Política

LA CONCENTRACIÓN DEL 10-F

Miles de personas claman contra Sánchez en Madrid: "La unidad nacional no se negocia"

Dura censura al presidente del Gobierno por "humillar" al Estado con sus "cesiones intolerables" al independentismo catalán y exigencia de convocatoria "inmediata" de elecciones para que los ciudadanos "puedan decidir su futuro"

Concentración en Colón en febrero de 2019 en defensa de la Constitución.

Concentración en Colón en febrero de 2019 en defensa de la Constitución.

Miles de personas se han concentrado este domingo en la madrileña Plaza de Colón en defensa de la unidad de España y para demandar la celebración de elecciones a Pedro Sánchez por sus "constantes e intolerables cesiones" al independentismo catalán. "La unidad nacional no se negocia", proclama el manifiesto que se ha leído durante el acto.

En vísperas del inicio del juicio contra los líderes sececionistas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox han hecho hoy una demostración de fuerza al movilizar a miles de personas -muchas procedentes de otros puntos del país en autobuses fletados por los propios partidos- para presionar al presidente del Ejecutivo a que dé por acabada la legislatura y convoque a las urnas por su política con Cataluña. El acto central de la manifestación ha sido la lectura de un manifiesto de unos 14 minutos de duración por parte de los periodistas Carlos Cuesta, María Claver y Albert Castillón -estos han terminando gritando "¡Viva la Constitución!" y "¡Viva España"- en el que se han repetido las palabras "humillación", "traición" y "concesión".

A la hora en que miles de banderas de España inundaban la Plaza de Colón, Pedro Sánchez se encontraba a 424 kilómetros de distancia. El jefe del Ejecutivo, que en la víspera había afirmado que en la manifestación convocada para este domingo en Madrid se iba a ver la España "en blanco y negro", arropaba en Santander al candidato del PSOE a la Alcaldía en las próximas elecciones de mayo.

El manifiesto supone una dura censura a la política de Sánchez con Cataluña desde que llegó a La Moncloa hace ocho meses, alcanzándose la máxima temperatura esta semana tras conocerse que el Gobierno estaba dispuesto a aceptar la figura de un relator o mediador en sus negociaciones con los dirigentes independentistas. El rechazo no sólo lo ha expresado la oposición. Destacados ex dirigentes socialistas, como Felipe González y Alfonso Guerra, y relevantes barones de su propio partido -como Emiliano García-Page y Javier Lambán- también se han manifestado abiertamente en contra.

"Queremos mostrar nuestro enérgico rechazo a la traición perpetrada por el Gobierno de España en Cataluña", detalla el texto, en el que se denuncia la "humillación" sin precedentes que ha sufrido el Estado tras meses de "constantes cesiones intolerables" por parte de Sánchez a los independentistas. "El Gobierno de Pedro Sánchez decidió dar una puñalada por la espalda a la ley y la Justicia, aceptando los términos y exigencias impuestos por el presidente de la Generalitat", añade.

Pedro Sánchez decidió dar una puñalada por la espalda a la ley y la Justicia, aceptando los términos y las exigencias impuestas por el presidente de la Generalitat"

El desencadenante de la convocatoria de la manifestación fue la aceptación por parte del Ejecutivo socialista de la figura de un relator o mediador en el marco de las negociaciones que Madrid ha venido manteniendo con el Govern para tratar de buscar una solución al problema político de Cataluña. Esas conversaciones se llevaban a cabo mientras el Gobierno de Sánchez ha intentado convencer al PDeCat y a ERC para que aprueben los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, clave para que la legislatura pueda prolongarse hasta 2020.

"El Gobierno ha cedido al chantaje de aquellos que quieren destruir la convivencia ciudadana en nuestro país y ha renunciado a defender la dignidad de los españoles con el único objetivo de mantenerse en el poder", detalla el manifiesto, cuya lectura ha sido interrumpida en numerosas ocasiones por parte de los presentes con gritos de "¡España, España!" y enarbolando banderas rojigualdas.

