Política 'CASO TÁNDEM'

El desengaño de 'El Gordo' con la Fiscalía: de colaborar a pedirle 52 años de prisión

Enrique García Castaño, mando policial jubilado, denuncia "indefensión" pese a haber colaborado con la Justicia “desde el inicio” / Pide que se practiquen diligencias “fundamentales” antes de que se dé por terminada la instrucción de la pieza 'Iron'

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El desengaño de 'El Gordo' con la Fiscalía: de colaborar a pedirle 52 años de prisión
El comisario Enrique García Castaño, llegando este martes a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Villarejo'.

El comisario principal Enrique García Castaño, 'El gordo', llegando a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Villarejo'. EFE

Resumen:

Enrique García Castaño, comisario principal ya jubilado al que Anticorrupción pide 52 años de cárcel en la primera pieza separada de investigación del caso Villarejo que se ha dado por cerrada, reprocha la actuación de la Fiscalía pese a haber estado «colaborando con la administración de Justicia» y censura que el juez no haya ordenado la práctica de diligencias de investigación «fundamentales» para el esclarecimiento de los hechos antes de dictar el auto de procesamiento, lo que le ha causado una «clarísima indefensión».

Así lo razona la defensa de García Castaño en el recurso con el que espera que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revoque el auto por el que el juez García-Castellón dio por cerrada la instrucción de la denominada pieza Iron -centrada en el espionaje realizado por Villarejo al despacho de abogados Balder IP Law SL por encargo de su competidor Herrero&Asociados- y ordene al magistrado que agote las pruebas de investigación antes de que eleven los hechos para su enjuiciamiento.

En su escrito de conclusiones provisionales, los fiscales Anticorrupción otorgan un papel destacado a este antiguo comisario principal -ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y conocido como El gordo– en la obtención de información reservada para la «organización criminal» aprovechando su posición en la «estructura policial», obteniendo supuestamente como recompensa «dinero en efectivo y otras dádivas». Por ello, el Ministerio Público le acusa de la comisión de delitos de cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares.

No es de recibo que se vea sometido a esta presión y no se le permita ejercer su defensa

El recurso deja traslucir la impotencia con la Fiscalía de García Castaño, que no ha visto reflejada la «colaboración» que viene prestando en la petición de 52 años de cárcel que el Ministerio Público acaba de plantear. «Nuestro patrocinado está colaborando con la administración de justicia, desde el inicio, y no es de recibo que se vea sometido a esta presión de una de las partes y que no se le permita ejercer su defensa, en forma debida, sin dar siquiera una mínima respuesta a diligencias planteadas que no han sido debidamente respondidas», expone. Por «presión» se refiere a la petición que le hizo el Ministerio Público al juez el pasado 7 de mayo -días después de que empezara a reanudarse la actividad judicial tras la paralización que conllevó la declaración del estado de alarma- para que diera por terminada la instrucción de esta pieza separada.

En la mañana del 28 de mayo de 2018, García Castaño acudió al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional con dos abogados para entrevistarse con Diego de Egea, entonces magistrado de apoyo. El comisario principal sabía por «determinados periodistas» que le estaban investigando en la macrocausa de Villarejo y acudió a ponerse «a disposición de la autoridad judicial».

Según detalló en un acta de manifestaciones que aquel mismo día hizo ante el notario de Madrid Fernando Pérez Alcalá del Olmo, el juez De Egea le reconoció que «no existe intención por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de ordenar detención alguna» y le recomendó que se dirigiese a la Fiscalía Anticorrupción para poner de manifiesto lo que deseara. Así lo hizo.

«Al atender a la sugerencia de su señoría y sin dilación me he personado ante la Fiscalía como testigo o para prestar cualquier tipo de colaboración con el Ministerio Fiscal. Los dos fiscales que me han atendido me han comunicado que se han visto sorprendidos de mi propósito, ya que la causa está secreta», refleja el documento.

De la visita a la detención

El 11 de julio, mes y medio después de aquella visita, García Castaño fue detenido a petición de Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y organización criminal en el marco de la operación Tándem. Tras declarar ante el instructor, quedó en libertad con medidas cautelares.

En los últimos meses, el comisario principal jubilado ha venido ofreciendo a los investigadores información especialmente sobre la Operación Kitchen, el dispositivo que puso en marcha la Policía Nacional en 2013 para tratar de conocer quiénes eran los testaferros de Luis Bárcenas y dónde ocultaba éste el dinero de las mordidas pagadas por empresas a cambio de que contratos públicos, según la versión de García Castaño. La Fiscalía Anticorrupción sostiene, y en ese sentido ha investigado el juez García-Castellón hasta ahora, si se trató de un espionaje al extesorero del Partido Popular para recuperar documentos comprometedores para altos cargos de dicho partido en su poder, para la que se habrían destinado fondos reservados y habría llevado a cabo un grupo «parapolicial», como lo define el Ministerio Público, cuyos miembros, altos excargos de la Policía, están investigados en la Audiencia Nacional. Esas pesquisas se llevan a cabo en otra de las piezas separadas del caso Villarejo y que continúa bajo secreto de sumario.

