Política

Críticos de Cs cargan contra el "despilfarro" en las administraciones donde gobiernan

Las bases cargan contra la "incoherencia" de Ciudadanos por "ir en contra de lo que defienden nuestros valores" y aumentar notablemente el número de consejerías y altos cargos públicos en Madrid, Murcia y Castilla y León

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Críticos de Cs cargan contra el "despilfarro" en las administraciones donde gobiernan
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, junto a Inés Arrimadas y José Manuel Villegas en el Congreso.

El ex presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, junto a Inés Arrimadas y José Manuel Villegas en el Congreso. EFE

Resumen:

Hace poco más de cuatro años, Ciudadanos se encontraba en plena explosión nacional. De hecho, para mitad de 2015, el proyecto liberal había batido todos los récords y ya gozaba de presencia en un total de 12 cámaras autonómicas, un total de 1.500 concejales y 70 diputados regionales. Tan grande fue su crecimiento que en la autonomía más codiciada, la de la capital, los 17 escaños que obtuvieron en 2015 se convirtieron en la llave que abriría el Gobierno de Cristina Cifuentes.

Pero el pacto de investidura tenía una condición clave enmarcada en el decálogo contra la corrupción y la regeneración democrática que enarbolaban, entonces y ahora, los naranjas: reducir la estructura administrativa popular. La ex presidenta madrileña aceptó, por lo que vio reducidas sus consejerías de nueve a siete.

El panorama es radicalmente diferente ahora. Ciudadanos continúa encabezando una imparable expansión -el 28A duplicó sus diputados en el Congreso de los Diputados y el 26M, aunque más comedidos, también mejoró sus números en autonomías y municipios- y gobierna en coalición con el PP en Murcia, Castilla y León y Madrid. Y no se han movido un ápice en su intención de «levantar todas las alfombras» de la corrupción, aunque no ocurre lo mismo con su anterior afán de limitar el grueso institucional y, por tanto, el gasto público que supone la designación de altos cargos.

El cambio de rumbo naranja en este aspecto no agrada precisamente a ciertos sectores de las bases del partido, que critican que «ahora que gobernamos» se haga «todo lo contrario a lo que defienden nuestros valores», aumentando el «despilfarro» en consejerías y puestos directivos en las nuevas administraciones donde tienen poder: Madrid, Murcia y, en menor medida, Castilla y León.

Las cifras lo avalan. Según adelantaba El Mundo y confirman fuentes del ejecutivo madrileño, la Comunidad de Madrid tendrá 22 nuevos altos cargos esta legislatura, desgranados en cuatro consejerías -que se suman a las nueve existentes- y otros 18 puestos de alta responsabilidad, entre los que se incluyen viceconsejeros, secretarías y direcciones generales. «Aumentar consejerías y gasto también es corrupción», asevera un crítico del entorno naranja regional, «es lamentable que dentro del Gobierno madrileño, donde el PP tiene colocados a cientos, en vez de pegarse codazos hayan decidido crear más cargos para que quepan todos». Eso «no es regeneración, es degeneración política», lamenta.

Los honorarios de nuevos y veteranos varían en función de la categoría, aunque si no se modifican oscilan entre los 75.000 y los 100.556 euros anuales. El máximo lo reciben los titulares de las Consejerías, por lo que solo para el salario de los consejeros, del bolsillo de los madrileños saldrá esta legislatura 402.264 euros más que en la anterior. Portavoces oficiales de Ciudadanos aseguran que «se trata de una cifra bastante ajustada» y que esta decisión, criticada hasta la saciedad por Vox entre otros grupos, responde al objetivo de «ofrecer el mejor servicio posible» a la ciudadanía. «Estamos en un nuevo gobierno, no en 2015», remarcan.

Pero Madrid no es la única región gobernada en concurso naranja donde se atiende a un incremento del gasto. Aunque no aumenta el número de consejerías -tiene nueve y media, debido a la bicefalia en Turismo- en Murcia «han aumentado un 15% los directores generales y gerentes, con el incremento proporcional de subdirectores, que son funcionarios pero de libre designación», alertan fuentes próximas al ejecutivo regional. En concreto y según recogía La Verdad, se pasará de 46 altos cargos a 55 en la próxima legislatura, distribuidos entre las cuotas de poder de las formaciones de Fernando López Miras e Isabel Franco.

En Castilla y León, la consejería adicional que se ha creado en el Gobierno capitaneado por Alfonso Fernández Mañueco y secundado por Francisco Igea no ha sido lo más llamativo. Al igual que sucede en Murcia y según consta en una denuncia pública de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, en la región se ha atendido a un incremento de 69 a 80 en el número de cargos directivos, con el consiguiente aumento de un 16% en los costes de este tipo de personal. La coalición de PP y Ciudadanos están empeñados en «tener más capitanes generales y menos remeros», se quejan desde el sindicato.

Los cambios más llamativos responden a las Consejerías de Empleo y Agricultura en las que, con las mismas competencias, se ha designado a dos directores generales más; o el aumento de las viceconsejerías, que pasan de cinco a ocho. El barón de Ciudadanos, Paco Igea, aseveró públicamente que el «ajuste» de puestos responde a una «estructura adecuada para asumir las tareas» teniendo en cuenta que el cambio es «normal en un gobierno de coalición». Aunque dijo desconocer a cuánto ascendería el montante de gasto, el líder naranja consideró que, probablemente, «es un porcentaje ínfimo».

Discurso «incoherente»

Esta corriente crítica denuncia que en Ciudadanos se haya «enarbolado la bandera de la incoherencia» con un discurso antagónico: «No se puede criticar que Sánchez haya colocado a altos cargos en la Administración si luego vas a hacer lo mismo donde gobiernas», lamentan.

Sin ir más lejos, en uno de los puntos de las 155 medidas del acuerdo de coalición entre PP y Ciudadanos en Madrid se incluye la revisión de las instituciones públicas con el objetivo de eliminar todos aquellos cargos y organismos que «no respondan a criterios de interés general, de eficacia y eficiencia y/o que supongan una duplicidad de las competencias». Más allá de registrar la modificación de la organización de la Fundación Madrid por la Excelencia -proveniente de la era Aguirre-, el número de cargos sí se ha revisado, aunque no precisamente a la baja.

Además, no son pocos los lugares donde los de Rivera han criticado la creación de puestos directivos y ‘dedazos’ provenientes de otras formaciones. La más reciente ha sido la denuncia de la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlamento balear, Patricia Guasp, que criticaba el pasado lunes el «aumento continuo de altos cargos y asesores» en la coalición de PSOE y Podemos. «Es el precio que van a pagar todos los ciudadanos por un pacto con nacionalistas y populistas», aseveraba.