Política

Las razones de Susana Díaz para adelantar las elecciones en Andalucía

La polémica de los 'puticlubs', la sentencia de los ERE o el lastre de Sánchez y su pacto con Podemos, sobre la mesa

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Las razones de Susana Díaz para adelantar las elecciones en Andalucía
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. EFE

Resumen:

Un «adelanto técnico». Así describía este lunes Susana Díaz el adelanto electoral que era desde hace meses un secreto a voces. Lo hacía minutos después de firmar el Real Decreto para disolver el Parlamento y convocar elecciones el 2 de diciembre, adelantándose unos meses a las autonómicas del resto de territorios. El afán de Díaz por marcar los tiempos y dibujar su propio calendario viene alentado por las diferencias que mantiene con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pero también para evitar el desgaste de causas abiertas durante su gestión en Andalucía.

Díaz ha planteado una «campaña en andaluz». Un proceso, dicho de otro modo, que no esté contaminado por problemas nacionales como el desafío independentista o las alianzas post electorales, dos asuntos en los que la andaluza ha marcado distancias con la línea oficial de Ferraz. El liderazgo de Pedro Sánchez al frente del PSOE supone un lastre para Díaz y sería uno de los principales motivos para el adelanto. Evitar la coincidencia de las andaluzas con las europeas, con fuerte carácter estatal, es clave para la presidenta de la Junta, replegada en el Palacio de San Telmo desde su derrota frente a Sánchez en las primarias socialistas.

Las alianzas de Sánchez para llegar a Moncloa, con partidos independentistas y con el partido de Pablo Iglesias, podrían comprometer el voto en Andalucía, de ahí el intento de la presidenta de marcar distancias con Ferraz, tanto en tiempo como en forma. Los comicios en diciembre dejarían al presidente de Gobierno en un segundo plano y alejaría los fantasmas de la coalición con Podemos, que genera cierto rechazo en el electorado socialista andaluz, que se presupone más conservador que en el resto del país y que ha avalado la tesis de Susana Díaz de ocupar el centro ideológico del tablero.

Pero más allá de las razones estratégicas está el corto plazo. Con la disolución de las Cortes, Susana Díaz ha conseguido varias cosas. La primera es que decaiga la comisión de investigación en el Parlamento Andaluz donde la presidenta tenía que acudir a declarar para explicar los gastos de la Faffe, la fundación de la Junta de Andalucía destinada a formación de parados que en realidad tenía fines muy distintos, escondiendo un entramado de contratos irregulares y pagos de clubs de alterne por parte de directivos. Con el adelanto electoral, Susana Díaz evitará el interrogatorio en Andalucía sobre estos asuntos, aunque no se librará de comparecer en noviembre en el Senado, donde el PP le ha llamado para explicar el caso de los ERE.

Y precisamente la trama de la Faffe sería otro de los motivos de Díaz convocar precipitadamente la reunión de su Gobierno y anunciar el adelanto. Este mismo lunes ha salido a la luz un atestado de la UCO en el que se recoge un gasto con tres tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) de 31.969 euros en doce “juergas” en cinco puticlubs de Sevilla, Córdoba y Cádiz, al que se suma otro pago en efectivo. Un total de 43 pagos con tarjeta entre 2004 y 2009 que han puesto al Gobierno andaluz contra las cuerdas este lunes. El anuncio de Susana Díaz ha servido para quitar esta polémica del foco mediático y que el adelanto se sitúe en el primer plano nacional.

El caso de los ERE es otra de las losas que pesan sobre Díez, y también ha influido en esta decisión. Las prejubilaciones ilegales y comisiones fraudulentas cargadas al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) dependiente de la Consejería de Empleo, convertido después en la Agencia IDEA, que recibía más de 700 millones de euros públicos, provocaron la apertura en 2011 de una macrocausa que tiene en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Después de ocho años de instrucción, la causa quedará vista para final de este año y la sentencia estará en tres o cuatro meses, coincidiendo con las autonómicas. Aunque desde el PSOE andaluz señalan que dan este caso por amortizado, una sentencia dura podría hacer saltar por los aires la campaña electoral de Susana Díaz, que ha preferido ahorrarse el riesgo y alterar el calendario.