Manifestación en favor de la equiparación salarial de policías y guardias civiles en el centro de Madrid en noviembre de 2017.

Manifestación en favor de la equiparación salarial de policías y guardias civiles en el centro de Madrid en noviembre de 2017. EP

Política

La equiparación salarial entra de lleno en la campaña del 28-A

A tres semanas de la cita, Jusapol quiere hacer una exhibición de músculo este sábado en Madrid movilizando a miles de personas / La gestión del acuerdo heredado de Zoido desgasta la imagen de Marlaska, cabeza de lista del PSOE por Cádiz

A tres semanas del 28-A, la equiparación efectiva de las nóminas de los policías nacionales y los guardias civiles con las de los Mossos d’Esquadra entra de lleno en la campaña de las elecciones generales. A la manifestación convocada este sábado en Madrid por Jusapol -la asociación que impulsó en la calle esta reivindicación y que considera insuficiente el dinero que comprometió el Gobierno de Rajoy- se suman ahora las dudas que proyecta el actual equipo del Ministerio del Interior sobre la materialización del acuerdo firmado hace un año, como sugiere el hecho de que haya pedido un dictamen al Consejo de Estado para conocer el «grado de vinculación jurídica» que tiene.

El 12 de marzo de 2018, dos meses y medio antes de que prosperara la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa e hizo presidente a Pedro Sánchez, el popular Juan Ignacio Zoido firmó un acuerdo con sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil para recortar la brecha salarial con los mossos. Fue meses después del desplazamiento de efectivos a Cataluña que ordenó Interior ante el desafío independentista, lo que generó una ola de simpatía en gran parte de la ciudadanía hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la intervención realizada aquellas semanas frente a la inacción de los agentes de la Policía Autonómica para frustrar el referéndum del 1-O.

El Ejecutivo se comprometía a desembolsar 807 millones de euros en el trienio 2018-2020, a contratar los servicios de una consultora externa que realizara un análisis de las retribuciones y que determinara si la cantidad comprometida era suficiente, así como impulsar las «medidas legislativas necesarias» a fin de que en el futuro no volviera a registrarse la disfunción salarial entre los Cuerpos. Ese acuerdo fue rubricado por cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC, APROGC y la Asociación Profesional de Cabos), al tiempo que encontró una absoluta oposición en Jusapol. Esta asociación juzga imposible la consecución de la absoluta equiparación si el Estado solo ofrece 807 millones.

Jusapol exhibirá músculo este sábado con la manifestación que ha convocado en Madrid para mostrar su disconformidad con lo firmado hace un año: por considerar «insuficiente» el montante económico que se arrancó al Gobierno del PP y para denunciar que 13.000 agentes de segunda actividad y reserva «se quedan fuera y sin cobrar la subida» desde noviembre de 2018 por no haberse destinado dicha partida al complemento específico general.

A tres semanas de las elecciones, Jusapol quiere hacer una exhibición de músculo este sábado en Madrid movilizando a 90.000 personas

Según fuentes de esta plataforma, la previsión es reunir entre 90.000 y 100.000 personas. A las 19 horas de este viernes, los organizadores indicaron a este diario que tenían ya confirmados «110 autocares» (6.000 asientos), a los que se sumarán otras miles de personas que se desplazarán en coches particulares, trenes y aviones. Bajo el lema ‘Equiparación ya’, la concentración arrancará a las 12 horas de la Puerta del Sol y terminará previsiblemente en el Paseo de la Castellana junto al Ministerio del Interior (no se ha desvelado el recorrido por razones de seguridad), donde se leerá un comunicado.

Jusapol vuelve así a ‘tomar’ la calle a la espera de que se constituyan nuevamente las Cortes tras las elecciones del 28 de abril y pueda continuar su tramitación la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que han promovido para que se establezcan «las bases de la igualdad de las retribuciones salariales de las Policías del Estado». Tras reunir 550.000 firmas ciudadanas, el Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de esta proposición de ley el pasado 13 de noviembre con el respaldo de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

García Egea, Rivera, Mesquida, Ortega-Smith…

A seis días del inicio de la campaña de las generales, la cabecera de la manifestación reunirá a una nutrida representación de los principales partidos políticos que concurren a la cita del 28-A. Así, el PP estará representado por el secretario general, Teodoro García Egea; el portavoz de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, José Alberto Martín-Toledano, y María del Mar Blanco.

Mientras, la delegación de Ciudadanos estará integrada por el presidente, Albert Rivera; el portavoz de Interior en la Cámara Baja, Miguel Gutiérrez; Joan Mesquida, ex director general de la Policía y la Guardia Civil con el PSOE y hoy número uno de la formación naranja por Baleares, y Carina Mejías, líder del partido en Barcelona. Tampoco faltará Vox, que ha confirmado la presencia de su secretario general (Javier Ortega-Smith). Este diario no ha podido conocer si PSOE -partido que sostiene al Gobierno- y Podemos mandarán algún representante.

La mayor parte de las formaciones trata de echar las redes en el caladero de votos que representan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, integrados en la actualidad por más de 141.000 funcionarios (disponibles). Si todos acudieran a votar el próximo 28 de abril sumarían casi tantos votos como los contabilizados en Ávila y Soria -juntas- en las elecciones generales celebradas en 2016.

