Fila de clientes para entrar al economato de Cáritas en Tetuán, Madrid, donde personas necesitadas pueden comprar productos de primera necesidad a precio subvencionado. EFE

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Cuando retornar no es la solución: latinoamericanos, empobrecidos y atrapados en España

La pasada crisis económica llevó a más de 800.000 latinoamericanos a volver a sus naciones de origen. Ahora, el paro posterior al Covid-19 acechará de nuevo a una de las comunidades de inmigrantes más vulnerables de nuestro país

Entre finales del siglo pasado y principios del actual, la inmigración en España experimentó un crecimiento «espectacular», tal y como lo definen las investigadoras Marcela Sandra Cerrutti y Alicia Maguid en su trabajo Crisis económica en España y el retorno de inmigrantes sudamericanos. «En 1998, los nacidos en el extranjero no llegaban a representar el tres por ciento de la población total del país, para ascender en 2007 al 12 por ciento y, en 2011, al 14 por ciento, cuando en número superaron los 6,6 millones de personas».

Ese crecimiento exponencial se vio especialmente reflejado en la llegada de población latinoamericana. Se trataba de «una época de crecimiento económico muy importante para España», afirma para El Independiente el embajador de Ecuador en nuestro país, Cristóbal Fernando Roldán, lo que permitió que estos migrantes «pudiesen acceder a fuentes de empleo bastante interesantes e incluso trabajar en su unidad familiar». En concreto, sólo los sudamericanos aumentaron en más de ocho veces su comunidad entre los años 1998 y 2007, y pasaron a constituir la tercera parte del total de inmigrantes en España, según refleja este trabajo de las expertas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.

De 2008 a 2014, la pérdida de empleo entre la población latina aumentó en más del 40%»

Jennifer Zuppiroli (Save the Children)

La población latinoamericana en España sufrió un duro revés durante la crisis económica que comenzó en 2008. Entre ese año y 2017, un total de 800.380 personas nacidas en esas naciones abandonaron nuestro país, aunque otras 75.617 decidieron embarcarse desde México, Centroamérica y Sudamérica hacia España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las comunidades nicaragüense, hondureña y venezolana fueron las que más crecieron en nuestro país en ese periodo. Estas diásporas se vieron principalmente motivadas por las crisis políticas y sociales que castigaron a dichas naciones durante la pasada década y que se extienden hasta el momento presente.

Sin embargo, miles de ecuatorianos (285.908), bolivianos (139.946), colombianos (139.223), argentinos (77.161) y peruanos (57.760) se vieron forzados a retornar, en su mayoría por los estragos que causó en sus economías la crisis de 2008. «La primera crisis afectó de manera totalmente desproporcionada en general al colectivo migrante. Sabemos que, de 2008 a 2014, la pérdida de empleo entre la población latina aumentó en más del 40%», expone para este diario Jennifer Zuppiroli, experta en Migraciones de Save the Children.

«La situación totalmente desfavorecida que tiene la población migrante realmente les hace mucho más vulnerables frente a choques del mercado laboral y a nivel económico, debido al hecho de que tienen empleos en condiciones más atípicas, con muchas menos garantías a nivel de contratos y una enorme sobrerrepresentación de contratos temporales«, por lo que se ven expuestos a ser los primeros en ser despedidos, indica Zuppiroli. Asimismo, refleja que, como en general llevan mucho menos tiempo dados de alta en la Seguridad Social con respecto a los trabajadores autóctonos, muestran «enormes problemas de cara a cobrar prestaciones por desempleo».

La situación desfavorecida que tiene la población migrante les hace mucho más vulnerables frente a choques del mercado laboral»

Jennifer Zuppiroli (Save the Children)

Entre 2011 y 2016, uno de cada cinco extranjeros con residencia legal en España se marcharon. En ese mismo periodo, un total de 306.660 españoles también se fueron ante la imposibilidad de encontrar un trabajo acorde a su formación, o simplemente un empleo, según exponía Efe hace cuatro años. «La evolución de la población va de la mano de la economía», ya que, cuando ésta empeora, la gente se tiene que ir y, cuando mejora, viene, explicaba a la agencia de noticias la profesora de Geografía Humana en la Universidad de Navarra Dolores López.

El éxodo de extranjeros y nacionales trajo consigo un importante «descenso de la natalidad», así como un progresivo «envejecimiento en una población» que ya de por sí es bastante mayor, indica el profesor de la Universidad de Valladolid (UVa) Jesús Alberto Valero-Matas.

En 2014, Valero-Matas escribió el artículo Análisis de la inmigración en España y la crisis económica, junto a Juan R. Coca e Irene Valero-Oteo, en el que evidenciaba que la inmigración resuelve principalmente tres cuestiones. Por un lado, parte de los «problemas económicos y laborales, pues al ocupar empleos rechazados por los nacionales contribuyen a incrementar las arcas del Estado en materia laboral». En segundo lugar, los inmigrantes provocaron desde principios de siglo en nuestro país «el crecimiento de la natalidad» y en algunos casos repoblaron «áreas en proceso de despoblación». Y, por último, atendieron «necesidades sociales de la población nativa, que de otro modo sería difícil de cubrir por el Estado o los ciudadanos».