Como prueba de esas "concesiones", el documento denuncia que Pedro Sánchez aceptara recibir al presidente de la Generalitat luciendo en la solapa de su chaqueta el lazo amarillo, símbolo que los independentistas han popularizado como gesto de solidaridad con los dirigentes secesionistas encarcelados y posteriormente procesados por su desafío a la Constitución. Y también que aceptara el traslado de los políticos presos a la cárcel de Lledoners (Barcelona), decisión que autorizó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena cuando terminó la fase de instrucción y a la espera de que se iniciara el juicio.

"Bilateralidad entre iguales"

También se ha criticado que Sánchez aceptara "la bilateralidad entre iguales" en la reunión que mantuvo con Quim Torra en el Palacio de Pedralbes el pasado 20 de diciembre con motivo de la celebración de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, que "torciera" el criterio jurídico de la Abogacía del Estado para que no acusara por rebelión a los líderes independentistas frente a la tesis mantenida hasta entonces, que admitiera las "21 exigencias del secesionismo", que iniciara negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado "ofreciendo a cambio la soberanía nacional" y que estuviera dispuesto a aceptar la presencia de mediadores. "Cedió en todas y cada una de las ocasiones en las que debería haber defendido la dignidad de los españoles ante quienes quieren acabar con nuestra democracia y nuestro orden constitucional", añade.

Defensa de la Constitución

El manifiesto acusa al Ejecutivo de "renunciar a preservar la unidad nacional" y de poner en "serio riesgo" la vigencia de la Constitución en vez de "defenderla", como es su "obligación". "Pero los españoles no estamos dispuestos a renunciar a ella, ni a la convivencia de la que llevamos disfrutando durante cuatro décadas, basada en la solidaridad entre los españoles y en la libertad. El Gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en riesgo estos tres pilares esenciales, haciendo peligrar así la obra de miles de millones de españoles que esforzándose por entenderse nos legaron una de las democracias plenas que existen en el mundo", agrega.

En España nadie está por encima de nadie. En España, todos los españoles son iguales en derechos y deberes. Esta igualdad no depende del Gobierno ni de un Parlamento"

Según la Policía Nacional, unas 45.000 personas han llenado la Plaza de Colón y sus alrededores, doblando las previsiones de los partidos políticos que promovieron su convocatoria a mitad de semana (aquéllos elevan la asistencia a 200.000 personas). Según el manifiesto, sin estar físicamente, en el acto también han estado todos aquellos españoles que quieren "una España constitucional, una España unidad y una España en libertad" y que muestran su "hartazgo" ante la "deriva suicida" del Gobierno de Pedro Sánchez.

El manifiesto hace una encendida defensa de la Constitución de 1978 como "marco de convivencia y como fundamento de nuestra democracia" y niega legitimidad al Gobierno para "negociar con la soberanía nacional", que, como proclama la Carta Magna en el artículo 1, "reside en el pueblo español". "Dentro de la Constitución todo tiene cabida, fuera de ella nada es ni será nunca aceptable", defiende el documento, que lanza también un mensaje de apoyo a los jueces por la "presión" que sufren desde hace meses por el independentismo.

"Decidir su futuro"

El texto también proclama la "igualdad" de todos los ciudadanos ante la ley y el "principio de solidaridad" entre las comunidades autónomas. "En España nadie está por encima de nadie. En España, todos los españoles son iguales en derechos y deberes. Esta igualdad no depende de un Gobierno ni de un Parlamento. Esta igualdad pertenece a los españoles y es siempre inalienable", razona.

El manifiesto proclama la disposición de una gran parte de la sociedad a "no tolerar más traiciones ni concesiones" a los que quieren "destruir nuestra patria", por lo que demanda al presidente del Gobierno la convocatoria "inmediata" de elecciones para que todos los españoles "puedan decidir su futuro".

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