Todos los acusados por el llamado ‘caso Alsasua’, que han comenzado a declarar esta mañana en la Audiencia Nacional, han negado su participación en la agresión por la que la Fiscalía pide contra ellos una condena por delitos de terrorismo. Todos ellos se han negado a responder a preguntas de la acusación y la Fiscalía y tan sólo han respondido a sus defensas El primero de los ocho acusados en declarar por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua el 15 de octubre de 2016 ha reconocido esta mañana en la Audiencia Nacional que se encaró con uno de los agentes. Jokin Unamuno ha asegurado que cuando accedió al local se enfadó con él por haberle impuesto cuatro multas de tráfico. Unamuno, que es uno de los tres acusados que se encuentra en prisión desde hace años y medio y que se enfrenta a 50 años de cárcel por un delito de terrorismo, ha señalado que se dirigió al agente “y le dije que menuda jeta tenían porque se dedicaban a crujir a multas a jóvenes del pueblo y que luego acudían a los bares”.

El joven, que también ha reconocido que ese día había bebido mucho, ha continuado su declaración a preguntas de su abogada, negando que agrediera al agente, “yo no golpeé a nadie”, ha rechazado que la discusión en el interior del local fuera violenta. Incluso ha apuntado que lamenta que su discusión inicial pudiera haber sido el detonante que posteriormente derivara en la agresión contra los dos agentes y sus parejas y en la que habrían participado “otros”.

Posteriormente ha declarado otro de los acusados que se encuentra en prisión, Adur Ramírez, quien ha negado que participara en los hechos. Ha asegurado que cuando se produjo la agresión, en torno a las cinco de la madrugada, “estaba durmiendo” y no se encontraba en el lugar. Ha añadido que no estuvo “en toda la noche” en el bar ‘Koxka’ ya que aquella noche regresó a su casa varias horas antes, en torno a las dos de la madrugada, y allí vio a sus padres. Contra él la Fiscalía solicita 50 años de prisión.

Durante la declaración del acusado contra el que se pide una mayor pena, Ohian Arnanz, éste ha asegurado que no participó en ninguna agresión contra agentes de la Guardia Civil. En una breve declaración ha asegurado que vio una discusión en el bar y que acudió a separar a quienes la protagonizaban y que sólo entonces fue consciente de que varios de lo que se encontraban inmersos en la trifulca eran agentes de la Guardia Civil. Ha asegurado, a preguntas de su abogado, que no siente ninguna “animadversión” contra este cuerpo ni ningún otro cuerpo policial “no he tenido ningún tipo de altercado ni problema”.

La vista oral, que ha arrancado a las 10:00 horas, se espera que pueda prolongar hasta finales de la próxima semana. Durante la misma está prevista la declaración de medio centenar de testigos. Hoy tendrán lugar las cuestiones previas y la declaración de los acusados. Todos ellos se enfrentan a una petición de penas que oscilan entre los 12,5 años, para una de las encausadas y los 62,5 años de prisión para uno de ellos. Para el resto la Fiscalía solicita 50 años de cárcel.

Representantes de Unidos Podemos y EH Bildu han acudido este lunes a arropar a las familias de los ocho acusados. Diputados de la formación de Iglesias, como Eduardo Santos y Nagua Alba, así como de la coalición de la izquierda abertzale, como Marian Beitilarrangoitia o la diputada en la Cámara de Navarra, Bakartxo Ruiz han acudido hasta la sede de la AN en San Fernando de Henares desde primera hora de la mañana para arropar a los encausados y sus familias.

Los presentes a las puertas de la Audiencia Nacional han recibido entre aplausos a los cinco jóvenes que están en libertad provisional y que serán juzgados a partir de este lunes. Los otros tres encausado, que están en prisión desde su detención y entrega días después de que se produjera la agresión el 15 de octubre de 2016, han llegado en un furgón de la Guardia Civil. El abogado de varios de los acusados, José Luis Galán ha asegurado estar completamente convencido de que no serán condenados por un delito de terrorismo e incluso ha apuntado que en este caso se ha construido la acusación “de modo artificial” para lo que ha definido como “justificar un estado de alarma” y en un contexto de “retroceso de libertades y de expresión” que se ha impuesto en el Estado.

Los acusados han sido recibidos entre aplausos de cargos políticos y familiares, en especial los tres que han accedido en furgón de la Guardia Civil

El Fiscal José Perals acusó a los jóvenes que habrían participado en la agresión contra los agentes y sus parejas de un delito de lesiones terroristas y solicita 12,5 años por cada uno de los cuatro delitos que les achaca. A uno de los acusados, O.A. se le añade además la acusación de amenazas terroristas, con lo que la petición de condena se eleva a 62,5 años. La Fiscalía propone unas penas alternativas rebajadas para los principales acusados que reducirían la pena hasta los 30 años de cárcel en el caso de O. A. y a 18 años para los otros seis acusados por delitos de desordenes públicos terroristas, atentado contra la autoridad, lesiones no terroristas y, sólo en el caso del acusado con mayor petición, un delito de amenazas terroristas.

Medio centenar de testigos

En su escrito de acusación Perals encuadra su actuación en delitos de terrorismo al entender que estos hechos se enmarcaron en las campañas denominadas Alde Hemendik (Fuera de aquí), que buscan la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, «influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social». «Existe una segunda intencionalidad -dice Perals en su escrito de acusación-, que es la de crear un clima de miedo y rechazo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil, en un intento de aislarles socialmente».

El caso abierto contra los agresores acabó en la Audiencia Nacional por decisión del Tribunal Supremo, después de que la Audiencia de Navarra, que no veía ese delito de terrorismo, planteara una cuestión de competencia ante el alto tribunal.

La Fiscalía ha citado a 17 testigos, entre ellos al propietario y una camarera donde se inició la agresión. Las defensas presentarán a 30.

La acusación particular que ejerce Covite incrementa la petición de penas, con 66,5 años para el principal acusado y entre 14 y 54 años de prisión para el resto de los acusados. Precisamente hoy el Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha recordado algunos de los testimonios recabados en uno de los informes policiales redactados después de la agresión en los que se cita que uno de los participantes en la agresión habría asegurado “esto os pasa por venir aquí, iros de aquí, hijos de puta pikoletos, os tenemos que matar por ser guardias civiles, cabrones txakurras (perros)”.

Señala además que en el citado informe se detalla cómo se golpeó a los dos guardias civiles o incluso cómo desde algunos colectivos afines a la izquierda abertzale se llegó a reconocer que en el último Ospa Egunajornada de movilización contra la presencia de la Guardia Civil en Alsasua-, varios agente fueron expulsados de los conciertos que se celebraron en Alsasua. Covite también cita el testimonio de la madre de una de las parejas de un agente, “Esto es insoportable. Tememos por nuestra integridad física y hemos restringido al máximo las salidas”.

Mañana será el turno de los testigos. La Fiscalía ha propuesto 17, entre ellos el propietario del bar ‘Koxka’, donde se inició la agresión, y una de las camareras del local. También declararán varios agentes de la Policía foral que acudieron en un primer momento al escenario de la agresión tras ser alertados. La defensa por su parte ha citado a una treintena de testigos, muchos de los cuales vieron cómo se produjo la agresión.