El Colectivo de Presos de ETA ha comenzado a poner condiciones al Gobierno ante el próximo traslado de los etarras a cárceles cercanas al País Vasco. No quieren que se les reclamen reconocimientos de daño causado que sean “humillantes”, exigen participar en el diseño del proceso de acercamiento a prisiones vascas y aseguran que sus víctimas deben ser “escuchadas” pero no tendrían que participar en la definición de la ‘hoja de ruta’ que se plantee para terminar con la dispersión de ETA.

A través de colectivos como Etxerat, la red de apoyo a los presos de la banda, Sare o el llamado Foro Social Permanente, representantes del EPPK –el colectivo que agrupa a la mayoría de los presos de ETA encarcelados- se han mostrado dispuestos a seguir dando pasos “sinceros” en el reconocimiento del daño causado pero siempre que no supongan “una humillación” para los reclusos.

Estos colectivos de apoyo a los etarras también plantean al Ejecutivo que todo el proceso de “reintegración” de los presos se aborde con un planteamiento que huya “de esquemas de vencedores y vencidos” y que esté alejado de “cálculos electorales”. Además, reclaman que el diseño del proceso a poner en marcha en ningún caso se afronte “sin contar con los que tienen que hacer este proceso”, los etarras. Consideran que los presos de ETA deben intervenir, junto a los Gobiernos “y la sociedad civil” en el diseño del procedimiento de acercamiento.

El pasado día 21 representantes del Foro Social –el organismo que impulsó la escenificación del desarme de ETA en Bayona y su disolución en Cambo– mantuvieron una reunión con el miembro de ETA, José Antonio Olarra Guridi y la etarra, Ahinoa Mujika Goñi en la prisión de Albolote (Granada). En ella trasladaron su disposición y optimismo con ante el anuncio hecho por el Ejecutivo del PSOE de modificar la política penitenciaria tras el final de ETA. A la espera de que se puedan concretar los pasos a dar para proceder al acercamiento a prisiones del País Vasco, el EPPK se mueve con “prudencia”.

Reconocimiento del daño causado

Los representantes de los presos de ETA trasladan además que los reclusos mantienen su disposición a respetar la legalidad penitenciaria con una “perspectiva final de excarcelación”. Subrayan su disposición “absoluta y sincera” a abordar un reconocimiento del daño causado, si bien no concretaron hasta dónde ni con qué fórmulas lo explicitarían.

Tras la cita, hoy representantes del Foro Social han celebrado una comparecencia pública en la que han asegurado que tras comunicarse con los presos de la banda y haber contactado con representantes de los Gobierno Vasco, Navarro y diversos colectivos, entre los que no figuran las asociaciones de víctimas, creen necesario definir una ‘hoja de ruta’. Debería determinar cómo se acercará a los presos de ETA, así como la situación de los reclusos de más edad o los que están enfermos.

Un procedimiento que tendrá que estar sustentado, señalan, en un consenso institucional, político y sindical y llevarlo adelante después de “escuchar a las personas presas”. También señalan que la “reintegración” se deberá realizar y diseñar para el conjunto de los recursos de la banda y no sólo para una parte de ellos.

El Foro Social ha destacado positivamente el procedimiento empleado en Francia. El país vecino ha acercado ya a decenas de presos de ETA a prisiones cercanas a la frontera con Euskadi y con etarras que incluso han cumplido penas por delitos de sangre. Señalan que el sistema llevado a cabo por Francia “nos parece acertado”.

Diseñar la ‘hoja de ruta’

Reclaman que se establezca una “triangulación” de agentes para definir cómo se llevará a cabo el procedimiento. Un diseño en el consideran que se debe “escuchar a las personas presas” y a las víctimas, pero en el que deberán participar por un lado los Gobiernos –el español, el francés, el vasco y el navarro-, los presos y la sociedad civil.

En este sentido afirman que a las víctimas se les debe informar y “escuchar sus opiniones” y hacerles ver que el acercamiento a cárceles vascas “no es ningún privilegio, sino la aplicación estricta de la legislación penitenciaria”. Añaden que las víctimas deben ser escuchadas pero “todas, las organizadas y, la mayoría, no organizada”: “Pero las políticas públicas deben estar basadas en el interés general, que en este caso es seguir hacia la resolución integral”.

En el manifiesto leído esta mañana se apunta a que actualmente el consenso en el País Vasco es mayoritario sobre la “agenda urgente de resolución” en torno a la situación de los presos. En ella incluyen no sólo un apoyo generalizado a que se excarcele a los presos de ETA mayores de 70 años y a los reclusos enfermos, sino más reclamaciones. Entre ellas figuran el acercamiento a prisiones vascas, la progresión a segundo grado de la mayoría de los reclusos, la acumulación de penas cumplidas en Francia, así como el apoyo a la cesión de la transferencia de prisiones a Euskadi.

En las últimas semanas este colectivo se ha reunido con representantes institucionales del Gobierno de Navarra, el Ejecutivo vasco, así como los parlamentos de ambas comunidades y diversas organizaciones y personalidades.