El procedimiento de licitación tramitado por el Ministerio del Interior para la contratación del servicio de seguridad privada en los centros penitenciarios de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura ha quedado desierto, al no haber presentado oferta ninguna de las 11 empresas que fueron invitadas a participar.

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La Secretaría de Estado de Seguridad acaba de resolver la adjudicación de los contratos para la prestación de los servicios de apoyo a la seguridad en los 68 centros penitenciarios que gestiona el Estado -lo que excluye a las cárceles del País Vasco y Cataluña- a partir del 1 de enero de 2020. El presupuesto base de licitación ascendía a 37,51 millones de euros (impuestos incluidos).

Interior contrata desde hace años a empresas privadas para que se encarguen de la seguridad en los puntos de acceso, los puntos fijos, el impedimento de los tránsitos no autorizados, la observación de los sistemas técnicos de vigilancia y la comunicación de alarmas e incidencias en las prisiones, a fin de que los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se dediquen a la custodia de los presos fuera de los complejos penitenciarios y al traslado de los mismos. El Consejo de Ministros autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad esta contratación en su sesión del pasado 2 de agosto.

Según se detalla en el acta de la reunión de la Mesa de Contratación en la que se efectuó la valoración de las propuestas recibidas, celebrada el pasado 18 de octubre y a la que ha tenido acceso El Independiente, sólo se han cubierto cuatro de los cinco lotes en los que se dividió el expediente de contratación atendiendo a un criterio de distribución geográfica. Aquél se ha tramitado bajo la modalidad de negociado sin publicidad y con concurrencia de ofertas.

Informe sobre la valoración de ofertas de la Mesa de Contratación.

En concreto, el número 2 ha quedado desierto al no registrarse ofertas en la plataforma de contratación. Era el segundo con un presupuesto más elevado (8.353.840 euros) y afecta a los centros penitenciarios de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Sólo en Madrid hay siete prisiones.

De las seis empresas de seguridad privada que aceptaron la invitación del Ministerio del Interior y formalizaron propuestas (Clece Seguridad SAU, Compañía de Vigilancia Aragonesa SL, Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad SA, Protección y Seguridad Técnica SA y Transportes Blindados SA), ninguna mostró interés por este paquete.

Cuatro empresas de seguridad privada se repartirán un ‘pastel’ de casi 30 millones tras la licitación convocada por el Ministerio del Interior

A preguntas de este diario, un portavoz del Ministerio del Interior ha indicado que «se están estudiando opciones» ahora tras haber quedado desierto el contrato. «Todavía no se ha adoptado una decisión», añaden.

Por contra, el más demandado fue el 3 (Andalucía), que recibió cuatro ofertas y fue adjudicado finalmente a la empresa vasca Protección y Seguridad Técnica (Prosetecnisa) tras ser valorada su oferta con casi 40 puntos más que la otra aspirante (Compañía de Vigilancia Aragonesa, más conocida por el acrónimo Coviar). Ese lote salió a licitación con un presupuesto máximo de 8.145.720 euros.

La prestación del servicio de seguridad privada en las cárceles de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja se ha encargado a Garda Servicios de Seguridad, una de las dos empresas que pujaban por este lote junto con Clece Seguridad. La propuesta de ésta no llegó a ser valorada.

Contrato prorrogado

El contrato para los centros penitenciarios de Aragón, Baleares, Valencia, Murcia y Navarra ha sido para Coviar, que obtuvo casi la máxima puntuación posible. Muy por encima de la otra candidata, Prosetecnisa. Mientras, Eulen Seguridad ha sido la adjudicataria para las prisiones de Canarias, Ceuta y Melilla.

El 1 de junio de 2018 entró en vigor el último contrato para los 68 centros penitenciarios vigilados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un presupuesto inicial de 35.941.099,31 euros. Este contrato fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2019, motivo por el que hubo de iniciarse un nuevo expediente. El nuevo contrato tendrá fecha de arranque el 1 de enero de 2020.