De 2010 a 2015 los estados miembros de la Unión Europea, especialmente los meridionales o PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, España y, sobre todo, Grecia) aplicaron tremendos recortes presupuestarios para cumplir con el mandato de estabilidad comunitario. El euro estuvo a punto de estallar en julio de 2015, al principio del mandato del griego Alexis Tsipras, pero el programa de compra masiva de deuda por parte del BCE surtió efecto, las economías se recuperaron lentamente -todavía renquean- y la disciplina fiscal dejó de amenazar la existencia de la Unión.

Si vuelve la recesión, como vaticinan casi todos los economistas, las cuitas con Bruselas y Alemania también volverán a costa del rigor fiscal. Y eso, siempre que la investidura salga adelante, implica discusiones ineludibles dentro del Gobierno entre sus componentes, esto es, PSOE y Unidas Podemos. El resultado sin embargo lo adelantaba Sánchez el miércoles en la clausura del Congreso de Empresas Familiares Europeas: Sánchez proclamó su «compromiso con la disciplina fiscal, y, por tanto, con los objetivos de estabilidad acordados con la Unión Europea» que, dijo, «formarán parte de los ejes vectores del nuevo Ejecutivo».

«Compromiso con la carta magna»

Los consultados de Unidas Podemos aseguran que es «absurdo» explorar ahora «lo que sucederá cuando todavía no se sabe si habrá Gobierno» pero ratifican su compromiso «con los valores de la Carta Magna», por los artículos sociales de la Constitución. Eso, especialmente la defensa de los derechos sociales constitucionales que en el último año ha encarnado Pablo Iglesias, derivará «seguramente» en controversias con su socio mayor de coalición.

«Tenemos claro, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, que habrá que hacer cesiones. No sabemos cuáles. Lo que sí avanzamos es que lo que se acuerde en el Consejo de Ministros irá a misa», razonan estas mismas fuentes.

La Comisión Europea precisamente acaba de advertir a España de «riesgo de desviación significativa» respecto a la reglas de gasto. El borrador de presupuestos enviado por la ministra Nadia Calviño a Bruselas en octubre incumplirá los objetivos de déficit y de deuda, lamenta el Ejecutivo comunitario. España «corre el riesgo de no cumplir con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», amonesta la institución que preside Úrsula von der Leyen. Para el Gobierno entrante este apercibimiento significa más ajustes, ya que la Comisión cree que España no cerrará el año con el déficit al 2% del PIB (sino al 2,3%) ni el ejercicio que viene llegará al 1,7% (sino al 2,2%).

Batería de impuestos en el programa

Aquí la estrategia de Unidas Podemos no es ningún secreto porque aparece en su programa electoral: tratar de acometer los ajustes por la vía de los ingresos, que es lo mismo que aumentar los impuestos a las capas más pudientes. En los distintos puntos del programa que tocan la parte tributaria, UP contempla una batería de medidas, a saber: un Impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas por contaminar, la creación de una unidad dentro de la Agencia Tributaria para controlar que tecnológicas como Uber, Cabify o Facebook pagan sus impuestos correctamente, «un impuesto a las transacciones financieras», una «reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones» o «un impuesto específico a la banca». También elevar la progresividad fiscal y recaudar más de quienes más tienen.

En su intervención del congreso empresarial este miércoles, Sánchez dio muchas de cal, pero alguna de arena. El presidente en funciones señaló políticas como el aumento del salario mínimo. El partido morado agradece esa lectura. «El crecimiento económico y la cohesión social van de la mano», defendió Sánchez. «La cohesión social significa, por ejemplo, políticas de redistribución, como son, por ejemplo, subidas razonables de los salarios para los trabajadores y trabajadoras, siempre sin minar los niveles de competitividad de la economía».

Sin embargo el presidente hizo más énfasis el equilibrio presupuestario, con la esperanza de ser escuchado por las instituciones bruselenses. Sánchez habló de » gestión económica rigurosa» para hacer posible la agenda social. «Las prioridades sociales son marcadas, pero estarán dentro de los márgenes financieros que permite la realidad económica», aseguró al público que le seguía.