Política

Una denuncia anónima sirve a la juez para iniciar la investigación del máster de Montón

La instructora detalla en el auto que abre esta pieza separada a raíz de un "escrito de denuncia" presentado en el juzgado, pero no especifica quién está detrás / La magistrada podría investigar a la ex ministra tras perder ésta el aforamiento con su dimisión

Carmen Montón, dando expliaciones por su máster en la URJC cuando aún era ministra de Sanidad.

Carmen Montón, dando expliaciones por su máster en la URJC cuando aún era ministra de Sanidad. EP

Una denuncia anónima ha servido a la juez del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, para ampliar las diligencias e iniciar la investigación de los estudios de posgrado cursados hace siete años por Carmen Montón, obligada a dimitir como ministra de Sanidad el pasado 11 de septiembre tras no poder refutar que había plagiado gran parte de su Trabajo Fin de Máster (TFM). Tampoco ha podido demostrar que acudía regularmente a clase.

Ni la Fiscalía, ni los investigadores policiales, ni la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ni ninguna acusación popular. Según ha podido averiguar El Independiente, la magistrada Rodríguez-Medel ha abierto este nuevo procedimiento tras una «denuncia anónima» presentada este jueves contra Montón, una actuación procesal muy poco habitual.

Las fuentes jurídicas consultadas explican que los instructores son especialmente celosos a la hora de abrir procedimientos penales a partir de denuncias anónimas. Lo normal suele ser incoar unas diligencias secretas y, después de llevar a cabo ciertas comprobaciones, tomar la decisión sobre si abrir o no una causa sobre dicho asunto. «Con las denuncias anónimas hay que tener mucho cuidado porque pueden tratarse de un ajuste de cuentas», señala una de las fuentes consultadas por este medio.

El artículo 266 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece además que «la denuncia que se hiciere por escrito deberá estar firmada por el denunciador; y si no pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego. La autoridad o funcionario que la recibiere rubricará y sellará todas las hojas a presencia del que la presentare, quien podrá también rubricarla por sí o por medio de otra persona a su ruego».

El pasado viernes se conoció que la juez del caso Máster investigará el curso de posgrado de Montón, si bien no trascendió quién estaba detrás de la denuncia que podría conllevar la imputación de la ex titular de Sanidad por prevaricación y cohecho impropio. Sí llamó la atención que la investigación también correspondiese a la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que recientemente rechazó asumir la causa en la que se investiga si el catedrático Enrique Álvarez Conde malversó fondos del organismo de la URJC que impartía los másteres bajo sospecha para evitar la formación de «una macrocausa de imposible instrucción ágil y de muy difícil (o imposible) enjuiciamiento conjunto».

Con las denuncias anónimas hay que tener mucho cuidado; pueden tratarse de un ajuste de cuentas», advierten fuentes jurídicas

En el auto por el que acuerda incoar diligencias previas para investigar el máster en ‘Estudios Interdisciplinares de Género’ impartido por la Universidad Rey Juan Carlos en 2010-2011, dictado este viernes, la magistrada alude en el único antecedente de hecho a un «escrito de denuncia» recibido el día anterior, pero no detalla qué persona o qué entidad la presentó.

«Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia recibida el día 20 de septiembre de 2018 en relación con el Máster en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2010-2011, denuncia presentada ante este Juzgado de Instrucción 51 de Madrid en el seno de sus DP 886/2018, escrito de denuncia frente a doña Carmen Montón Giménez, del que se ha dado cuenta en el día de hoy», precisa la magistrada.

Que no lo ha denunciado la URJC, acusación particular en la causa, lo demuestra el hecho de que la Inspección de Servicios de la Universidad no ha dado aún por terminado el procedimiento de información reservada que inició en junio pasado a raíz de que se publicaran las primeras noticias que cuestionaban la legalidad con la que la entonces flamante ministra había obtenido su título de posgrado. Con la incoación de estas diligencias, la URJC tendrá que suspender su investigación interna al haberse ya judicializado esta rama del caso.

