Política QUERELLA POR REVELACIÓN DE SECRETOS

Cifuentes pide que declare la ex gerente de la URJC que ordenó el pantallazo de sus notas

La ex presidenta madrileña reclama al juez que cite también como testigos a los empleados de la Universidad que señalaron a Sánchez Magdaleno como la persona que les pidió información sobre el cambio de notas en el máster de la ex dirigente del PP

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Cifuentes pide que declare la ex gerente de la URJC que ordenó el pantallazo de sus notas
Cristina Cifuentes, el día que anunció su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cristina Cifuentes, el día que anunció su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. EP

Resumen:

Cristina Cifuentes ha pedido al juez que instruye la querella contra los dos periodistas de eldiario.es que desvelaron las irregularidades en la obtención de su título de máster que cite a declarar con obligación de decir verdad a la ex gerente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Teresa Sánchez Magdaleno, señalada en sede judicial por varios trabajadores como la persona que dio la orden de hacer las capturas de pantalla al expediente académico de la ex dirigente del PP.

La defensa de Cifuentes ha presentado este martes un escrito de alegaciones ante el titular del Juzgado de Instrucción 29 de Madrid en el que pide la práctica de diversas diligencias antes de que el instructor dé por terminada la investigación y transforme las diligencias previas que abrió por la posible comisión de un delito de revelación de secretos en procedimiento abreviado. Será entonces el momento procesal en que las partes tendrán que presentar escritos de acusación para que se enjuicien los hechos o el sobreseimiento de la causa.

El abogado de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid pide al juez que requiera a la magistrada del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, copia de la información aportada por la URJC en dicho procedimiento en relación con la «filtración de documentos» que luego sustentaron la denuncia periodística.

En concreto, reclama que se incorporen las declaraciones judiciales de Sánchez Magdaleno; el director de Tecnología de la Información, Juan Manuel D.; las jefas de servicio Irene C. y Victoria V. y el informático responsable de la aplicación de gestión académica, Javier P., así como que se cite a estas cinco personas en calidad de testigos para que ratifiquen sus manifestaciones. El letrado advierte de que, en función de cómo transcurran los interrogatorios, podría solicitar que la condición procesal pasara de testigo a investigado en algún caso.

La ex presidenta reclama también que se cite como testigos a los empleados de la Universidad que, en sede judicial, señalaron a Sánchez Magdaleno

Victoria V.C. -jefa de servicio de Gestión Académica y Alumnos de la URJC- compareció en calidad de testigo el pasado 30 de mayo ante la juez Rodríguez-Medel y explicó que, el 9 de febrero de 2017, Sánchez Magdaleno la llamó a su despacho para preguntarle si podía verificar que la funcionaria Amalia Calonge había modificado las calificaciones de dos asignaturas de un máster y ella le respondió que esa información sólo podía conseguirla un informático. La directiva le instó a que la pidiera y que fuera «muy discreta».

Como ya informó El Independiente, la empleada detalló que «se lo envío por e-mail», sin que aquélla le especificara por qué necesitaba dichos datos pero sí le hizo un comentario que llamó la atención de la magistrada Rodríguez-Medel: «Dijo que Cristina Cifuentes no se había portado bien con Fernando».

‘Fernando’ es Fernando Suárez Bilbao, ex rector de la URJC que no pudo presentarse a la reelección en marzo de 2017 tras descubrirse que había plagiado textos. Fue él quien promocionó el 25 de julio de 2013 a Sánchez Magdaleno a la Gerencia General, cargo del que fue destituida el 8 de febrero de 2018 por el actual rector (Javier Ramos). Fue 41 días antes de que estallara el escándalo del máster de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

En ese correo electrónico, enviado el mismo 9 de febrero, la funcionaria confirmaba que, tras «revisar los datos en el sistema informático», el usuario ‘ACALONGE’ (Amalia Calonge) cambió a las 17.49 y 17.50 horas del 23 de octubre de 2014 las calificaciones en el expediente de Cristina Cifuentes de las asignaturas La financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales y el Trabajo Fin de Máster (TFM), que pasaron de ‘No presentada’ a notable (7.5).

