Política

El BBVA descarta por ahora apartar a los directivos imputados en el 'caso Villarejo'

"No vamos a prejuzgar. Actuaremos en base a hechos contrastados y con la información suficiente", dice un portavoz

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA tras la salida de Francisco González.

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA tras la salida de Francisco González.

El BBVA no tiene intención por ahora de adoptar medidas contra los empleados que han sido citados a declarar en calidad de imputados por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo y pospone cualquier posible determinación al avance de la investigación y a que se conozcan hechos que arrojen dudas sobre la actuación de sus directivos.

«No vamos a prejuzgar. La entidad actuará, en su caso, siempre en base a hechos contrastados y con la información suficiente», ha zanjado un portavoz del banco a preguntas de El Independiente. El BBVA también está pendiente de que concluya la investigación forensic que encargó el pasado verano a PwC y en la que participan los bufetes Uría Menéndez y Garrigues.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, trata de impulsar la pieza separada en la que se investigan los pagos millonarios que durante 13 años hizo el BBVA a empresas del comisario José Manuel Villarejo -en prisión preventiva desde noviembre de 2017- llamando al procedimiento como imputados a nueve personas, ocho vinculadas o aún trabajadores del banco y el socio del controvertido policía (Rafael Redondo). Estos se suman al propio Villarejo y al comisario principal Enrique García Castaño, El gordo.

Entre los nuevos imputados se encuentran el ex consejero delegado Ángel Cano; el ex director de seguridad Julio Corrochano; la sustituta de éste, Inés Díaz Ochagavía; el director de red de banca comercial en BBVA España, Ignacio Pérez Caballero; el jefe de equipo en el departamento de Seguridad Corporativa Nazario Campo y el jefe global de Performance Management & Capital, Javier Malagón.

No vamos a prejuzgar. La entidad actuará, en su caso, siempre en base a hechos contrastados y con la información suficiente», dice un portavoz a este diario

La lista se completa con Antonio Béjar, ex jefe de Riesgos para España y Portugal y hoy presidente de la sociedad Distrito Castellana Norte (participada por el banco), y Ricardo Gómez Barredo, ex director de Contabilidad y Supervisión de BBVA y actualmente miembro del consejo de administración de Garanti BBVA.

A excepción de Cano, que cesó como consejero delegado en mayo de 2015, y Julio Corrochano, ya jubilado como director de Seguridad, el resto sigue trabajando o está vinculado de alguna manera con el segundo banco del país. Todos tendrán que declarar entre este jueves y este viernes acusados de la comisión de delitos de cohecho activo y revelación de secretos.

El juez que instruye el caso Tándem sostiene que, al menos desde 2012, el comisario ya jubilado «había sido contratado por clientes» para elaborar «informes de inteligencia y dosieres utilizables en el ámbito de luchas personales» valiéndose de la información «confidencial» a la que podía acceder por su «condición policial». A cambio, el funcionario-empresario recibía «grandes cuantías», tanto en dinero en efectivo como en pagos «en especie» para él o sus familiares.

Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt) y Cenyt Consultoría Organizacional SL -dos de las compañías que integraban el conglomerado societario bajo control del comisario Villarejo- fueron incorporando con los años a sus respectivas carteras clientes de enorme relevancia en el sector empresarial español, entre ellas el BBVA.

Corrochano, de la Policía al banco

La puerta de entrada en la entidad financiera se la abrió presuntamente en 2004 Julio Corrochano, que en septiembre de 2002 había dejado la Policía Nacional -donde ejerció como comisario general de Policía Judicial y jefe superior en Madrid, entre otras relevantes responsabilidades- para asumir la dirección de seguridad del grupo financiero.

A preguntas de este diario, Corrochano declaró en enero que «nunca firmó ni contrató» con el controvertido policía sino con Rafael Redondo, socio de Villarejo y también imputado en el caso Tándem. El ex responsable de seguridad, ya jubilado, aseguró que «daba por hecho» que el entonces agente encubierto «estaba dedicado exclusivamente a sus labores en el Ministerio del Interior» y que aquél «nunca pisó el banco».

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