Política

El viaje del ‘Audaz’, la estancia en Doñana… Otros gastos que el Gobierno no desvela

El Consejo de Transparencia estimó durante el mes de enero 27 reclamaciones, en muchos casos por no concurrir las limitaciones de acceso invocadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para denegar la información solicitada

logo
El viaje del ‘Audaz’, la estancia en Doñana… Otros gastos que el Gobierno no desvela
Pedro Sánchez y Carmen Calvo, en la bancada del Gobierno del Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez y Carmen Calvo, en la bancada del Gobierno del Congreso de los Diputados. EP

Resumen:

Ni el coste de la estancia veraniega de Pedro Sánchez y su familia en Doñana en agosto de 2019, ni el gasto que supuso para el erario el traslado del buque Audaz al puerto italiano de Lampedusa para recoger a migrantes desembarcados del barco Open Arms el pasado verano, ni si encargó a la Abogacía del Estado un informe para conocer si se puede aplicar el artículo 155 con el Gobierno en funciones.

Éstas son algunas de las peticiones de información tramitadas por la ciudadanía a través del Portal de la Transparencia que no encontraron respuestas por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez -bien por silencio administrativo, bien invocando alguno de los límites previstos por la ley- y que motivaron reclamaciones que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estimÓ durante enero.

El mes pasado, el organismo público encargado de promover la transparencia resolvió un total de 80 reclamaciones. En concreto, estimó -total o de forma parcial- 27, desestimó 29, inadmitió 14, archivó nueve y suspendió una, concretamente la promovida por la sociedad luxemburguesa Aeris Invest Srl para tener acceso al contrato por el que Banco Santander compró el Banco Popular al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por un euro.

De las 27 reclamaciones estimadas, 14 se interpusieron después de que los cinco ministerios interpelados (Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Defensa; Interior; Justicia, y Política Territorial y Función Pública) denegaran la información solicitada por la vía del silencio administrativo.

Una de las solicitudes trataba de conocer el coste que tuvo para el Estado el envío de un buque a la isla italiana de Lampedusa para recoger a los 15 migrantes salvados por el Open Arms que el Gobierno se comprometió a acoger, después de que el barco de la ONG esperara permiso durante casi tres semanas para poder atracar en puerto. La petición se formalizó el 23 de agosto y no fue atendida en el plazo reglamentario de un mes que prevé la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

«Información reservada» que no era tal

En la fase de alegaciones, cuando el CTBG tramitaba la reclamación y le dio la opción de exponer lo que considerara oportuno, el Ministerio de Defensa invocó dos límites para no responder detalles de la petición -concretamente el carácter reservado de parte de la información y que le obligaba a realizar una tarea de reelaboración- y eludió cuantificar el coste que había tenido para el erario. «En el caso requerido, no supuso un gasto adicional al tratarse de un barco que ya tenía programada su salida a la mar, en el marco de las misiones del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima», justificó el comandante del Mando de Operaciones.

El CTBG no apreció las «restricciones» esgrimidas por la Administración, a la que afeó que no argumentara «mínimamente» por qué eran de aplicación los dos límites invocados. Tampoco vio justificado que no se facilitara el dato de lo que ha costado el envío del barco, dado que dicha información «guarda estrecha conexión con la finalidad» de la ley y «permite conocer directamente cómo se manejan los fondos públicos».

De esta forma, el Consejo de Transparencia concedió diez días hábiles a Defensa para que proporcionara dicho dato -a contar desde el pasado 24 de enero- o a interponer un recurso ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid antes de dos meses. El primer plazo ha expirado ya y la información no ha sido facilitada.

Transparencia desdice a Presidencia del Gobierno y concluye que conocer los gastos de la estancia de Pedro Sánchez en Doñana es «de interés público»

Tampoco vio satisfecha su demanda de información el ciudadano que se interesó por el gasto que había supuesto para el presupuesto público la estancia de Pedro Sánchez y su familia el pasado mes de agosto en el Palacio de las Marismillas, dentro de los límites del Parque Nacional de Doñana.

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad dejó pasar el plazo reglamentario sin contestar. En el trámite de alegaciones, el departamento que dirige Carmen Calvo adujo que el acceso a la información sobre los gastos derivados de los planes de protección y seguridad del presidente del Gobierno estaba restringida por uno de los límites que prevé la norma -la seguridad nacional- y que son atendidos por las partidas «aprobadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y no son individualizables».

El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación y consideró «de interés público» y no afectada por la aplicación de «ningún límite o restricción al acceso». «Antes al contrario, forma parte de la finalidad o ratio iuris de la norma entre la que se encuentra el conocimiento del uso de fondos públicos», concluyó.

Cumbre con Merkel

Presidencia del Gobierno esgrimió el mismo argumento cuando se le requirió el detalle del coste que había tenido la cumbre mantenida en Doñana por Pedro Sánchez y la canciller alemana, Angela Merkel, en agosto de 2018. Fue apenas dos meses de que el líder socialista llegara a La Moncloa tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y el CTBG se expresó en los mismos términos que cuando resolvió la reclamación sobre el coste de las vacaciones presidenciales el verano posterior.

La misma suerte corrieron otras peticiones, como las relativas al documento de 21 puntos que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, entregó a Pedro Sánchez en diciembre de 2018; los informes que eventualmente hubiera podido pedir el Ejecutivo a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución por parte de un Gobierno en funciones o el acta mediante el que el Ministerio del Interior hubiera recepcionado o devuelto el informe encargado a una consultora en materia de equiparación salarial.

El documento firmado por PSOE y Unidas Podemos previo a la investidura de Pedro Sánchez, que lleva por título ‘Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España’, prevé el compromiso de las dos formaciones que integran el bipartito por aprobar «una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno» y su reglamento «para hacerla efectiva».

Comentar ()