El juez Manuel García-Castellón engloba al Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los Comités en Defensa de la República catalana (CDR) en la estrategia global independentista por alcanzar una república. Serían, según el sumario del caso por terrorismo abierto en la Audiencia Nacional, el pilar violento de una ruta secesionista que también tiene su vertiente política y social.

El hecho de considerarles «nuevo grupo terrorista» justificó que el instructor acordara instalar micrófonos y cámaras en las viviendas y vehículos de los investigados el pasado 4 de septiembre, semanas antes de que llegara lo que ellos mismos denominaban el ‘día D’. Los radicales independentistas se referían, según el sumario del caso al que ha tenido acceso El Independiente, a una fecha determinada entre el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y la publicación de la sentencia del procés en la que habrían planeado ocupar el Parlament y dirigir acciones violentas contra infraestructuras críticas como torres de electricidad o un cuartel de la Guardia Civil, según la investigación.

En el auto en el que el juez acordó instalar tales dispositivos de vigilancia, argumentó que lo hacía porque los investigados buscaban «subvertir el orden constitucional y generar una crisis de graves e imprevisibles consecuencias políticas e institucionales, todo ello con la finalidad principal de conseguir la independencia de Cataluña».

El instructor se refirió en su auto a la posibilidad de que la Administración catalana estuviera al tanto o detrás de sus actuaciones por medio del grupo secreto al que los CDR se referían como ‘CNI catalán’. Afirmó que los CDR hablaban de «la posible existencia de un órgano denominado ‘CNI catalán’, relacionado con la administración autonómica y pública catalana, que en colaboración directa con algunos miembros de los CDR había iniciado la planificación, mediante el uso de la violencia y la fuerza, para introducirse, ocupar y defender por el tiempo que les fuera posible el Parlament».

Proceso de radicalización

Los agentes de la Guardia Civil recopilaron tales indicios, recogidas por el juez en sus autos, después de una investigación a los líderes del ala más radical de los CDR que se ha prolongado durante un año. Durante ésta, han estudiado la evolución de los miembros fundadores de dicho grupo acusado de terrorismo y tenencia de precursores de explosivos así como la manera en que se organizan. Los investigadores concluyen en sus informes que se trata del brazo del secesionismo para «capitalizar la lucha callejera».

«Se ha podido constatar la existencia de una estrategia secesionista global organizada y multidisciplinar, alimentada por la acción de diversas organizaciones, una de las cuales, encargada de capitalizar la lucha callejera, se correspondería con los Comités de Defensa de la República (en adelante CDR)», se puede leer en uno de los documentos aportados al juez.

En éste, se explica la «profunda transformación» de los CDR en la presunta organización criminal de los ERT: «Los originarios Comités de Defensa del Referéndum dieron paso, tras cumplir su función de garantizar la celebración del Referéndum ilegal de 2017, a los actuales Comités de Defensa de la República con la finalidad de ‘exigir que se respetase y se materializase el resultado del referéndum del 1 de octubre’ por el cual Cataluña debía constituirse como estado independiente en forma de república».

«Desde entonces -continúa el informe- tal y como se ha ido relatando en sucesivos oficios e informes remitidos a su señoría, los CDR se han conformado como una organización criminal, cumpliendo escrupulosamente todos los elementos requeridos para ostentar tal consideración. En síntesis, se podría decir que los CDR han evolucionado hasta el estadio de máxima clandestinidad, donde los miembros que permanecen son los más comprometidos con la ‘causa’. Para conseguir dicha clandestinidad, los CDR se han dotado de avanzadas medidas de seguridad, principalmente en sus comunicaciones, debido a que las acciones llevadas a cabo han ido aumentando paulatinamente de intensidad, conscientes de la naturaleza ilícita de las mismas y de la responsabilidad penal que éstas pudieran acarrear», concluyen los investigadores.

Relación con Torra y Puigdemont

Los miembros de los CDR habría planeado informar al presidente Quim Torra de la ocupación del Parlament de Cataluña durante una semana a través de lo que denominaban ‘CNI catalán’, e incluso habrían esperado contar con el presidente catalán en dicho encierro, según las conversaciones intervenidas por los investigadores.

Además, mantuvieron al menos una reunión que calificaron de «superconfidencial» en un coche con la hermana del ex presidente fugado de la Justicia española Carles Puigdemont para trasladarle información sensible.

A lo largo del sumario, los detenidos se refieren en distintas ocasiones a políticos independentistas como el presidente y ex presidente catalán a los que se dirigen con los nombres en clave ‘Gandalf’ y ‘Lisa’ o los activistas independentistas Beatriz Talegón o Albano Dante Fachín, con los que estaban en contacto a través de terceras personas, según se entiende de sus conversaciones.

El sumario

La causa contra los CDR que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 cuenta con nueve investigados por presunto terrorismo. Se trata de Jordi Ros Sola, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina Barberan, Xavier Buigas Llobet, Eduardo Garzón Bravo, David Budria Artadil, Guillem Xavier Duch Palau, Clara Borrero Espejo y Ferran Solis Guardiola, siendo este último el líder del grupo.

Aunque la investigación contra los radicales independentistas se remonta más de un año atrás, no trascendió hasta finales de septiembre, cuando estalló la operación Judas de la Guardia Civil contra ellos. Los investigadores aceleraron las detenciones al hallar restos de explosivos entre sus pertenencias, según trasciende del sumario.

El juez levantó el secreto de las actuaciones la pasada semana y admitió la personación de casi una decena de acusaciones populares, entre ellas asociaciones de víctimas del terrorismo y familiares de guardias civiles. Entre todas, dio la dirección para coordinarlas a la primera que solicitó la personación, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) que ha confiado el caso al despacho Fuster-Fabra Abogados.