Esta coyuntura de desempleo y recesión, que se plasmó en el inicio de la pasada crisis y que comienza a verse reflejada más de una década después por la incidencia del coronavirus en nuestro país, lleva a los inmigrantes latinoamericanos a una encrucijada, en la que se ven obligados a elegir entre su «sueño Europeo», como lo llama el profesor de Sociología de la UVa, y la vuelta a sus respectivos países.

«En determinadas situaciones, ese retorno se hace doloroso, puesto que la persona que salió de un país con unos objetivos determinados se ve en la necesidad de volver sin haber cumplido dicho proyecto», decía este profesor en su artículo. Sin embargo, la salida de España no siempre implicaba, al menos en un primer momento, la vuelta a sus lugares de procedencia, sino que muchos optaban por trasladarse a otros países europeos o a Estados Unidos, motivados por el respaldo que les otorgaba el haber conseguido la doble nacionalidad.

De esta forma, podían desplazarse por los territorios del espacio Schengen, algo que también hicieron los españoles, portugueses y griegos durante los años más sangrantes de la primera crisis, aunque eran una minoría de latinoamericanos los que optaban por esta opción.

En ocasiones, el núcleo familiar se dividía para no perder la residencia, poder seguir pagando la vivienda que habían adquirido en España o porque la perspectiva no era necesariamente regresar de forma definitiva a América Latina. En esos procesos de migración circular, se llevaron a cabo estrategias de movilidad a corto plazo para hacer frente a la crisis, como permitir que el hombre retornase, mientras la mujer y los niños permanecían en nuestro país para seguir trabajando y formándose, en la medida de lo posible.

Para aquellos que se planteaban volver a sus naciones de origen, el Gobierno diseñó algunos incentivos para promover el retorno entre los inmigrantes extracomunitarios, a través del Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España (PREVIE), que tuvo su origen en 2003 y que se volvió a impulsar en 2008, tal y como indicaban Valero-Matas y sus colegas en su estudio.

«Algo que me pareció muy curioso es que, cuando yo me quedé sin trabajo y fui a cobrar la prestación por desempleo, porque tenía derecho a ella, en la oficina de empleo insistían mucho en preguntarme por qué no pedía el [subsidio por] retorno voluntario», afirma para este periódico Paula, una ciudadana de origen colombiano que lleva 20 años en nuestro país y que está casada con un español. «Lo hacían de manera automática», agrega, pero ella recalca que es «una madrileña más».

El PREVIE se desplegaba en tres programas: uno de atención social, por el que se ofrecía una contribución para el traslado e instalación en sus países de origen; un segundo de retorno productivo, que proporcionaba «formación y capacitación ligada a la demanda laboral en el país de origen» y «acciones de apoyo a la reintegración» a aquellas personas que retornasen con un proyecto entre manos; y un tercero de ayudas complementarias «al abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo» a trabajadores extranjeros, también llamado APRE, tal y como reflejaban Cerrutti y Maguid. Para cobrar esa prestación, el Gobierno requería a los migrantes que se comprometiesen a no volver a España en tres años.

Pero ese retorno no era voluntario, como decía el Ejecutivo de entonces, sino que se trataba de un paso atrás «como fracaso del proceso migratorio» y no una vuelta definitiva tras haber «alcanzado las metas iniciales», según planteaban en 2014 las profesoras de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Aurora García, Beatriz Jiménez y María Milagros Mayoral en su artículo Emigración de retorno y crisis en España.

En la crisis originada en 2008, quienes se quedaron en territorio español lo hicieron «en unas condiciones muy precarias» y «en una situación de pobreza, porque no había empleo y muchos españoles reclamaban los puestos que estaban ocupando muchos inmigrantes. Eso supuso un problema y daría lugar a un gran cambio», señala Valero-Matas.

Una reciente investigación de Save the Children alerta de que, durante la crisis sanitaria generada por el coronavirus, seis de cada diez familias de origen migrante han perdido temporalmente el empleo y siete de cada diez ha sufrido un recorte de sueldo de manera temporal. Además, casi el 30% de las familias extranjeras que han participado en la encuesta realizada por 40dB han perdido su trabajo y una de cada cinco han tenido un recorte de sueldo permanente.

Según Jennifer Zuppiroli, el actual Gobierno de coalición «ha tenido bastante en cuenta la situación de los trabajadores extranjeros» y «ha adoptado medidas que han alargado la vigencia de los permisos de residencia», para que no cayesen precisamente en situación de irregularidad. Asimismo, recuerda que se han impulsado planes de contratación en el sector agrario, «donde sabemos que muchísimas de las personas que han podido acceder a ese empleo eran personas extranjeras», entre ellos jóvenes inmigrantes tutelados, «que para nosotros son un colectivo de especial preocupación».