Pantallazo del sistema informático de la URJC.

Correo electrónico que la jefa de servicio envió a la entonces gerente con información sobre la modificación de las notas de Cifuentes.

Al día siguiente de remitirle ese e-mail, la gerente general pidió a esta jefa de servicio un «informe completo» y también tomó precauciones: le dijo a su subordinada que se lo entregara «en mano», con lo que no quedaba rastro documental alguno de la petición. Y hubo una tercera vez en la que pidió la misma información, pero en esa ocasión esta jefa de servicio se negó ya a entregársela porque había dejado ya de ser la gerente general.

Temor a que desapareciera el título

Por su parte, la jefa de servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas de la URJC, Irene C.M., también reconoció el pasado 30 de mayo que la ex gerente le pidió «contundemente» el título de máster de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid y que eso «nunca» lo hacía. Esta testigo también confesó que guardó «bajo llaves» el título de Cifuentes por temor a que «desapareciera», después del inusual interés que habían demostrado Sánchez Magdaleno y el ex vicerrector de Estudiantes José Ramón Monrobel.

«Cuando me preguntaron varias veces… Por prudencia lo cogí. Tenemos un armario muy grande hecho a medida con llave para guardar los títulos. Lo retiré y lo sabía la jefa de sección y mi compañera Victoria V. Les dije dónde estaba guardado en mi despacho, en un armario bajo llave dentro de un rulo para que no se deteriorara. Lo hice para tener la seguridad de que ese título estuviera cuando viniera esa persona. Prudencia mía. En el servicio entra mucha gente y yo me quedaba más a gusto guardándolo. Lo comuniqué porque si yo en algún momento no estaba en la Universidad y venía la interesada pudiera recepcionarlo», contó.

Durante el procedimiento de información reservado iniciado por la URJC tras conocerse las irregularidades, el informático Javier P. compareció ante la instructora de la investigación interna y reconoció que fue quien en febrero de 2017 hizo la captura de pantalla sobre las calificaciones de Cifuentes antes y después de la modificación y sobre los pagos que ésta había realizado como alumna del máster ‘Derecho Público del Estado Autonómico’, las dos pruebas clave que apuntalaban la acusación de que la ex delegada del Gobierno en Madrid obtuvo este título de posgrado de manera irregular. También admitió que los pantallazos coinciden con los publicadas por la prensa.

Interrogatorios «de vital importancia»

«Me lo pidió mi jefa de servicio (Victoria V.C.) por indicación de la gerente, que en ese momento era Teresa Sánchez Magdaleno”, respondió el funcionario a la pregunta de por qué lo hizo. Así se detalla en el acta de su comparecencia, aportada por la Universidad a la causa en la que pide cuatro años de prisión para la ex presidenta de la Comunidad de Madrid como autora de un delito de falsificación de documento público.

La defensa de Cristina Cifuentes considera que los interrogatorios solicitados son «de vital importancia» para el esclarecimiento de los hechos que se investigan en este procedimiento y su denegación supondría una «vulneración flagrante del derecho a utilizar los medios de prueba» que le asiste a su representada y una «violación o debilitamiento de los principios de inmediación y contradicción».

Los periodistas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique declararon en calidad de imputados el pasado 7 de septiembre ante el titular del Juzgado de Instrucción 29 de Madrid y, acogiéndose a su derecho constitucional, rechazaron revelar las fuentes que le proporcionaron la información para desvelar el escándalo del máster de Cifuentes. A la conclusión, los informadores mostraron su sorpresa por el hecho de que la Fiscalía se hubiera sumado a la defensa de la ex presidenta en el interrogatorio sobre las fuentes.