El certificado de defunción lo redactó ‘Josu Ternera’. El prófugo de la Justicia que lo fue todo en la banda sólo quiso ser la voz de la derrota, la imagen anunciada finalmente no la vimos. El sello para oficializar la muerte lo pusieron los verificadores internacionales reunidos este viernes en Cambo (Francia) con la llamada Declaración de Arnaga. En ella dieron por acreditado que el corazón de la banda terrorista ha dejado de bombear sangre tras casi 60 años de actividad. Dicen que el pelo o las uñas aún tienen vida una vez muertos; en ETA es su pulso social el que sigue activo y empujando. Lo alimenta el mismo entorno que en vida ya jaleó su “lucha” y que ahora ha decidido impulsar con mayor intensidad que nunca, sólo un día después de que ETA dejara de existir, un revivido “conflicto político” con el Estado: el penitenciario.

En las cárceles españolas son casi 300 los militantes de la banda que seguirán pagando condenas una vez desmanteladas “las estructuras” de la organización que un día les impulsó a matar, a amenazar o a extorsionar. Para muchos el horizonte es todavía oscuro, con muchos años de privación de libertad por delante.

Vencida por el Estado de Derecho, la banda ha proclamado su fin mientras casi 250 terroristas cumplen condena en cerca de medio centenar de cárceles repartidas por 12 comunidades autónomas de nuestro país, siendo las andaluzas donde la población es más elevada. Otros 50 etarras continúan encarcelados en estos momentos en Francia y uno en Portugal.

Según los datos que maneja la asociación de familiares de presos de la banda, Etxerat, las prisiones de Andalucía -las más alejadas del País Vasco- son las que albergan a un mayor número de reclusos etarras: 84. Le siguen las de la Comunidad Valenciana (44), Galicia (22), Murcia (16), Castilla y León (15), Castilla-La Mancha (11), Madrid y Aragón (10), Extremadura (5), País Vasco (4), Cantabria (3) y La Rioja (1).

En las cárceles españolas siguen cumpliendo penas algunos de los terroristas más sanguinarios. Es el caso de Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, y de Rafael Caride Simón, condenados a 790 años cada uno por la mayor matanza cometida por ETA en toda su historia: el atentado perpetrado en el centro comercial Hipercor de Barcelona el 19 de junio de 1987, saldado con 41 muertos y 45 heridos.

Santi Potros afronta en Topas (Salamanca) los últimos meses en prisión. Como informó El Independiente, su excarcelación se prevé para el 4 de enero de 2019, pero su salida a la calle se adelantará varios meses si como es previsible el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria aprueba nuevas peticiones de redención ordinaria a propuesta de la junta de tratamiento del centro penitenciario. La última tuvo lugar el pasado 9 de febrero, cuando le redujeron la pena 45 días por su comportamiento en el último cuatrimestre de 2017.

La banda terrorista ha certificado esta semana su disolución, pero tardará años todavía en saldar sus cuentas con la Justicia

Por su parte, Caride Simón estará a punto de cumplir los 75 años cuando a principios de septiembre del próximo año cumpla condena y abandone el penal de Álava (Nanclares de Oca). El ex jefe del comando Barcelona, uno de los seis reclusos que se ha acogido a la vía de reinserción y que disfruta de beneficios penitenciarios, habrá pasado más de un tercio de su vida entre rejas por su actividad en ETA.

También permanecerá entre rejas Antonio Troitiño Arranz, al que la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó el pasado mes de marzo a casi seis años de prisión por reintegrarse en ETA tras ser excarcelado por error en 2011 para poder huir a Londres, de donde fue extraditado en mayo de 2017. En el juicio, el etarra dijo que se fugó a la capital inglesa tras el anuncio del alto el fuego.

El reto de la izquierda ‘abertzale’

El reto que ahora la izquierda abertzale se ha marcado pasa por presionar al Ejecutivo de Rajoy para forzar un cambio en su política penitenciaria. El final de la dispersión y el alejamiento de los etarras es la reivindicación que con renovada fuerza potenciarán en este tiempo post ETA. En Cambo, ni Arnaldo Otegi ni el líder de Sortu, Arkaitz, ahorraron adjetivos para criticar la ley carcelaria. “Injusta”, “criminal” o “inhumana” fueron sólo algunos.

