

El magistrado del Supremo que instruyó la pieza del ‘caso ERE’ dejó pasar las andaluzas de 2015 antes de interrogar a Chaves y Griñán

En su querella, el fiscal solicitaba la citación urgente de los miembros del Govern para declarar y la adopción de medidas cautelares. También pedía que se les fijara una fianza por importe de 6,2 millones de euros para reparar el daño económico que con sus decisiones hayan podido causar a los caudales públicos en caso de ser condenados en el futuro.

Desde hacía semanas, la Fiscalía sopesaba la posibilidad de acusar por rebelión a los artífices políticos de la declaración unilateral de independencia, aunque existían voces dentro de la carrera fiscal que desaconsejaban esta opción por la no concurrencia del requisito de violencia que el Código Penal.

En el caso de los miembros del último Ejecutivo catalán, la acción penal se ha presentado ante la Audiencia Nacional al haber perdido ya la condición de aforados el presidente (Puigdemont), el vicepresidente (Oriol Junqueras) y los consellers (Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Antoni Comín, Josep Rull, Lluis Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Serret y Santi Vila).

El Supremo tiene la palabra

En cuanto a la querella contra los miembros de la Mesa, la acusación alcanza a Carme Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó y Joan Josep Nuet, si bien contra éste no se ha adoptado ninguna medida al no haber votado a favor de la tramitación de la iniciativa clave.

El Tribunal Supremo ha invocado ya su competencia para investigar la querella que tramita el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra los integrantes de la Mesa del Parlamento autonómico por desobediencia y prevaricación, y previsiblemente acabará reclamando a la magistrada Carmen Lamela -instructora de la causa que instruye la Audiencia Nacional por rebelión contra Puigdemont y los que fueron sus consellers– que se inhiba por tratarse de hechos inescindibles. Así lo sugirió ya el TS cuando admitió a trámite la querella contra Forcadell, con lo que se evitarían eventuales sentencias contradictorias en un futuro.

En el caso de asumir la totalidad de la causa, el Supremo podría volver a practicar esa regla no escrita y enfriar la acción judicial hasta después del 21-D.

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