América Latina | Internacional | Política

El socio brasileño utilizó un supuesto interés de Odebrecht para que el Canal pagara más

Edmundo Rodríguez Sobrino, tras su detención por la Guardia Civil en el marco de la 'operación Lezo'.

Edmundo Rodríguez Sobrino, tras su detención por la Guardia Civil en el marco de la 'operación Lezo'. EFE

Los dueños de la empresa brasileña Emissao alegaron el supuesto interés de multinacionales como Odebrecht -constructora carioca que ha protagonizado el mayor caso de corrupción en Suramérica, tras sobornar a gobiernos de una docena de países a cambio de contratos públicos- para que el Canal de Isabel II pagara más por la compra del paquete mayoritario de sus acciones. La empresa controlada por la Comunidad de Madrid terminó elevando su oferta económica tras encallar las negociaciones.

La compra de Emissao es una de las operaciones que investiga el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en el marco del caso Lezo, en el que figuran como imputados -entre otros- el ex presidente madrileño Ignacio González y su antigua mano derecha en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino. Ambos permanecieron en prisión preventiva tras su detención el pasado mes de abril por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se encuentran actualmente en libertad provisional.

En 2012, la sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) -el holding a través del que el Canal de Isabel II opera en diversos países de Suramérica y controlada mayoritariamente por Canal Extensia SL- empezó a estudiar la oportunidad de invertir en el mercado brasileño dentro de su estrategia de expansión internacional. El país carioca se preparaba para un alud de inversiones públicas ante la celebración del Campeonato del Mundo de Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (2016).

Inassa inició conversaciones con los propietarios de Emissao sobre la base del siguiente esquema: la empresa española y el Grupo Essentium -controlado por la ex vicepresidenta económica y ex tesorera del FC Barcelona Susana Monje– adquirirían cada uno el 40 % de Emissao, mientras que Sebastiao Cristovam mantendría el 20 % restante de su sociedad. Como aprobó el consejo de administración de Canal Extensia del 3 de abril de 2013 tras las explicaciones ofrecidas por Rodríguez Sobrino, se abonarían 15 millones de dólares por ese 40 %.

No fueron los términos en que terminó cerrándose la operación. El 10 de octubre de 2013, el consejo de administración de Canal Extensia aprobó la compra del 75 % del capital de Emissao por 29,5 millones de dólares y una aportación de capital a la sociedad de 1,5 millones, firmándose el contrato de compraventa el 14 de noviembre de dicho año.

Entre una fecha y otra, había ocurrido un hecho trascendental: los vendedores exigieron un mayor desembolso para seguir adelante con las negociaciones. Los motivos esgrimidos fueron la consecución de nuevos contratos públicos desde la primera valoración, lo que elevaba la facturación de la compañía, y el interés que por Emissao habían mostrado otras compañías brasileñas y extranjeras.

Tengo que decirles que estamos siendo acosados ​​por otros grupos, como Odebrecht», escribió el hijo del dueño de Emissao en un correo para que mejoraran la oferta

«Tengo que decirles que estamos siendo acosados ​​por otros grupos con interés en cerrar la cooperación con nosotros, como Odebrecht, otro grupo portugués e incluso una [posible] alianza con Aguas de Barcelona. Aun así, nuestras relaciones siempre han sido cordiales y estamos abiertos a negociar con ustedes», expuso Alessandro Cristovam al director de Gestión Corporativa de Inassa, Diego García Arias. Fue en un correo electrónico -enviado el 26 de agosto de 2013- que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervinieron en la casa de María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal de Isabel II Gestión e imputada también en el caso Lezo, durante el registro practicado el pasado 19 de abril.

Con una facturación de 34.000 millones de euros y una plantilla de 128.000 empleados, la constructora Odebrecht era la quinta corporación empresarial más importante de Brasil cuando el presidente del grupo (Marcelo Obedrecht) fue encarcelado en 2015 acusado de pagar sobornos millonarios a varios gobiernos suramericanos a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Después de dos años y medio, y tras alcanzar un pacto con la Justicia brasileña a cambio de su confesión, Marcelo Obedrecht salió de la cárcel el pasado 19 de diciembre para seguir cumpliendo la condena (19 años) en arresto domicilio.

Aquel aviso que el hijo del propietario de Emissao mandó por escrito propició un viaje a Brasil en la primera quincena de septiembre de 2013 a fin de actualizar el plan de negocios y tratar de firmar un memorándum de entendimiento (MOU, en sus siglas en inglés) para enderezar la operación. Tras reunirse en persona con los dueños de Emissao, los mensajes que transmitía García Arias a España no eran especialmente esperanzadores, como exponía el ejecutivo en una secuencia de correos -a los que ha tenido acceso El Independiente– dirigidos a Edmundo Rodríguez Sobrino y a otros directivos del Canal.

