Una estela de represión y muerte está dejando el régimen chavista en su pulso con la población civil y los opositores que quieren que el país inicie su rumbo hacia la democracia. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha dado a conocer el trágico balance de las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro desde el 23 de enero, cuando Juan Guaidó asumió como presidente “encargado” del país. De las 850 personas arrestadas entre el lunes y el sábado de la semana pasada, 77 son menores.

El miércoles 23 de enero, cuando se celebraron concentraciones en todo el país para reclamar el cambio hacia la democracia, las fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron a 696 personas, un triste récord en los 20 años de poder chavista. El 23E se conmemora en Venezuela la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 1958.

El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Robert Colville, ha señalado en rueda de prensa que “más de 40 personas” han sido asesinadas en estos días cruciales. Once murieron en incidentes relacionados con saqueos y también perdió la vida un miembro de la Guardia Bolivariana en Monagas, según informa la agencia AP.

Estos datos coinciden con los que ha dado conocer en Caracas la ONG Coalición por los Derechos Humanos que ha denunciado que más de 80 niños han sido apresados en las manifestaciones que empezaron el 21 de enero.

Fue ese día cuando un grupo de soldados de Cotiza, en la parroquia de San José, se levantaron contra Maduro. Fueron arrestados. Los vecinos salieron a las calles a solidarizarse con su gesto contra el régimen.

“Los defensores de derechos humanos estamos colapsados”, reconocía la abogada Ana Leonor Acosta, al dar cuenta de esta represión masiva. “Los números cambian cada minuto”, añadía. Acosta explicó a los medios en Caracas que habían recibido denuncias de arrestos a niños con cáncer y con síndrome de Down, en el estado venezolano de Cojedes. Muchos tienen entre 12 y 15 años.

De acuerdo a la legislación venezolana un menor de 12 años no puede estar encarcelado. La diputada Delia Solórzano ha denunciado estos abusos del régimen. El temor es que los arrestados estén padeciendo torturas.

Una juez de primera instancia de Yaracuy, Eiluh Guedez, ha reconocido que recibió presiones de sus superiores para que dictara privativa de libertad a 11 adolescentes. Le avisaron que se estaban manifestando y dictó libertad. Pero, según reconoce ahora, le forzaron a encarcelarles.

Un total de 86 ONG, entre ellas la Coalición por Derechos Humanos, han denunciado estos abusos que están sufriendo los menores, y acusa a Guédez de no haberles protegido de inmediato, como era su obligación.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha instado a la Alta Comisaria de Derechos Humanos de la ONU, la ex presidente chilena Michelle Bachelet a que visita cuanto antes el país. Asimismo ha asegurado que los jueces, fiscales, y oficiales implicados en esta represión serán investigados y tendrán su castigo. “Amnistía sí, impunidad nunca”.