Al no formar parte ya del Ejecutivo y no tener acta ni de diputada ni de senadora, la ex ministra de Sanidad no goza ya de aforamiento y la juez de instancia sería competente para poder investigarla si apuntala los indicios de infracción penal que aprecia, aunque dicha investigación la podía asumir cualquier juzgado de instrucción de Plaza de Castilla.

La magistrada podría investigar a la ex ministra si apuntala sus indicios al haber perdido ésta la condición de aforada con su renuncia al cargo

De hecho, admitiendo que los hechos denunciados ahora no guardan relación con el objeto de la causa matriz -el máster en ‘Derecho Público del Estado Autonómico’, cursado por Casado en 2008-2009 y por Cifuentes en el 2011-2012- y en consecuencia no se pueden tramitar de manera conjunta, la juez Rodríguez-Medel invoca su competencia para investigar las presuntas irregularidades en los estudios de Montón. Para ello, esgrime los criterios establecidos en las Normas de reparto de asuntos entre los juzgados de Instrucción de Madrid, que, en el punto 8.b, dice: «Las querellas o denuncias conocidas ya por un Juzgado atraen la competencia sobre cualquier otra querella o denuncia presentada después por los mismos hechos».

La apertura de esta pieza separada se produce 21 días después de que eldiario.es desvelara que la entonces ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social había obtenido de forma presuntamente irregular un título de posgrado impartido por el organismo de la URJC investigado por los másteres de Cristina Cifuentes y Pablo Casado: el Instituto de Derecho Público (IDP), dirigido desde su creación por el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde. Éste es el principal investigado en la causa, que acumula ya cerca de una veintena de imputados.

El posgrado de la ex ministra

La instructora inicia la instrucción de esta pieza ordenando que se recabe la vida laboral de la ya ex ministra y requiriéndole a la URJC la entrega, antes del próximo 15 de octubre, de una amplia batería de documentación. Entre otros papeles, la magistrada quiere saber quién estaba al frente del Instituto de Derecho Público en el curso académico 2010-2011 (Enrique Álvarez Conde), quien dirigía el máster en ‘Estudios Interdisciplinares de Género de la URJC’ aquel año, cuál era el listado de asignaturas que componían dicho curso de posgrado, así como la identidad de los profesores que impartieron las materias.

La instructora aprecia indicios de la comisión de delitos de prevaricación y cohecho impropio, los mismos reproches que hace a Pablo Casado

Asimismo, la magistrada quiere conocer qué alumnos hicieron esos estudios en la citada promoción, la normativa de la URJC que reguló aquel máster y toda la documentación que obre en poder sobre el mismo, como peticiones de convalidación de asignaturas o de reconocimiento de créditos, actas de calificación y de defensas de TFM, resoluciones reconociendo créditos y correos electrónicos.

La apertura de este nuevo procedimiento centrado en los estudios de posgrado cursados por Carmen Montón se conocía horas después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo elevara un informe a la Sala Penal en el que rechaza la apertura de una causa contra Pablo Casado -aforado por su condición de diputado- por las irregularidades en su máster de la URJC en contra del criterio de la juez Rodríguez-Medel, que el pasado 6 de agosto instó al alto tribunal a investigar al presidente del PP como posible autor de delitos de prevaricación y cohecho impropio.

La titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid abrió esta pieza separada en el marco de la instrucción del caso Máster después de que el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, le aportara el pasado 14 de mayo tres actas de convalidación de asignaturas presuntamente falsificadas que demostrarían que, además de Cristina Cifuentes, otros nueve alumnos habrían recibido un trato de favor por su relevancia pública o relaciones de amistad. El periodista primero y después la juez en la exposición razonada elevada al Supremo han situado en el grupo de ‘estudiantes VIP’ a Casado.

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