Política

El 'caso Campeón' de Pepe Blanco, el precedente al que ahora se enfrenta Casado

En el caso del socialista, el Supremo no llegó a iniciar acciones penales y archivó la causa desoyendo al juez

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El 'caso Campeón' de Pepe Blanco, el precedente al que ahora se enfrenta Casado
El ex ministro José Blanco en su comparecencia tras archivarse la causa en el Supremo, el 18 de julio de 2013.

El ex ministro José Blanco en su comparecencia tras archivarse la causa en el Supremo, el 18 de julio de 2013. EP

Resumen:

La situación procesal de Pablo Casado, con una causa que ahora se eleva al Tribunal Supremo, tiene un precedente en la historia política reciente, y es la del ex ministro socialista José Pepiño Blanco. El entonces titular de Fomento y portavoz del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se vio envuelto en 2011 en las investigaciones del caso Campeón y también fue investigado por el Alto Tribunal, una circunstancia que alargó la causa dos años y medio y que podría repetirse en el caso del presidente del Partido Popular. La naturaleza de los delitos no es la misma; mientras Blanco fue acusado por presunto tráfico de influencias por adjudicaciones irregulares, a Casado le persigue la polémica de su máster, que podría derivar en los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio, como le atribuye la jueza Carmen Rodríguez-Medel.

La trama del caso Campeón estalló en mayo de 2011, cuando la titular del Juzgado número 2 de Lugo, Estela San José, ordenó una macrooperación policial que se saldó con 16 detenidos por casos de sobornos a cambio de subvenciones ilegales. El cabecilla de la operación, que se convirtió poco después en el primer encarcelado de la causa, fue Jorge Dorribo, vicepresidente de la empresa farmacéutica Nupel. El empresario acusó al entonces ministro de recibir 400.000 euros a cambio de facilitarle una ayuda de más de 467.000 euros de la Dirección de Ayudas Regionales -dependiente de Fomento- para que el Ministerio de Sanidad agilizara unos permisos de Laboratorios Nupel.

Semanas después de estas acusaciones, el que era el número dos del PSOE anunció que no optaría a reeditar su cargo de Secretario de Organización y que se mantendría como diputado raso en el Congreso de los Diputados. En este punto, el contexto de Blanco y de Casado es prácticamente el opuesto: mientras el primero llevaba años en el Gobierno y ocupando puestos de responsabilidad en el Partido Socialista, el segundo apenas lleva tres años en primera línea de la política y no cumple ni un mes en la Presidencia del Partido Popular, por lo que es poco probable que Casado dé un paso al lado, como sí hizo la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también por la polémica de su máster.

En diciembre de 2011, tras las elecciones que dieron el primer gobierno a Mariano Rajoy, el Tribunal Supremo se hizo cargo de la causa de José Blanco al estar éste aforado. La Sala Penal del Supremo le investigó por tráfico de influencias y cohecho por haber supuestamente ayudado al vicepresidente del grupo empresarial Azkar, José Antonio Orozco, amigo suyo, a conseguir la licencia municipal imprescindible para construir una nave próxima al aeropuerto de El Prat. La Fiscalía había pedido también su imputación por el delito de prevaricación, pero el Alto Tribunal lo desestimó.

Si los juzgados son diputados, el reglamento establece que el Supremo debe pedir un suplicatorio pidiendo permiso al Congreso para investigarle. El juez del caso Campeón José Ramón Soriano propuso a la Sala de lo Penal del Supremo tramitar dicho suplicatorio para actuar contra el ex ministro socialista, pero el tribunal terminó denegando dicho suplicatorio y archivando la causa, en uno de los pocos precedentes que ofrece el Derecho español en este sentido. Desde su implicación hasta su archivo, pasarían dos años y medio de calvario político para Pepiño Blanco, que tuvo que renunciar a sus aspiraciones políticas y centrarse en la defensa de su inocencia.

La nueva fase judicial alarga la causa y abre la puerta a su archivo

En el caso de Casado, la nueva fase judicial por el máster en la URJC podría alargar el proceso más de lo que hubiera deseado el presidente del PP, pero también abre la puerta al archivo de la causa por el Alto Tribunal. Este mismo lunes la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que instruye las presuntas irregularidades del título, envió un escrito al Tribunal Supremo para que decida si procede su investigación, al apreciar indicios de delito y a la imposiblidad de que el líder popular sea juzgado en tribunales ordinarios por ser diputado. Igual que ocurrió con Blanco. Ahora la Sala de lo Penal tendrá que decidir si admite la investigación y si se abre, efectivamente, este nuevo horizonte judicial.

El ex ministro de Fomento, una vez que el Supremo aceptó la investigación -cosa que aún no ha ocurrido en el caso del dirigente popular-, decidió declarar a petición propia, sin esperar a ser llamado por el tribunal. Un extremo que podría repetirse en caso del líder del PP, que después de la decisión judicial declaró este lunes su intención de «colaborar con la justicia«, al tiempo que defendía su inocencia, como también hizo hace cinco años el dirigente socialista.

Si el Supremo desoye la petición de la juez, la investigación sobre Casado se frenaría en seco. Si, en caso contrario y como todo apunta, el Alto Tribunal toma las riendas de la polémica del máster, podría atender a unos criterios distintos a los empleados por Rodríguez-Medel, que por el momento ha imputado a varios alumnos que cursaron el mismo máster que Casado. La posición podría cambiar de un tribunal a otro, puesto que los miembros del Supremo están elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros a su vez están elegidos mitad en el Congreso y mitad en el Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta-. La posibilidad de que el Supremo estime la defensa de Casado y archive la causa es un precedente poco común pero que existe, aunque en último término la decisión llegará tras un proceso largo en el que el asunto del máster perseguirá al actual líder de la oposición.

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