Oriol Junqueras y otros ex consellers han dado este martes un paso adelante con vistas a su posible excarcelación al reconocer de forma expresa al magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa por rebelión contra la cúpula independentista que han acatado la aplicación del artículo 155 y que no volverán a salirse del redil constitucional para conseguir sus convicciones políticas. ¿Saldrán en libertad en breve? ¿Podrán hacer campaña electoral? ¿Y qué pasa con Josep Lluís Trapero? ¿Han de depositar ya la fianza de responsabilidad civil? El Independiente da respuesta a las principales cuestiones sobre la situación procesal de los principales actores del proceso soberanista.

  • ¿Qué buscan con sus escritos los ex ‘consellers’? Los abogados de los ex consellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez han pedido formalmente este martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que les tome declaración, en un intento de conseguir la excarcelación acordada por la juez de la Audiencia Nacional que inició la instrucción de la causa. Llevan casi un mes en prisión acusados de la comisión de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos relacionados con el proceso independentista, mientras Carles Puigdemont y otros cuatro ex consejeros siguen esperando a que un tribunal de Bélgica decida si accede a la petición de entrega tramitada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
  • ¿Por qué ahora? Los imputados han presentado los escritos ante el alto tribunal días después de que Llarena asumiera la competencia para investigar también a los integrantes del Gobierno de Puigdemont en detrimento de la Audiencia Nacional, órgano jurisdiccional ante el que presentó la querella la Fiscalía General del Estado tras haberse disuelto el Govern y no gozar de aforamiento sus integrantes. Fue Lamela la que ordenó prisión provisional incondicional contra los anteriores integrantes del Ejecutivo catalán por riesgo de fuga, después de que Puigdemont y varios consejeros hubieran huido a Bélgica para abstraerse a la acción de la Justicia española. El letrado que dirige la defensa de los ex consellers de ERC esgrime otro argumento para solicitar la puesta en libertad de sus representados: el derecho de éstos a participar en los actos de campaña como actores políticos por su condición de candidatos a los comicios del 21-D, lo que -en su opinión- es un elemento de “arraigo”.
  • ¿Es posible que el juez rechace la excarcelación? Atendiendo al criterio que ha mantenido hasta ahora, es prácticamente improbable que el juez Pablo Llarena no ofrezca a los investigados la posibilidad de abandonar la prisión depositando fianza. Y es sumamente improbable que ello ocurra tras el precedente de la presidenta del Parlament, que eludió la cárcel tras depositar una caución de 150.000 euros depositada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). El instructor tomó esa decisión después de que Carme Forcadell abjurara de la vía unilateral como fórmula para alcanzar la independencia. Y ése es el camino que los ex consellers han seguido en los escritos presentados al Supremo: aceptar la aplicación del artículo 155 de la Constitución “desde la más profunda discrepancia política y jurídica” sin renunciar a sus convicciones políticas… pero ya bajo el marco de la Constitución.
  • ¿Cuándo podrían salir de prisión? Es muy posible que el magistrado Pablo Llarena resuelva la petición de manera inmediata y, en los próximos días, los cite a declarar para que los investigados renuncien de forma expresa a seguir delinquiendo como condición ineludible para que el instructor suavice las medidas que la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional le impuso tras la petición de la Fiscalía. Como informó El Independiente, es muy posible que Junqueras y el resto de consejeros salgan de prisión antes de las próximas elecciones del 21-D, a las que vuelven a concurrir en las listas -independientes- de ERC y Junts per Catalunya.
  • ¿Recuperarán la libertad antes de que Bélgica entregue a Puigdemont a España? Seguro. El Tribunal belga ha fijado para el próximo 4 de diciembre la vista en la que resolverá si atiende la petición de entrega dictada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra Carles Puigdemont y los ex consellers Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Antoni Comín. Con el aval de la Fiscalía, las autoridades judiciales belgas accederán previsiblemente a la pretensión de Lamela, con la duda de si circunscribirá la investigación al ex presidente de la Generalitat a determinados delitos. Se abriría entonces un periodo de recursos que podría durar varios meses.
  • ¿La puesta en libertad supondría la definitiva exoneración de los imputados? En modo alguno. El magistrado Llarena decretaría libertad provisional de los investigados a la espera de que avance la instrucción y se llegue a la fase de enjuiciamiento. Los integrantes del último Gobierno catalán se enfrentarán con toda seguridad a elevadas penas de prisión, dada la severidad con la que el Código Penal castiga los delitos de rebelión -hasta 30 años en supuestos agravados-, sedición (hasta 15 años) y malversación de caudales públicos (hasta ocho). Junqueras y el resto de ex consellers podrán ocupar sus escaños en el Parlamento que salga de los comicios del próximo 21 de diciembre, pero a la vuelta de unos meses se sentarán en el banquillo de los acusados como responsables de la conspiración soberanista.
  • ¿Qué pasa con Trapero, ex mayor de los Mossos? Según ha resuelto el juez Pablo Llarena, la Audiencia Nacional seguirá siendo competente para instruir la causa por sedición contra el ex mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, al que se le ha retirado el pasaporte, y la intendente Teresa Laplana. Para el magistrado, participaciones como la de Trapero, Laplana y aquellas otras semejantes que surjan a lo largo de la investigación no impiden que puedan examinarse de manera autónoma. “Son así participaciones añadidas, que con independencia de cuál sea su relevancia en el desarrollo natural de los hechos, no justifican modificar las normas de competencia ordinaria para los que resulten afectados”, razona.
  • ¿Y la fianza civil de 6,2 millones? En su escrito, la defensa de los ex consellers Jordi Turull y Josep Rull ha pedido al juez del Tribunal Supremo que anule la fianza de responsabilidad civil de más de 6,2 millones de euros que, a instancia de la Fiscalía, interpuso la Audiencia Nacional a los integrantes del Govern. En la causa por rebelión contra los miembros de la Mesa del Parlament, Pablo Llarena ya se desmarcó de esta petición y denegó fijarla con el argumento de el Ministerio Público no aportaba en su querella “base probatoria” que acredite que la celebración del referéndum de autodeterminación fue “soportada con cargo a fondos públicos y menos aún que lo fuera con el alcance económico inicialmente previsto que se reclama afianzar”.