El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere pasar página de la crisis por la dimisión de su ministra de Sanidad, las bombas de Arabia y su tesis doctoral. Con el objetivo de demostrar que su Gobierno «avanza», Sánchez ha puesto un nuevo reto sobre la mesa del Congreso de los Diputados: una reforma de la Constitución para limitar los aforamientos políticos en 60 días.

El primer efecto de esta medida es que el presidente del PP, Pablo Casado, investigado por irregularidades en la obtención de su máster, se quedaría sin aforamiento ante el Tribunal Supremo, que ha solicitado el suplicatorio al Congreso de los Diputados en su caso. Fuentes jurídicas de la Presidencia del Gobierno explican que cuando entre en vigor el cambio constitucional se establecerá una norma transitoria que estudiará casos concretos como el de Casado, siempre que el Supremo se pronuncie antes de la reforma. Si el alto tribunal, por el contrario, no agiliza la causa y Casado pierde el aforamiento, su caso recaería en un tribunal ordinario como cualquier otro ciudadano.

Según las primeras versiones del Gobierno, la reforma va dirigida a todos los cargos públicos para eliminar el «privilegio» de su aforamiento en todas aquellas materias que no estén relacionadas con su cargo. Las vinculadas a su puesto sí seguirían aforadas. Quedarían fuera de la reforma los miembros de la carrera judicial y de la Casa Real. Con un cambio exprés de la Constitución, posible porque no afecta a su título 1, los  nuevos concejales, parlamentarios autonómicos y diputados que sean elegidos en el ciclo electoral que comienza en 2019 no tendrían esa protección ante los tribunales por asuntos que no estén vinculados a sus cargos.

Ante cientos de invitados de la sociedad civil -incluidos empresarios como Florentino Pérez, Álvarez-Pallete o Sánchez Galán- representantes de la cultura y de los sindicatos, así como todo su Gobierno, Sánchez ha querido celebrar sus cien días de Gobierno transmitiendo un mensaje activo, a pesar de sus claras dificultades para aprobar iniciativas en el Congreso de los Diputados. Sánchez ha dibujado un Ejecutivo con impulso, en contraste con la «parálisis» de los gobiernos de Rajoy, y con vocación de alcanzar grandes consensos parlamentarios.

En esa línea, la propuesta de acabar con los aforamientos de los políticos ha sido una reivindicación de los nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos, que en Andalucía se lo ha reclamado a Susana Díaz antes de romper su pacto de investidura con ella. La oferta del Gobierno pretende volver a situar al PSOE en el bloque constitucionalista del Congreso, después de que sus negociaciones con los independentistas catalanes y su alianza con Pablo Iglesias haya stiuado al partido del Gobierno frente a los que fueron sus aliados en la aplicación del artículo 155 de la Constitución: PP y Ciudadanos.

Durante su intervención, Sánchez ha justificado la moción de censura que lo aupó al poder hace tres meses en un «cambio de época» que reclama más ejemplaridad y regeneración democrática a los políticos, un argumento para plantear su reforma constitucional.