El Canal de Isabel II empezó negociando la compra del 40% de la empresa brasileña por 15 millones de dólares y acabó abonando 31 millones por el 75%

«Después del primer día de conversaciones, les comento que la negociación ha llegado a un punto bastante tenso (por no decir de casi ruptura total). Alessandro y Sebastiao insisten en que el valor de la compañía no es el mismo de hace 6 u 8 meses debido a los nuevos contratos que han suscrito durante este tiempo. En el día de hoy nos hicieron entrega de la copia de un nuevo contrato, el cual mejora la facturación de Emissao en 50 millones de reales. Asimismo, una empresa constructora les manifestó su interés en desarrollar un proceso de due dilligence, para lo cual solicitaron la firma de un acuerdo de confidencialidad y MOU. Nuestra posición inicial ha estado en un margen de entre 25 y 28 millones de dólares, jugando con un porcentaje entre el 80 % y el 70 %, situación que -ellos aducen- se encuentra todavía muy lejos de sus pretensiones. Todo esto, lógicamente, después de repasar todas y cada una de las contingencias jurídicas y tributarias planteadas en los informes jurídicos y de KPMG», escribe García Arias el 10 de septiembre de 2013.

Al día siguiente, el directivo de Inassa confirma el bloqueo de las conversaciones: «En el día de hoy, y después de reunirme con Sebastiao y Alessandro, les comento que la negociación no avanza. Ellos mantienen su posición de no mantener el precio anterior y la nuestra, aunque conciliadora, está lejos. En este punto la negociación está llegando a un punto muerto, por lo cual el día de mañana regreso a Colombia, antes de lo previsto para analizar la información recolectada y valorar nuevamente nuestras opciones y nuestra posición».

Giro a las negociaciones

Dos semanas después, las negociaciones dieron un giro. A las 9.22 horas del 26 de septiembre de 2013, Rodríguez Sobrino escribió al presidente de Canal Extensia SAU, Adrián Martín López de las Huertas, para detallarle los términos del principio de acuerdo alcanzado el día anterior con los propietarios de Emissao. La inversión se fijó finalmente en 31 millones de dólares por el 75 % del capital de la ingeniería brasileña, utilizándose una sociedad vehículo uruguaya denominada Soluciones Andinas del Agua SRL (SAA).

A tenor de los signos de admiración utilizados en su correo, García Arias no ocultó su euforia por el positivo desenlace de la operación en el correo electrónico que le envió a las 5.35 horas del 15 de noviembre de 2013 a Rodríguez Sobrino y Richmond: «Acabamos de firmar!!!!!!!». La compra se acaba de consumar después de meses de negociación y el Canal de Isabel II se preparaba para desembarcar en Brasil.

Fue un día después de que el entonces presidente ejecutivo de Inassa presentara al consejo de administración de Canal Extensia el nuevo esquema de la compra, el que había anticipado a López de las Huertas en el referido correo. «Como se puede ver, hay una ligera diferencia en la distribución de cantidades entre precio de compra y aportación, con respecto a la operación aprobada en la Junta Directiva de INASSA, sin que se dé ninguna explicación para ello. Tampoco se da ninguna explicación de por qué se ha modificado el planteamiento de la operación,
pasando de la compra de un 40 % a la compra de un 75 %», llamaba la atención el Gobierno de Cristina Cifuentes en el escrito con el que puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado en julio de 2016 las sombras que ofrecía la compraventa de Emissao.

«Hipervalorada ficticiamente»

En el auto por el que mandó a prisión incondicional a Ignacio González el pasado 21 de abril, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco consideró que esta adquisición fue «hipervalorada ficticiamente» y se ejecutó «en contra de la opinión de auditores independientes», lo que conllevó «25 millones de dólares de malversación y lesión al patrimonio publico madrileño».

La tesis del anterior instructor del caso Lezo la corroboró Rodríguez Sobrino cuando prestó declaración el pasado mes de julio ante el juez Manuel García-Castellón, al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional tras la marcha de Velasco a la Sala de Apelaciones. El ex presidente ejecutivo de Inassa explicó que se incrementó el precio de la compra de Emissao a cambio de cobrar una comisión millonaria en Suiza. La parte correspondiente a Ignacio González, aseguró, fue ingresada en una cuenta independiente.

Te puede interesar

Comentar ()