Política

Interior desoye a Transparencia y oculta los informes previos de la equiparación salarial

El organismo independiente dio 10 días hábiles al departamento que dirige Marlaska para entregar los informes preliminares elaborados por la consultora externa, pero el Ministerio del Interior ha dejado pasar el plazo y pleiteará en los tribunales

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Interior desoye a Transparencia y oculta los informes previos de la equiparación salarial
La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella.

Ana Botella, secretaria de Estado de Seguridad y responsable del seguimiento del acuerdo de equiparación. EUROPA PRESS

Resumen:

El Ministerio del Interior se niega a facilitar los informes preliminares que le fue enviando la consultora externa contratada para verificar la equiparación salarial (Ernst&Young Abogados SLP), a pesar de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha resuelto que se trata de «información pública» y debe ser entregada por no concurrir ninguna causa que justifique su denegación.

Según detallaba el pliego de condiciones que reguló el procedimiento de contratación, la empresa adjudicataria tenía que entregar a Interior un informe sobre las retribuciones y el diagnóstico de la situación tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil «dentro de la seis primeras semanas de vigencia del contrato» y, en las 12 primeras, un análisis sobre los puestos de trabajo y funciones generales en ambos Cuerpos y en las policías autonómicas.

Ernst&Young quedaba también obligada a aportar dentro de las primeras 16 semanas un documento con propuestas para la mejora de la eficiencia en materia de organización y retribuciones de los puestos de trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como “la propuesta de fijación de criterios objetivos de análisis para la aplicación de la equiparación salarial total y absoluta”. Según dicho cronograma, el departamento que dirige Grande-Marlaska debió recibir esos ‘entregables’ a principios de enero.

El pasado 14 de marzo, este redactor solicitó a Interior a través del Portal de la Transparencia una copia de todos los informes provisionales que le hubiera entregado la consultora externa en cumplimiento de lo que preveía el pliego de prescripciones técnicas.

Transparencia dio 10 días hábiles a Interior para entregar la documentación, pero el Ministerio ha dejado pasar el plazo para pleitear en los tribunales

Dos meses y dos días después, el departamento de Grande-Marlaska inadmitió la solicitud invocando uno de los límites establecidos en el artículo 18.1 de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y transparencia. En concreto, la causa alegada era la detallada en la letra ‘a’: «Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general”.

El pasado 13 de agosto, el Consejo de Transparencia estimó la reclamación de este periodista y le dio 10 días hábiles a Interior para que facilitara la documentación que había denegado inicialmente. Dicho margen de tiempo ha expirado ya y los informes no han sido facilitados, por lo que cabe deducir que el Ministerio ha tomado la decisión de recurrir ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid la resolución del organismo independiente encargado de promover la transparencia. Dispone para ello de dos meses.

Plazo de ejecución

«El plazo de ejecución de todos los compromisos adquiridos por la adjudicataria (la consultora Ernst&Young Abogados SLP) ya había finalizado sobradamente en el momento en que el reclamante solicitó el acceso a la información pública, en marzo de 2019 y en la fecha en la que la resolución fue dictada, por lo que puede entenderse que los informes solicitados también estaban finalizados a esa fecha. En conclusión, no resulta de aplicación la causa de inadmisión invocada por la Administración para denegar el acceso a la información», concluye el Consejo de Transparencia.

El organismo recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo obliga a interpretar «de forma estricta, cuando no restrictiva», las limitaciones al derecho de acceso a la información pública y las causas de denegación de las solicitudes. Y, en este caso, entiende que no hay razón que justifique que no se atienda la petición.

Transparencia no ve razonable que la Administración respondiera a la solicitud de información más allá del plazo que establece la ley -un mes, ampliable por otro más atendiendo a la complejidad de la petición- y llama la atención sobre el hecho de que Interior haya eludido presentar alegaciones pese a solicitárselo en dos ocasiones -concretamente el 21 de mayo y el 8 de julio- a fin de disponer de «todos los elementos de juicio» necesarios antes de resolver la reclamación.

«En este sentido, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno viene detectando cómo la ausencia de respuesta a esta solicitud de alegaciones se está convirtiendo en una práctica no infrecuente en determinados organismo y departamento ministeriales, circunstancia que no cumple -a nuestro juicio- con la consideración de ejes fundamentales de toda acción política de la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno, tal y como predica el preámbulo de la LTAIBG [Ley de Transparencia, acceso a la información pública y transparencia]», reprocha.

Frente en los tribunales

La negativa a facilitar la documentación se produce mientras el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 12 de Madrid tramita la demanda que la Confederación Española de Policía (CEP) interpuso el pasado 10 de mayo ante la opacidad de Interior sobre los trabajos de la consultora externa.

Dicho juzgado, que ha fijado para el próximo 2 de octubre la celebración del juicio, concedió a finales de junio un plazo «improrrogable» de 20 días al Ministerio del Interior para que le remitiera el expediente administrativo íntegro, en el que deben figurar todos los trabajos -provisionales y finales- elaborados por Ernst&Young en virtud del citado encargo.