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Torra convierte su vista en el Supremo en un circo mediático

El presidente de la Generalitat acudirá como público al acto judicial de revisión de su condena por desobediencia que de confirmarse, como él mismo espera, supondrá su inhabilitación

Quim Torra. EP

Quim Torra da por sentada su inminente inhabilitación como presidente de la Generalitat de Cataluña. Pero, a pesar de ello y de que su presencia no es necesaria en el Tribunal Supremo este jueves, donde se celebra la vista de casación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por desobediencia al negarse a acatar la orden de la Junta Electoral Central de retirar símbolos independentistas en edificios públicos durante la campaña electoral, acudirá como público.

Convertirá el acto judicial en una jornada de reivindicación y propaganda independentista. Como presidente catalán, tendrá que entrar al alto tribunal por la puerta central del edificio, igual que cuando asistió al juicio del procés. Pensaba ir acompañado de una comitiva de hasta diez personas, pero las medidas para evitar contagios por coronavirus limitan el aforo de público en la sala y finalmente el Supremo le ha autorizado a ir acompañado del vicepresidente catalán, Pere Aragonés, y de la consejera de Presidencia y portavoz de su Gobierno, Meritxell Budó, informan fuentes del alto tribunal. Por la tarde, está previsto que ofrezca una rueda de prensa en Blanquerna, el centro cultural y librería de la calle Alcalá de Madrid dependiente de la Generalitat y dedicado a la difusión de la cultura catalana que los independentistas han convertido en un «refugio» en la «capital del Estado».

Alegaciones de su defensa y la Fiscalía

Dentro de la Sala, cinco magistrados escucharán en la vista de casación, que arranca a las 12.00 horas, las alegaciones del abogado de Torra, Gonzalo Boye, y de la Fiscalía, en contra y a favor respectivamente de la condena a un año y medio de inhabilitación y 3.000 euros de multa que impuso el TSJ catalán en diciembre de 2019.

Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Vicente Magro y Susana Polo -los tres primeros miembros del tribunal que juzgó el procés– serán los encargados de dictar la resolución que se conocerá en los próximos días. La confirmación de la sentencia condenatoria supondría ejecutar la inhabilitación y su salida de la presidencia de la Generalitat.

El abogado de Torra defenderá que tras la sentencia hay una persecución política y adelantará una lucha ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Fiscalía, que ya pidió al Supremo que inadmitiera el recurso de casación, expondrá que él mismo reconoció que desobedeció y pedirá a los magistrados que ratifiquen el fallo de la Justicia catalana.

Recurso al Constitucional

Antes de acudir a la justicia europea, Boye recurrirá la probable inhabilitación ante el Tribunal Constitucional, una medida con la que el equipo jurídico de Torra, en el que también participa el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, pretende frenar la entrada en vigor de la inhabilitación, que debe oficializar el presidente de la cámara catalana, el republicano Roger Torrent. Será el primer paso hacia una nueva maniobra de desgaste contra sus socios de Esquerra, presentados como «verdugos» políticos del president al dictado de la justicia española.

Torra y su partido, JxCat, quieren convertir la inhabilitación en primer acto de una larga precampaña electoral en Cataluña, en la que debe dirimirse el liderazgo del independentismo. Hoy por hoy las encuestas favorecen a Esquerra, pero Junts confía en el tirón electoral de Carles Puigdemont y en el uso de un nuevo castigo judicial a uno de sus líderes como argumento a favor de su estrategia de confrontación.

Los republicanos, por su parte, insisten en reclamar a sus socios de gobierno una «respuesta pactada» a la inhabilitación que pase por acordar el calendario electoral. Pero no llevarán la tensión hasta el extremo de romper la coalición de gobierno a las puertas de las elecciones, pudiendo aparecer así como desleales a Torra. Máxime cuando son conscientes de que, tras las elecciones, están obligados a entenderse de nuevo con el partido de Puigdemont, puesto que es muy improbable que la aritmética parlamentaria permita una coalición alternativa.

En este contexto, Pere Aragonés acompañará a Torra ante el Supremo en su calidad de vicepresidente del Govern y número dos de Esquerra tras Oriol Junqueras. Como lo hará Albert Botran, dirigente de la CUP que se desplazará a las puertas del alto tribunal para expresar la «solidaridad» de los antisistema, pese a que no podrá acceder a la sala de vistas.

Un día después, JxCat, ERC y la CUP escenificarán esa pretendida unidad independentista en el Parlament, donde debe votarse la resolución conjunta en la que los tres partidos rechazan la inhabilitación de Torra. El texto pactado por las formaciones independentistas advierte que «sólo la mayoría de la cámara tiene legitimidad para otorgar o retirar la confianza al presidente de la Generalitat».

Denuncia, además, la «desproporción y la indignidad del juicio» a Torra, un proceso «politizado» en el que el Tribunal Supremo «pretende inhabilitar a un presidente por una pancarta que cuestiona el funcionamiento de este tribunal». Los independentistas señalan además el proceso como un intento de «desestabilizar las instituciones, la economía y el bienestar de la ciudadanía de Cataluña» por parte del Estado.

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