Primero fue Marta Vilalta, portavoz de Esquerra y secretaria general adjunta de la formación. Después Meritxell Budó, portavoz del Govern y dirigente de JxCat. Y por ultimo Pere Aragonés, vicepresidente Económico y líder de Esquerra. Los tres han señalado esta semana que, en contra de lo que sostiene el Gobierno, el encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra debería tener por lo menos un resultado concreto: fijar un calendario para la mesa de negociaciones entre gobiernos que pactó Esquerra con el PSOE para apoyar la investidura.

Después de los ostentosos intentos de Moncloa por desactivar la mesa de negociación, los partidos independentistas han dejado claro que no piensan excluir a Pedro Sánchez de la batalla electoral en Cataluña. Los republicanos, que han apostado por dar un giro pragmático a su estrategia política, necesitan demostrar que su decisión de negociar con el PSOE y Podemos es el camino. Y JxCat, abonados a la estrategia de confrontación, necesitan exactamente lo contrario para seguir reduciendo la ventaja de ERC en las encuestas.

Pere Aragonés, el más que probable candidato de Esquerra en las próximas elecciones catalanas, aspira a presentarse ante los electores con dos grandes logros en su haber: La aprobación de los primeros presupuestos catalanes en tres años, pactados con los comunes, para recuperar la inversión en servicios públicos y recuperar los ratios de gasto público en sanidad, educación y servicios sociales. Y el inicio de una negociación de igual a igual con el Gobierno.

"Hemos conseguido que el PSOE acepte la existencia de un conflicto político, una negociación bilateral entre gobiernos y la necesidad de una solución política" repiten los republicanos como un mantra para argumentar que han llegado más lejos que nunca en la defensa de las tesis independentistas con un gran partido nacional.

JxCat no ve avances sustanciales

"Todo eso ya estaba en Pedralbes", argumentan por contra desde JxCat. Los neoconvergentes no tienen ningún interés en una negociación de la que fueron excluidos de entrada, cuando los socialistas excluyeron a Laura Borràs de sus contactos iniciales para la investidura. Pero el partido de Carles Puigdemont ha convertido la promesa de diálogo en su particular leit motiv, y no pueden desmentirlo plantando a Sánchez. Aunque una cosa es que Torra acuda al encuentro, y otra que dé por buenos sus resultados.

El presidente catalán ya blindó el particular nivel de exigencia creando una mesa ad hoc de partidos y entidades independentistas que ya ha fijado las exigencias a plantear hoy a Pedro Sánchez: referéndum de autodeterminación, amnistía para los condenados por el 1-O y "fin de la represión" entendida como una difusa orden de frenar cualquier iniciativa judicial contra dirigentes, partidos o entidades independentistas.

Torra ha explicado además que se plantea reunir ese foro tras el encuentro de mañana con Sánchez, para debatir con la CUP, ANC y Ómnium si vale la pena seguir la negociación con el PSOE. Es decir, someterá al independentismo más extremo la eventual puesta en marcha de la mesa de negociación entre gobiernos en la que Esquerra ha puesto buena parte de sus esperanzas electorales.

Los republicanos tienen, otro argumento en manos del PSOE. La reforma del Código Penal liderada por Podemos y aceptada por el Gobierno para eliminar o rebajar sustancialmente el delito de sedición, lo que permitiría rebajar las penas de los nueve condenados por el Tribunal Supremo que ahora cumplen penas de prisión, liderados por Oriol Junqueras. Se trata de una inmejorable carta de presentación electoral, pero es difícil que la reforma avance más allá de las declaraciones ya hechas por el gobierno antes de que Torra convoque los comicios, previsiblemente para mediados de mayo.