Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras la segunda votación de investidura en el Congreso. EFE

Política

Un Gobierno condenado a la parálisis

La existencia de contrapoderes y contrapesos internos, sostenidos sobre la desconfianza mutua, imposibilitará una acción ágil del Ejecutivo que echa a andar este domingo

«El gobierno progresista de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se regirá por los principios de lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad, actuando en todo momento con diálogo, consenso, negociación y buena fe para implementar eficazmente el programa conjunto de gobierno progresista». Este es el primer punto del «Protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo de Gobierno progresista de coalición entre PSOE y Unidas Podemos», un larguísimo enunciado para un documento de cinco páginas y otros tantos capítulos que ha nacido tocado de muerte.

No ha echado a andar este Consejo de Ministros, el más numeroso desde los tiempos de Adolfo Suárez, y las dificultades que augura son más que evidentes. Ya sólo el proceso de designación de los vicepresidentes y ministros, además de un organigrama macrocefálico, es indiciario de por dónde irán las principales fricciones entre los miembros del PSOE y de Unidas Podemos. La más importante, la existencia de tantos contrapoderes y contrapesos internos, sostenidos sobre la desconfianza mutua, que imposibilitarán una acción ágil del gobierno.

Moncloa anunciaba el pasado jueves vía whatsapp -en un goteo incesante que ha durado toda la semana- que, por vez primera en democracia, el nuevo gabinete tendría tres mujeres vicepresidentas, ocultando la que era la auténtica novedad, esto es, que habrá nada menos que cuatro vicepresidencias. Además de la política y la económica, en manos de Carmen Calvo y de Nadia Calviño, respectivamente Teresa Ribera seguirá llevando Transición Ecológica pero con más galones que en la legislatura anterior.

Los primeros roces se han producido con la filtración de las vicepresidencias y los nuevos ministros

Los negociadores de Podemos se enteraron al mismo tiempo que la prensa. Pablo Iglesias había asumido compartir la segunda fila del organigrama con Calvo y Calviño, nunca se habló de otra vicepresidencia que, además de diluir la importancia de un cargo ya «inflacionario», le araña competencias en la Agenda 2030, la misma que pretendía convertir en el eje de sus competencias.

Pagaba acaso Iglesias la bisoñez, las prisas o el ansia de haberse precipitado a anunciar en pleno debate de investidura no sólo el nombre de la cuota de «sus» ministros sino el de los secretarios de Estado y hasta el de su director de Gabinete, el ex Jemad Julio Rodríguez, una apuesta política repetidamente fallida al que ha dado cobijo en un organigrama ministerial que lo aguanta todo.

Así, con las primeras fricciones sobre la mesa, Pedro Sánchez, en uno de sus habituales giros dramáticos de guión, decide atrasar una semana la formación de su Ejecutivo tras repetir hasta la saciedad que España no podía pasar un día más sin Gobierno y tachando el viernes día 10 de la agenda oficial. Pero cuando todavía se estaba rumiando el estupor de dicho retraso, Moncloa comenzó una carrera desenfrenada por ir adelantando los nombres de los vicepresidentes y ministros, saltándose la más mínima cortesía institucional que obliga a que sea el Jefe del Estado el primero en conocer oficialmente la composición del Ejecutivo.

Y así se ha llegado a este domingo, otro domingo, con una agenda poco menos que enloquecida pendiente del enésimo conejo de la chistera. Porque si bien Podemos ha tenido, de nuevo, la bisoñez de mostrar todas sus cartas en los primeros días, el equipo de estrategia y comunicación de Moncloa, con Iván Redondo al frente, sabe que los anuncios hay que dosificarlos y, mucho mejor, si tu socio queda desdibujado, como el invitado inevitable al que sientan al final de la mesa.

Sánchez diseña un Gobierno de contrapoderes para estrangular las competencias de Unidas Podemos

Pero no es sólo una cuestión de formas sino también de fondo. Sánchez diseña un Gobierno de contrapoderes en el que estrangula las competencias del vicepresidente y de los ministros de Unidas Podemos. Si bien podía interpretarse que Iglesias había ganado el pulso que echó en julio y septiembre al presidente del Ejecutivo, resignado ahora a compartir el poder, su margen de maniobra es más bien limitado. Cada paso estará «monitorizado», la comisión de seguimiento de los acuerdos, la misma que gestionará las discrepancias, acaba devenida en un «filtro» que ralentizará más la acción de Gobierno. La necesidad de «unificar criterios y consensuar posiciones políticas», amenaza con el colapso por largos procesos de consenso y de negociación interna.