A la caza del voto de policías y guardias civiles: Albert Rivera, García-Egea y el ‘número dos’ de Vox, entre los políticos que estarán presentes en la manifestación

La concentración de Jusapol tendrá lugar 20 días antes de que el Ministerio del Interior ingrese a los agentes el segundo tramo de la equiparación (250 millones de euros, de los que el 57,28 % corresponderán a los guardias civiles y el 42,72 % a los policías), el argumento de peso que esgrimen los sindicatos para justificar la firma de la equiparación. Y llega también en un momento de máxima desconfianza por parte de las organizaciones sindicales y las asociaciones profesionales hacia el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska por cómo está gestionando el acuerdo heredado de Zoido. El incendio se ha declarado en el peor momento para el ministro, que encabeza la lista del PSOE por Cádiz al Congreso de los Diputados.

«Engañados» y «defraudados», el malestar comenzó tras la negativa de Interior a facilitar a los representantes de los agentes una copia del informe entregado por la consultora externa contratada el pasado verano -Ernst&Young Abogados- para analizar las retribuciones y los puestos uno a uno en los tres cuerpos policiales. Se trata de un documento clave, por cuanto -en aplicación de la cláusula primera del acuerdo de 12 de marzo de 2018- debe determinar si los 807 millones son suficientes para garantizar que la equiparación salarial con los mossos es «total y absoluta».

Tras terminar reconociendo que disponía del trabajo cuando decía que aún no se lo había entregado la auditora, Interior ha justificado su decisión de no enseñar el informe con el argumento de que no lo ha dado por bueno al no haberse ajustado supuestamente la multinacional a las condiciones del contrato, por lo que le ha dado otros 45 días hábiles. Este plazo no estaba previsto inicialmente en el pliego que reguló la licitación, a la que aspiraron otras cinco empresas: BCM Gestión de Servicios SL, Asesoramiento y Gestión Económica Social SLU, Tea Cegos SA, Everis SLU y Willis Tower Watson.

La opacidad de Interior ha desgastado la imagen del ministro Grande-Marlaska, cabeza de lista del PSOE por Cádiz en estas elecciones

Entre sindicatos y asociaciones profesionales se extiende el convencimiento de que el «ocultismo» de Interior sobre las conclusiones de la consultoría obedece a que será necesario incrementar la partida presupuestaria, llegando una de las organizaciones a estimar en 400 millones el desembolso adicional que se requeriría para que la equiparación de salarios fuera efectiva. Seis de las asociaciones de la Guardia Civil han presentado esta semana una denuncia para que se investigue si los auditores han recibido «presiones» de Interior para que su trabajo se circunscribiera a los referidos 807 millones.

Los representantes de policías y guardias civiles han ido elevando el tono contra el equipo de Grande-Marlaska a raíz de las revelaciones que El Independiente ha venido realizando en las dos últimas semanas. El malestar se ha convertido en indignación tras publicar este diario que Interior pidió el pasado 28 de febrero un dictamen al Consejo de Estado para conocer «qué grado de vinculación jurídica» comportan los acuerdos firmados hace un año por el equipo anterior y se les haya «ocultado» dicha gestión. El informe está fechado el pasado 21 de marzo, seis días antes de que el ministro asistiera al pleno de la Guardia Civil y tuviera que dar explicaciones durante dos horas por las razones por las que habían decidido rechazar el trabajo presentado por la consultora.

Extracto del dictamen del Consejo de Estado a solicitud del Ministerio del Interior.

Extracto del dictamen del Consejo de Estado a solicitud del Ministerio del Interior.

De modo particular, el titular de Interior quería que el supremo órgano consultivo del Gobierno determinara hasta qué punto compromete el resultado del informe que les presente la auditora externa. A este respecto, el Consejo de Estado considera que «en modo alguno cabe aceptar» que una empresa privada fije la «cifra exacta» en que se concrete la equiparación salarial. «(…) La Administración General del Estado, en aras de la buena fe negocial, debe valorar los resultados del estudio, ya que proceden de un contrato válidamente adjudicado. Y debe, una vez recibidos los estudios e informes, abonar el precio del contrato. Pero tras esta valoración de los resultados, y teniendo en cuenta también los criterios de los sindicatos de Policía y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, la decisión final corresponde a quien tiene atribuida por ley la competencia. Por expresarlo de otro modo, esta cláusula carece de valor imperativo», razona.

No existe «obstáculo legal» para el pago

De otro lado, el Consejo de Estado considera que no existe «obstáculo legal» para que se materialice el pago del segundo tramo en la forma en que se considere oportuna, si bien advierte de que el hecho de que el Gobierno o las Cortes asuman el compromiso de equiparación de los sueldos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los de las policías autonómicas «no determina que necesariamente deban hacerlo». «No es exigible jurídicamente al Ministerio del Interior que ponga en marcha la subida retributiva prevista para el segundo tramo de la equiparación salarial, ya que ni se encuentra dentro de las competencia de este ministerio la potestad de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos, ni puede aprobar una norma con rango de ley con esta finalidad», añade.

Tampoco considera «jurídicamente exigible» al departamento de Grande-Marlaska otro de los compromisos contenidos en el acuerdo rubricado por Zoido, detallado concretamente en la cláusula octava: el impulso de las acciones legislativas «necesarias» para evitar que la brecha salarial pueda repetirse en el futuro. «Estas medidas no están al alcance de las competencias y potestades del Ministerio», apostilla.

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