La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al ex ministro Eduardo Zaplana como el "líder" y "principal beneficiario" de la trama corrupta dedicada a la obtención de fondos ilícitos a través del pago de comisiones ilegales por adjudicación de obra pública en la Comunidad Valenciana.
Así lo explican a El Independiente fuentes de la investigación, que recalcan la existencia de "abrumadores" indicios contra el ex presidente de la Generalitat valenciana. Éste está acusado de la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos.
El epicentro de la operación Erial no es otro que el propio Zaplana, quien prevaliéndose de su cargo al frente del Gobierno regional de Valencia entre los años 1995 y 2002 amasó presuntamente una fortuna "millonaria" procedente del cobro de ‘mordidas’ valoradas en 10 millones de euros. El propietario mayoritario de esos fondos opacos era el propio ex dirigente del Partido Popular.
En un informe de 500 páginas remitido al Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, la Guardia Civil sostiene que fue el ex ministro de Aznar quien ordenó crear un "complejo entramado societario" para camuflar el cobro de esas ‘mordidas’ ayudándose para esta labor de personas de su máxima confianza como son su ex jefe de gabinete, Juan Francisco García; el ex director de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens; su propia esposa, Rosa Barceló, y su secretaria personal, Mitsuko Henríquez.
Además, los investigadores tienen claro que el modus operandi de la red liderada por el ex ministro era el siguiente. Desde su cargo al frente de la Generalitat, Zaplana controló durante años toda la adjudicación de obra pública en Valencia. De la misma forma, consiguió que los Cotino, a través principalmente de su grupo empresarial Sedesa, accedieran al supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de ser favorecidos en la obtención de adjudicaciones como el Plan Eólico o la privatización de las estaciones de ITV. Esas 'mordidas' acabaron en el bolsillo del propio ex ministro de Trabajo.
Asimismo, en esta causa de corrupción están siendo investigados el ex presidente de las Cortes valencianas y ex director de la Policía Nacional Juan Cotino y dos de sus sobrinos -Vicente y José Cotino Escribá-, a los que se les imputan delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, según informan fuentes jurídicas.
Los indicios contra Zaplana
Entre los indicios que pesan contra Eduardo Zaplana, la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y la propia juez otorgan gran importancia al “control real” que tuvo de sociedades que no eran aparentemente de su propiedad y que fueron utilizadas para el desvío de fondos opacos. Las fuentes consultadas apuntan al "poder evidente" que el imputado ejercía sobre una trama “muy organizada".
Por otro lado, los investigadores han podido acreditar que Zaplana ha disfrutado en los últimos años de bienes inmuebles de los que no era el titular. En los últimos meses, la UCO detectó que comenzó a repatriar los fondos a España. Entre otros detalles, vieron cómo adquirió en el barrio madrileño de Chamberí una vivienda de dos millones de euros al contado.
Tal y como avanzó este periódico, este jueves su defensa presentó un informe médico ante la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia solicitando su puesta en libertad debido a la enfermedad grave que padece, una leucemia diagnosticada en 2015. De momento, sigue detenido. Está previsto que en las próximas horas el ex ministro de Trabajo pase a disposición judicial.
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