La Oficina Antifraude de Cataluña contrató los servicios de una empresa controlada por el comisario José Manuel Villarejo un año antes de que tuvieran lugar las grabaciones de dos reuniones que su entonces director, Daniel de Alfonso, mantuvo con el ex ministro del PP Jorge Fernández Díaz en las dependencias de Interior. Esas cintas se difundieron dos años después, coincidiendo con la recta final de la campaña electoral de las generales celebradas el 26 de junio de 2016.

Según la documentación que obra en poder de El Independiente, Servicios de Investigación y Detección SL -una de las sociedades vinculadas al polémico policía ya jubilado- realizó un trabajo para la Oficina Antifraude de Cataluña en el otoño de 2013. La factura importó 5.850 euros (más 1.228,50 euros de IVA) y está fechada concretamente el 15 de octubre de 2013.

En concreto, Servicios de Investigación y Detección llevó a cabo un barrido -“análisis telefónico y radioeléctrico”, se detalla literalmente en el concepto- en el vehículo oficial que utilizaba Daniel de Alfonso y en los despachos de éste tanto en la oficina como en su propia vivienda a fin de detectar si estaba siendo espiado. El cliente abonó el servicio mediante una transferencia realizada a una cuenta de la empresa en la sucursal de Caixabank en la madrileña calle de Hermanos García-Noblejas, rotulada por el gobierno de Manuela Carmena como avenida de la Institución Libre de Enseñanza.

Factura emitida por Servicios de Investigación y Detección SL por servicios prestados a la Oficina Antifraude de Cataluña.

Factura emitida por Servicios de Investigación y Detección SL por servicios prestados a la Oficina Antifraude de Cataluña.

A preguntas de este diario, De Alfonso ha reconocido que fue él quien propuso la contratación de una empresa especializada en este tipo de servicios ante su convencimiento -por las prevenciones que adoptaba- de que alguien había entrado en su domicilio semanas antes. El ex director de la Oficina Antifraude ha asegurado que se pidieron “varios presupuestos” y que de la contratación se encargó la dirección de Prevención.

La empresa hizo un barrido en los despachos y el vehículo oficial de Daniel de Alfonso ante la sospecha de éste de que estaba siendo espiado

“No conozco personalmente a Villarejo. Contratamos a una empresa en la que estaba un ex policía nacional. Teníamos alguna sospecha porque alguien nos dijo que nos estaban mirando y propuse que se hiciera un barrido porque no se había hecho cuando yo entré en la oficina”, asegura Daniel de Alfonso. El resultado fue negativo: “Nos dijeron que no habían encontrado nada, ni en los despachos ni en el vehículo”.

El ex ministro espiado

El hoy titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Santander no recuerda el nombre del policía, pero la referencia correspondería a Antonio Giménez Raso. Este funcionario del Cuerpo Nacional de Policía -en situación administrativa de segunda actividad durante años- fue nombrado apoderado de Servicios de Investigación y Detección meses después de que la empresa comenzara a operar el 10 de enero de 2008.

Con posterioridad, Giménez Raso ejerció como administrador mancomunado junto al abogado Rafael Redondo -socio de Villarejo e imputado en el caso Tándem– hasta su cese en junio de 2014, según la información que consta en el Registro Mercantil. A principios de 2017, Servicios de Investigación y Detección fue absorbida por Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), matriz del grupo e investigada por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por facturar servicios privados mientras el polémico agente continuaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía.

Servicios de Investigación y Detección llevó a cabo el trabajo justo un año de que tuviera lugar la grabación de las reuniones que De Alfonso mantuvo con Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y en las que hablaron sobre investigaciones que afectaban a políticos independentistas catalanes, como Francesc Homs y familiares de Felip Puig. Esos encuentros se celebraron el 2 y el 16 de octubre de 2014 -en vísperas de la consulta soberanista del 9-N- y su contenido se mantuvo en secreto hasta su difusión por parte del diario Público en vísperas de la jornada electoral del 26 de junio de 2016.

De Alfonso niega conocer a Villarejo y dice que, tras pedir varios presupuestos, contrataron a una empresa “en la que estaba un ex policía nacional”

Como publicó este diario, el entonces titular de Interior autorizó la instalación de un dispositivo para grabar las conversaciones que se producían en su despacho ministerial, lo que Fernández Díaz siempre ha negado. “Va contra la lógica que si lo hubiera sabido no hubiera destruido la cinta [de sus encuentros con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña] y que hubiera dicho lo que dijo. Se estaban adoptando medidas para evitar que las conversaciones se pudieran grabar y estaba convencido de que esas medidas se habían tomado”, señalaron fuentes próximas al ministro.

En una entrevista concedida a este diario, De Alfonso justificó aquellas reuniones en su interés por ganarse “la confianza del ministro”. “Nosotros estábamos investigando cosas en el extranjero, incluido algún paraíso fiscal. Y yo no tenía ni dinero ni medios para indagarlo. Si me dejaban tres o cuatro policías que se pudieran desplazar me venía muy bien para acabar investigaciones”, justificó entonces.

Quién filtró las grabaciones

Cuando el 5 de abril de 2017 declaró en la comisión de investigación que se constituyó en el Congreso de los Diputados para indagar en el uso partidista de medios de Interior para desacreditar a políticos de otras formaciones durante la etapa de Fernández Díaz, el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña expresó sus dudas acerca de la posibilidad de que las cintas se hubieran difundido “desde dentro” del Ministerio del Interior y, sin dar nombres, responsabilizó de la comisión de un delito de revelación de secretos a la persona encargada de la custodia de las cintas.

Con los votos a favor de Junts pel Sí, Ciudadanos, PSC, Cataluña Sí que es Pot y la CUP, el Parlamento catalán acordó el 29 de junio de 2016 la destitución de Daniel de Alfonso por un “notorio y grave incumplimiento de los deberes y obligaciones”, derivado del contenido de sus conversaciones con el ministro del Interior. De Alfonso ocupaba el cargo de director de la Oficina Antifraude de Cataluña desde el 21 de julio de 2011, cuando sustituyó al fallecido David Martínez Madero.