En su comparecencia judicial, García Castaño dio detalles de quiénes participaron en el operativo, implicó a la escala de mando y reveló que facilitó un lápiz de memoria al ex número dos de Interior Francisco Martínez con información que le había robado al ex tesorero del PP Sergio Ríos Esgueva, el chófer de Bárcenas y que fue captado como confidente por el Ministerio del Interior. El Gordo reveló la identidad de los dos agentes que le acompañaban cuando el conductor le pasó los datos del clonado de los móviles de Bárcenas en un restaurante Vips de Madrid. 

El mando policial contó que entró sin orden judicial en el estudio de restauración que tenían Bárcenas y su esposa

El mando policial también contó que entró sin orden judicial en el estudio de restauración que tenían Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, en la madrileña calle General Díaz Porlier y que Francisco Martínez llegó a levantar un acta notarial con los mensajes que se cruzó con el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. En marzo, la Policía se incautó de dicho documento tras acudir a la casa del ex Secretario de Estado de Seguridad, imputado en esta pieza desde principios de año.

En su círculo cercano, García Castaño ha confesado sentirse «engañado» por la Fiscalía tras comprobar que la «colaboración» prestada se ha traducido en una petición de penas de 52 años. El comisario principal retirado ha negado haber recibido dinero de Villarejo y rechaza que él le suministrara datos reservados al antiguo agente encubierto para que los utilizara en los ‘informes de inteligencia’ que realizaba para clientes privados mientras se encontraba en activo en el Cuerpo Nacional.

En su recurso de apelación, la defensa de García Castaño considera que así quedaría demostrado si se practicaran varias de las diligencias que vienen pidiendo desde hace meses y que el juez ha rechazado al considerar que nada aportarían al esclarecimiento de los hechos. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe decidir ahora si acoge esa pretensión y revoca el auto por el que juez ordenó que continuara la tramitación de las diligencias por el procedimiento abreviado.

Los correos de Constancio Riaño

El acusado considera «esencial» que se libre oficio al Servicio Informático del Cuerpo Nacional de Policía para que entregue los correos electrónicos enviados y recibidos entre 2013 y 2016 por parte de Constancio Riaño, inspector jefe adscrito a la UCAO e imputado en este procedimiento. En su opinión, esa diligencia permitiría acreditar que «en el flujo de información hacia el entorno del sr. Villarejo no estaba inmerso el Sr. García Castaño», sino que era Riaño el que le pasaba directamente los datos a un colaborador del comisario hoy en prisión también imputado (el policía en segunda actividad Antonio Bonilla). Y, en consecuencia, «no prosperaría una acusación de, nada menos, que 52 años de cárcel».

El abogado de El gordo llama la atención sobre el hecho de que no exista «ni una sola denegación» de las diligencias solicitadas por la Fiscalía frente a los «reiterados rechazos u olvidos» en la tramitación de las planteadas por las defensas, al tiempo que califica de «escandalosa» la coincidencia entre el escrito por el que Anticorrupción solicitó el fin de la instrucción y el auto en el que el juez García-Castellón acogió tal petición.

García Castaño considera que se ha producido una «grave conculcación» de su derecho de defensa al incorporarse una diligencia de investigación con posterioridad a que se dictara el auto de transformación a procedimiento abreviado, por lo que no ha podido presentar alegaciones.

En concreto, el acusado se refiere a un documento denominado diligenciaJCI6.xls y que procede de la pieza que el juez abrió el pasado mes de diciembre después de que Constancio Riaño declarara en sede judicial que en la UCAO existía un ordenador «no conectado a la red de la Comisaría General de Información» en la que quedaban registradas las peticiones de información que le hacía su jefe (García Castaño) para pasársela luego presuntamente a Villarejo.

«Un elemento de cargo tras el cierre»

En dicho documento aparecen 12 asientos de supuestas solicitudes realizadas a Riaño por parte de García Castaño, si bien en diez figura como solicitante Antonio Bonilla y en las dos restantes se atribuye a ‘UCAO-Jefe’. Estas dos «no guardan un orden cronológico y parecen estar insertas posteriormente», lo que lleva a la defensa de este imputado a sugerir que se ha podido producir una «manipulación posterior».

«Es evidente que se ha incorporado un elemento de cargo sin que esta parte lo haya podido valorar, con posterioridad al cierre de la instrucción, proviniendo, además, de una causa secreta de la que no se informó en su momento y respecto de la que, aún a día de hoy no se ha notificado el auto de levantamiento de secreto», argumenta.

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