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Gibraltar: el “triple blindaje” logrado por Sánchez tiene un dudoso valor jurídico

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Gibraltar: el “triple blindaje” logrado por Sánchez tiene un dudoso valor jurídico
Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras la cumbre del Brexit en Bruselas.

Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras la cumbre del Brexit en Bruselas. EFE

Resumen:

Si Pedro Sánchez afirma con rotundidad que “con el Brexit perdemos todos, especialmente el Reino Unido, pero en relación a Gibraltar, España gana“; y, a continuación, escuchamos a la primera ministra británica, Theresa May, asegurar de forma no menos enfática que “la posición de Londres respecto a Gibraltar no cambia, ni cambiará en nada”, ¿ustedes a quién de los dos cree?

Antes de contestar, repasemos lo sucedido en los últimos días, que no es precisamente algo de lo que la diplomacia española pueda sentirse orgullosa.

El jueves 15 de noviembre, el secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano, calificó de “éxito” el acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre el Brexit. El día anterior, 14 de noviembre, se había distribuido entre los 27 países miembros de la Unión el documento de 585 páginas donde se plasmaba dicho acuerdo. Pero a Aguiriano, y a España, Michel Barnier, el negociador europeo sobre el Brexit, le había metido un gol por la escuadra sin que éste se hubiera enterado. En ese mamotreto se incluía el sorpresivo artículo 184 (de un total de 185) que establecía el respeto pleno a los “ordenamientos legales”, lo que, unido al artículo 3, en el que se incluye a Gibraltar como parte del Reino Unido, significaba, en la práctica, establecer una situación de hecho que dejaba a España al margen de la negociación futura que afectase al peñón. Es decir, que España tendría que aceptar lo que decidieran el Reino Unido y la Unión Europea sobre la roca, cedida a Londres en 1713 en virtud del Tratado de Utrecht.

Por fortuna, el documento llegó a manos del jefe de la Abogacía del Estado de Exteriores, que detectó el agujero que representaba el artículo 184. Pero eso no sucedió hasta el fin de semana, cuando tanto el ministro Josep Borrell, como el presidente Sánchez fueron alertados del peligro que corría España si no reaccionaba pronto, dado que la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE en la que estaba previsto ratificar el acuerdo de ruptura con el Reino Unido se iba a celebrar el 25 de noviembre. Quedaba sólo una semana y no había tiempo que perder.

El secretario de Estado no se enteró de lo que significaba el artículo 184 hasta que no le advirtió la Abogacía del Estado

Aunque algunas fuentes intentan desviar la atención y culpan a la Abogacía del Estado de actuar con cierta lentitud (este Gobierno tiene cierta debilidad por dejar en mal lugar a la Abogacía del Estado), la verdad es que la metedura de pata es atribuible a Aguiriano, y así se le hizo saber de forma airada desde el propio Gobierno.

El lunes, desde primera hora, Borrell dejó abierta la puerta al veto de España sino se producía una rectificación. España pretendía eliminar el dichoso artículo 184 del que Barnier no informó a España, pero del que sí tenían conocimiento tanto el gobierno británico como el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo ¿No es acaso lamentable que un funcionario de tercer nivel tenga más información que el gobierno de uno de los países más relevantes de la UE?

Los intereses estaban encontrados y el reloj corría contra los españoles. Bruselas quería llegar a la cumbre sin sobresaltos y May no se podía permitir el lujo de que el borrador al que había dado su apoyo fuera rechazado por el veto español en relación a Gibraltar.

Sánchez tuvo que involucrarse en el asunto porque si Bruselas no percibía que la amenaza era real, lo más probable es que intentara llegar al domingo con un compromiso formal con España y poco más.

Como mucho, España vuelve a la situación del Consejo Europeo de abril de 2017, con prioridad en los acuerdos entre la UE y el Reino Unido

El Gobierno tensó la cuerda al máximo y, también por fortuna, la canciller alemana Angela Merkel entró en acción en amparo de España advirtiendo de que si había veto, Alemania no asistiría a la cumbre del Consejo Europeo.

El sábado se desatascó el embrollo con una solución que Sánchez ha vendido como un triunfo, pero que, en realidad, no supone ningún cambio sustancial sobre lo que ya se había conseguido. El “triple blindaje” al que ha hecho referencia Sánchez es una declaración de los 27 (Donald Tusk) y otra declaración de la Comisión ( Jean-Claude Juncker) en el sentido de que los temas relacionados con Gibraltar necesitarán del visto bueno previo por parte de España. El tercer blindaje es menos sólido: Reino Unido se da por enterado de esas dos declaraciones, en una carta del embajador ante la UE, Timothy Barrow, pero nada más. Esas tres declaraciones tienen, sin duda, un valor político, pero un dudoso valor jurídico, según diversas fuentes consultadas.

Como mucho, España habría logrado que se respetara lo que ya se acordó en el Consejo Europeo del 27 de abril de 2017, en cuyas líneas maestras se advertía de que “cualquier acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea y el Reino Unido debe contar con la anuencia de España”.

El éxito sin precedentes, la victoria que encarrilará un conflicto de 300 años, en valoración del presidente del Gobierno, se queda, como mucho, en un cumplimiento de un compromiso que ya logró el Gobierno anterior.

El riesgo es que demos pasos atrás irreversibles. Hasta ahora, la UE y el Tribunal Europeo consideraban a Gibraltar como una colonia. En un extenso artículo publicado en la revista de Exteriores Colección Escuela Diplomática (abril de 2017), el abogado jefe del Estado jefe Miguel Sampol Pucurull afirmaba: “El Tribunal de Justicia no ha reconocido a Gibraltar el estatuto de actor privilegiado como es el caso de un Estado miembro, ni tampoco lo ha considerado como un ente especial a efectos de interposición de recursos. Por el contrario, en sus pronunciamientos, incluido el más reciente, el Tribunal ha afirmado que se trata de una colonia británica que no forma parte del Reino Unido y ha reconocido que existe una controversia territorial de soberanía”.

¿Cambiará dicha consideración de Gibraltar como “colonia británica” el Tribunal Europeo a partir del acuerdo de ruptura que se acaba de ratificar en base a una interpretación literal del artículo 184? Eso debería preocuparle a España, mucho más que celebrar una victoria que no ha sido tal.

Ahora ya pueden contestar a la pregunta que del principio de este artículo.