Política

La URJC pide cuatro años de prisión para Cristina Cifuentes por el ‘caso Máster’

La ex presidenta "dio instrucciones" a la asesora Feito para que "ocultara" que no había elaborado el TFM, según mantiene la Universidad en su escrito de acusación / Considera que la ex política es autora de un delito de falsificación de documento público

logo
La URJC pide cuatro años de prisión para Cristina Cifuentes por el ‘caso Máster’
Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid. EFE

Resumen:

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) solicita una pena de cuatro años de prisión para Cristina Cifuentes como autora de un delito de falsificación de documento público, derivado de la ‘fabricación’ del acta con el que se pretendió aparentar que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid defendió y superó el Trabajo Fin de Máster (TFM) en un acto celebrado el 2 de julio de 2012.

Así lo pide el abogado que ejerce la acusación particular de la URJC en el caso Máster en el escrito de conclusiones provisionales -al que ha tenido acceso El Independiente- después de que la juez diera por terminada la instrucción el pasado 28 de noviembre tras seis meses de pesquisas. Se trata de la misma pena que solicita para los otros tres acusados en la causa: el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, director del instituto de la URJC que impartía el máster y tutor del TFM de Cifuentes; la ex asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito y Cecilia Rosado, la profesora que reconstruyó el acta a instancias de Álvarez Conde.

La petición de la universidad incluye pena inhabilitación especial por tiempo de seis años para ejercer cualquier empleo o cargo público en cualquier administración, e incapacidad para obtener el mismo empleo u otro análogo de las administraciones. La imputación ya le obligó a poner fin de forma anticipada a Cifuentes, uno de los dirigentes del PP que tenía más proyección dentro de la formación conservadora.

De acuerdo con el relato de hechos que hace la URJC, Cifuentes “dio instrucciones” a la asesora María Teresa Feito para que “ocultara” que no había realizado el obligatorio TFM, una de las asignaturas que los alumnos debían aprobar obligatoriamente para poder tener acceso al título de posgrado en ‘Derecho Público del Estado Autonómico’.

La Universidad cree que, con el fin de “evitarle perjuicios” a la entonces jefa del Ejecutivo madrileño, Feito “instó” a Enrique Álvarez Conde a que “creara o diera instrucciones para crear” la documentación necesaria que justificara que Cristina Cifuentes “había cursado el máster con normalidad” y que había “superado” todos los trámites necesarios, incluida la defensa del trabajo.

Cristina Cifuentes “dio instrucciones” a la asesora Feito para que “ocultara” que no había realizado el obligatorio TFM, según sostiene la Universidad

“Con intención de ocultar las irregularidades en el máster de doña Cristina Cifuentes, don Enrique Álvarez Conde se puso en contacto telefónico con doña Cecilia Rosado Villaverde, que había sido una de sus discípulas y trabajaba como personal laboral en la universidad, indicándole que procediera a elaborar ese mismo día un acta falsa de defensa del trabajo fin de máster de doña Cristina, acto que doña Cecilia realizó mediante la invención de la fecha, título del trabajo y composición del tribunal, remitiéndola por correo electrónico al rector de la URJC, Javier Ramos, en nombre de don Enrique para así crear apariencia de verosimilitud en dicho documento”, añade.

Siguiendo instrucciones del catedrático, la profesora Rosado simuló la firma de las dos profesoras -Alicia López de los Mozos y Clara Souto- que integraron supuestamente el tribunal ante la que la entonces delegada del Gobierno en Madrid defendió su TFM, la primera como secretaria y la segunda como vocal. La URJC recuerda que, el mismo día que estalló el escándalo, la asesora Feito llamó “insistentemente” a Cecilia Rosado con la “finalidad de elaboración del acta falsa” y para que “redactara el trabajo en sí”, a lo que la docente se negó.

Con la fabricación de dicha acta se facilitó una coartada a Cifuentes, que la misma tarde en que eldiario.es desveló las irregularidades de su máster difundió a la prensa para tratar de demostrar que había elaborado el trabajo y que lo había defendido el 2 de julio de 2012. Fue también el acta que la presidenta madrileña exhibió cuando compareció en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones ante los requerimientos de la oposición.

“La acusada doña Cristina Cifuentes efectuó exhibición pública del acta falsificada a sabiendas de que en la misma constaba la composición de un tribunal y la realización de la defensa del máster el 2 de julio de 2.012 y de que dicho tribunal no fue conformado y la defensa, por tanto, no fue realizada”, sostiene la URJC.

Para el acto del juicio oral, esta acusación pide que se cite como testigos a 14 personas vinculadas a la universidad madrileña, entre ellas el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken; el rector de la URJC, Javier Ramos; los profesores López de los Mozos y Pablo Chico, y la funcionaria Amalia Calonge.

La URJC también pide la comparecencia de los agentes del departamento de Grafística del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para que ratifiquen el informe aportado al juzgado durante la fase de instrucción en el que se acreditaba que las firmas de las docentes López de los Mozos y Clara Souto fueron falsificadas.