Iglesias, por ejemplo, deberá compartir la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con Teresa Rivera en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la energía, lo mismo que Alberto Garzón, al frente de Consumo, una antigua dirección general que tiene la mayor parte de sus competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. Y en aquellas en que su Ministerio tiene algo que decir, como alertas sanitarias o regulación del juego y de las casas de apuestas, dependerá de Sanidad, con Salvador Illa al frente, y hasta de Hacienda. Precisamente, Loterías y Apuestas del Estado, la única empresa pública que siempre gana, quedará bajo control de María Jesús Montero.

La abogada laboralista y sindicalista Yolanda Díaz, en Trabajo, no asumirá las competencias de la Seguridad Social y, por tanto, tampoco las pensiones ni el Pacto de Toledo. Para eso está José Luis Escrivá. Aunque sí tendrá sobre su mesa dos de las joyas de la corona de este gobierno de coalición: la derogación de la reforma laboral de 2012 -Podemos ha renunciado a reformar la de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010, aunque ha sido una reivindicación constante de este partido- y el nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Universidades ha nacido con polémica. Su separación de Ciencia ha caído como un bomba en los campus. La Conferencia de Rectores critica que “sin ciencia e innovación no hay universidad y sin universidad no hay ciencia e innovación”. Es la primera vez, como es el caso de Consumo, que tiene categoría ministerial propia y todavía hay que llenarle de contenido. Sánchez ha pagado su apoyo a En Comú Podem haciendo ministro a Manuel Castells, propuesto por Ada Colau, al que se considera un profesional de prestigio.

El patrimonio del mensaje feminista, en manos de Montero

Por último, está el Ministerio de Irene Montero, el de Igualdad. También de nuevo cuño y con una agenda todavía ignota pero que puede ser para Podemos el mejor escaparate de su presencia en el Gobierno. Hasta ahora en manos de Carmen Calvo, es de prever que los socialistas intenten no dejar el patrimonio del mensaje feminista y contra la violencia de género en manos de Iglesias y los suyos.

Precisamente, una de las cuestiones más complejas de las nuevas relaciones entre el PSOE y Podemos será la administración de la Comunicación gubernamental. Conscientes de ello, el famoso protocolo de actuación contiene la creación de una mesa «de seguimiento» encargada de «programar de forma consensuada las acciones de comunicación». En definitiva, «una estrategia coordinada y compartida» que impida visualizar la bicefalia gubernamental y que pone a la secretaria de Estado para la Comunicación en el ojo del huracán.

Y aunque no se dice nada en dicho protocolo, el control de los medios de Comunicación públicos será un capítulo determinante para evaluar las intenciones de este Gobierno y el reparto de equilibrios interno. La provisionalidad de Rosa María Mateo en RTVE dura ya año y medio. El nuevo Ejecutivo deberá decidir si entierra el concurso público para la elección del presidente y del Consejo de Administración resctando el viejo sistema de elección por mayorías parlamentarias. La controversia está servida en un tema por el que los de Pablo Iglesias siempre han tenido el mayor de los intereses.

La estrategia de comunicación y los medios públicos, en el ojo del huracán

Este domingo, otro domingo, Sánchez completará su consejo de ministros, que celebrará su primera reunión el martes, salvo cambios de última hora. A partir de ese momento comienza la cuenta atrás de los quince días de plazo para crear la mesa bipartita de gobiernos Estado-Generalitat conforme al acuerdo alcanzado con ERC. Iglesias lo tiene muy claro. «Creo que es posible en el marco de la ley llegar a una negociación política que pueda consultar a la gente en Cataluña qué piensa», dijo en La Sexta el mismo día en que la investidura de Sánchez salía adelante. Y aunque durante la negociación aseguró que el tema catalán no sería motivo de controversia entre ambos partidos y asumía su falta de competencia al respecto, volvió a hablar de «presos políticos» y de que «todos vamos a tener que ceder en algo».

No, no parece que Unidas Podemos esté dispuesta a ser la convidada de piedra del Gobierno, tampoco que el PSOE le regale ni un minuto de protagonismo. El arranque de esta legislatura no puede ser más definitorio de los problemas de la «cohabitación».

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