La experta de Save the Children pone también en valor las prestaciones a los dependientes del sector doméstico y a las mujeres extranjeras víctimas de trata de seres humanos. Enfatiza que el Ingreso Mínimo Vital que se aprobó el viernes tendrá una especial relevancia para las familias extranjeras. Según informaban fuentes parlamentarias a Europa Press, un 18 por ciento del millón previsto de beneficiarios del ingreso mínimo vital serán inmigrantes, es decir, unos 150.000 hogares. Esta ONG pidió que el IMV se hiciese extensible a la población extranjera en situación de irregularidad para que pudiesen beneficiarse de esta prestación a través del padrón, «pero es una propuesta que no ha prosperado desafortunadamente», señala Zuppiroli.

Estos mecanismos podrían contribuir a minimizar el daño económico que la comunidad latinoamericana experimentó durante la pasada crisis, que sirvió a las instituciones como aprendizaje de cara a que los proyectos de los ciudadanos más vulnerables no caigan de la mano de la recesión. «Vinieron hace 20 años con mucha valentía, con tesón y con coraje para enfrentar una dura situación y ahora no dudo de que lo volvería a hacer», indicaba el embajador de Ecuador en España.

Los ciudadanos ecuatorianos fueron los que encabezaron la lista de abandono durante la depresión de 2008. Cristóbal Fernando Roldán hace hincapié en que «el problema gravísimo que va a tener España es el paro». «Si se van incrementando los niveles de desempleo, proporcionalmente nuestros compatriotas van a tener problemas y estamos investigando todas las ofertas y plataformas» que les permitan encontrar un trabajo, señala el representante ecuatoriano.

«Ya hemos logrado que algunos compatriotas puedan tener empleo en la provincia de Huelva, en la recolección de frutos rojos, y en Huesca y Lérida, en la recolección de frutas con hueso». Muchos latinoamericanos ocupan puestos en uno de los sectores más perjudicados por el estado de alarma: el turismo. Por ello, el embajador está estudiando con la Cámara de Comercio de Palma de Mallorca «una serie de atenciones para el sistema dual», mediante el que los ciudadanos «puedan trabajar y asistir a cursos sobre temas de turismo, hostelería y restauración».

«Nos hemos enfocado en priorizar la Escuela del Migrante, en la cual se imparten una serie de talleres, ahora virtuales y antes presenciales, de informática, inglés, emprendimiento, seguridad, Big Data y cursos sobre la cuarta revolución industrial, para que puedan acceder al empleo», enfatiza.

Cuando resulta imposible volver

Los cierres de fronteras, tanto las de España como las de los países emisores de migrantes, durante esta crisis del coronavirus imposibilitan el retorno de los ciudadanos latinoamericanos residentes en España. Esta es una de las medidas que han tomado todos los territorios en los que el Covid-19 ha generado un mayor número de víctimas mortales.

En algunas de estas naciones, el ritmo de crecimiento sigue aumentando y el virus se encuentra descontrolado. Brasil registró el pasado jueves 1.156 muertes y 26.417 nuevos casos de la enfermedad con respecto a los datos que había notificado 24 horas antes. En Chile, a pesar de haber contabilizado este viernes un número mucho menor de muertos con respecto a los datos del país gobernado por Jair Bolsonaro, un total de 54, siguen aumentando a un ritmo peligroso los contagios: 3.698 nuevos contagios desde el anterior balance.

Ecuador presentó al principio focos preocupantes en ciudades como Guayaquil y la pandemia «desbordó los servicios médicos ecuatorianos», que no alcanzaron a «atender con la suficiente prontitud la cantidad de casos que se dieron». No obstante, Roldán destaca que el nivel de contagios y decesos de su nación «está lejos de países Brasil, México, Perú o Chile». 

Pero, en algunos de los países de América Latina, el problema no son las fronteras, sino la grave situación política que viven. Ecuador también fue uno de los escenarios del hervidero en el que se convirtió el año pasado gran parte del continente. En octubre, comenzaron las «protestas legítimas de los indígenas», que «luego fueron desvirtuados con los afanes electoralistas y perversos de las fuerzas del ex presidente [Rafael] Correa«, explica el embajador.

Roldán dice que estos incidentes fueron «un hecho aislado», por lo que no supondrían un obstáculo de cara a que los ecuatorianos pudiesen volver a su nación. Los conflictos políticos y sociales de Venezuela, Colombia, Honduras o Nicaragua llevan a sus emigrantes en España a rechazar, en la mayoría de ocasiones, la idea de retornar. Después de un 2019 muy caliente, muchos otros territorios se han sumado a esa lista. Es el caso de naciones como Chile, donde las protestas del año pasado han continuado este 2020, pese al confinamiento, o Bolivia, que se vio envuelta en una situación de vacío de poder tras la dimisión de Evo Morales y parte de su equipo de Gobierno.

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