Todo en manos de la Mesa de Edad. Y la Mesa de Edad en manos de Esquerra. Este podría ser el mejor resumen de las perspectivas sobre el pleno de constitución del Parlament que debe celebrarse este miércoles, para el que el bloque independentista, oficialmente mayoritario, no tiene candidatos definidos ni una estrategia para hacer valer esa mayoría, que está en cuestión por los tres electos encarcelados y los cinco huidos a Bruselas. Los últimos electos que estaban pendientes, Clara Ponsatí y Lluís Puig de JxCat y Meritxell Serret de ERC, han registrado este lunes sus credenciales como diputados, sumándose así a Carles Puigdemont y Antoni Comin, como ellos en Bruselas, y a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn, encarcelados en Estremera y Soto del Real.

Entre todos, ocho actas de diputado cuyos votos están en el aire y dependerán de lo que decida la Mesa de Edad, presidida por Ernest Maragall, secundado por Rut Ribas y Gerard Gómez del Moral como electos más jóvenes, los tres integrantes de la lista de Esquerra. Sin esos votos se esfuma la mayoría independentista de 70 diputados que suman JxCat, ERC y la CUP, y el bloque secesionista necesitaría contar con el apoyo de los Comunes de Xavier Domènech para imponer su mayoría en la Mesa del Parlament. Una Mesa en la que Domènech ha reconocido que no prevén tener presencia, tras las conversaciones exploratorias con C’s y ERC de la semana pasada.

Moncloa presiona a C’s

Esta aritmética es la que ha llevado a la Moncloa a presionar en las últimas horas a C’s para que multipliquen sus contactos con el partido de Ada Colau a fin de frenar la mayoría independentista en la Mesa del Parlament. Una operación posible sobre el papel, especialmente teniendo en cuenta las dificultades que está teniendo Podemos para explicar su papel en Cataluña, que podría inclinar al partido morado a intentar desmarcarse del independentismo. Pero lo cierto es que los comunes sólo han mantenido contactos durante el día de hoy con JxCat, oficialmente para garantizarse un espacio en el hemiciclo que no los coloque junto al bloque de los partidos constitucionalistas, sino tras la bancada derecha del Govern, donde tradicionalmente se había ubicado ICV.

Durante este lunes las negociaciones se han centrado en el bloque independentista, para definir la candidatura a la segunda institución del país que nadie quiere asumir. Tras la negativa de Carme Forcadell y la renuncia de Carles Mundó, Ernest Maragall había sido señalado por fuentes de Esquerra como el candidato a ocupar la presidencia del Parlament. Pero el ex consejero socialista y ex eurodiputado republicano ha dejado claro hoy que no entraba en sus planes asumir tal responsabilidad en los tiempos que corren.

ERC ni siquiera se atreve a asegurar que el próximo presidente del Parlament será de su partido

De hecho, el portavoz republicano, Sergi Sabrià, no se ha atrevido a asegurar siquiera que el próximo presidente del Parlament sea de Esquerra y se ha limitado a afirmar que será un miembro «de la mayoría independentista». El acuerdo alcanzado por Carles Puigdemont y Marta Rovira pasaba por investir a Puigdemont y dejar la presidencia del Parlament en manos de ERC, manteniendo el status quo de la legislatura pasada. Pero los republicanos quieren saber cómo piensa ser investido Puigdemont para asumir esa responsabilidad. En otras palabras, no quiere sacrificar a uno de sus pesos pesados -se ha hablado de Raül Romeva, Roger Torrent o Alba Vergés- para satisfacer las aspiraciones de Puigdemont a costa de nuevas imputaciones judiciales.

Tampoco JxCat ha aclarado quién será su candidato a una de las dos vicepresidencias con las que confían en hacerse los independentistas si consiguen mantener su mayoría, ni como se repartirán las dos secretarías con las que completarían su mayoría en la Mesa. Tanto C’s como el PSC han dejado claro que apuestan por repetir representantes, José María Espejo-Saavedra en el caso del partido naranja, y David Pérez por los socialistas.

Ni en la lista de Carles Puigdemont ni desde Esquerra desvelan tampoco cómo piensan hacer efectivo el voto de todos sus electos el miércoles. El juez Pablo Llarena, que instruye la causa por rebelión contra los ex miembros del Govern y los líderes independentistas en el Tribunal Supremo, ha denegado el permiso a Junqueras, Sánchez y Forn para asistir a la sesión de constitución del Parlament, pero el informe de los letrados del Parlament también rechaza la interpretación que hace el magistrado del voto delegado por «incapacidad prolongada».

Lo que finalmente dejará en manos de la Mesa de Edad decidir si se atiene al criterio del juez Llarena o al de los letrados para permitir el voto de estos tres electos. Y si aprovecha esa concesión para hacerla extensiva a los cinco diputados fugados en Bruselas, que han dejado claro que no piensan volver a España para ser puestos en manos de la justicia.

Quién vota y en qué condiciones

En su informe, los letrados del Parlament señalan que la delegación de voto «debe ser considerada de forma restrictiva» en base al artículo 93 del reglamento, que establece tres causas para esa delegación: baja de maternidad o paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada. Y advierten los letrados de que la incapacidad prolongada debe ser entendida exclusivamente en términos médicos, «no puede ser extrapolada a situaciones que no hagan referencia a la capacidad física o psíquica del diputado como justificación de la inasistencia para delegar el voto», lo que excluye esta opción para los ocho electos en cuestión.

Los letrados del Parlament señalan además el precedente del Caso Yoldi para argumentar que debe ser el tribunal el que autorice a los diputados en situación de cárcel preventiva sin fianza a acudir al pleno de constitución y al de investidura. Y distingue su situación de la de los electos que se encuentran en Bélgica y que «no precisan ninguna autorización» puesto que la orden de detención internacional fue retirada. Añade además que, aunque el juez Llarena señala la «incapacidad legal prolongada» de los detenidos para justificar su voto delegado, su interlocutoria no puede considerarse una orden para la Mesa de Edad, que será la que decida si pueden delegar el voto o no, porque existe la separación de poderes.

De hecho, el informe de los letrados del Parlament desmonta una por una las tesis de JxCat, desde la investidura telemática hasta la posibilidad, esgrimida por Puigdemont, de boicotear la constitución del Parlament  y forzar unas nuevas elecciones. En este sentido, señala que pese a que el articulo 89 estable un quorum mínimo para la adopción de acuerdos, «admite una excepción para el caso concreto de la sesión constitutiva, de manera que su realización no se puede evitar por la inasistencia de una parte de los miembros del Parlament, aunque sean la mayoría absoluta».