En la batalla, la izquierda abertzale cuenta con el respaldo de toda la clase política vasca, desde el PNV hasta el PSE e incluso muchos sectores del PP vasco que consideran que la medida adoptada en los 80 para evitar la concentración de etarras hoy no tiene sentido. La presión a Rajoy le llegó incluso por parte de los representantes internacionales que suscribieron la Declaración de Arnaga, como Gerry Adams, Jonathan Powell, Bertie Ahern o incluso Kofi Annan. Todos ellos trasladaron el mensaje de que es tiempo de acercar a los presos en aras a la reconciliación en la sociedad vasca tras el fin de ETA.

A ello se ha sumado el anuncio hecho por el Gobierno vasco y el Ejecutivo navarro para crear un grupo de trabajo, al que instan a participar al Gobierno de Rajoy, para fin de dar pasos en esta materia.

En cárceles españolas siguen cumpliendo penas algunos de los terroristas más sanguinarios, caso de ‘Santi Potros’ y Caride Simón

El cumplimiento de las penas, el fallecimiento de integrantes de comandos y la inactividad de la banda han provocado que la cifra de reclusos de ETA se haya ido reduciendo de forma sustancial en la última década. De acuerdo con los datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior-, el número de presos etarras en España a finales del pasado año ascendía a 249. Desde 2011, año en que la organización terrorista anunció el cese de su actividad armada, la cifra no ha dejado de reducirse.

Es evidente que la fotografía hoy es más amable que lo que era hace no tanto. La década actual arrancó con 590 presos de ETA encarcelados por su participación en acciones terroristas, idéntico número al registrado en 2009. Desde entonces, la estadística ha ido marcando una línea descendente hasta los 249 de 2017 (221 hombres y 28 mujeres), con salidas anuales de entre 66 y 35 etarras que -en la mayoría de los casos- alcanzaron la libertad definitiva. Según los datos del colectivo de apoyo a presos de ETA, ‘Kalera, Kalera’ a día de hoy la cifra de reclusos en prisión es de 282.

Los cambios no se antojan ni fáciles ni inminentes. Al Gobierno del PP la cuestión se le puede atragantar. La presión hecha por el PNV y el resto de formaciones vascas choca con la que hacen los colectivos de víctimas, contrarias -en su mayoría- a que se puedan dar pasos para rebajar el marco carcelario. A ellas se suma la resistencia de formaciones como Ciudadanos, que hace tiempo marcan el paso del PP. Adoptar una decisión de estas características, pese a que cuente con respaldo legal, más aún una vez desaparecida ETA, puede tener demasiado coste electoral a un año de una cita con las urnas que los populares afrontan en profunda debilidad.

Esclarecimiento de crímenes

El Gobierno ha ido elevando el requisito para acceder a cambios penitenciarios. Al desarme le siguió el perdón y a éste la exigencia de disolución. Cumplidos, al menos parcialmente, el Ejecutivo de Rajoy reclama ahora a los presos la colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los crímenes no resueltos. Acercar a presos de ETA sin que se hayan arrepentido o colaborado con la Justicia parece hoy complicado. Y que el mundo de ETA acceda a ello se vislumbra imposible. La delación sigue siendo la línea roja que la banda marcó a fuego antes de desaparecer.

Lejos de la pretensión del mundo abertzale y del Ejecutivo vasco, Rajoy se mantiene firme en su postura de no hacer concesiones a la banda y no ha dado ninguna señal que permita atisbar que puede flexibilizar la política penitenciaria para que los reclusos puedan terminar de cumplir sus penas en centros penitenciarios más cercanos al País Vasco. “Los crímenes de ETA se seguirán investigando, sus delitos se seguirán juzgando y las condenas se seguirán cumpliendo. No hay ni habrá impunidad. Nada les debemos y nada tenemos que agradecerles. Han tardado demasiado tiempo en reconocer los errores”, ha proclamado el jefe del Ejecutivo este viernes durante la declaración solemne por la disolución de la banda terrorista.

Descartada a corto plazo la posibilidad del acercamiento de presos, el otro pilar será la investigación de los al menos 358 crímenes cometidos -más del 40 % del total- que aún no se han esclarecido. Para las organizaciones de familiares de víctimas, ésta deba debe ser la gran prioridad. Ello llevó el pasado año a la Asociación Dignidad y Justicia a presentar una iniciativa en el Parlamento Europeo para que la Cámara comunitaria obligara a España a investigar los casos que, años después de cometerse, siguen sin aclararse.