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Una decena de querellas y denuncias contra el Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria

La infravaloración del riesgo, las compras millonarias de material sanitario a empresas chinas, la gestión de las residencias por parte de Pablo Iglesias y la “obstrucción a la Justicia” por parte de altos cargos de Interior, entre los frentes judiciales abiertos

Pedro Sánchez en una reunión junto a sus ministros María Jesús Montero, Carmen Calvo, Teresa Ribera y Salvador Illa.

Pedro Sánchez en una reunión junto a sus ministros María Jesús Montero, Carmen Calvo, Teresa Ribera y Salvador Illa. EP

El Tribunal Supremo, la Fiscalía y juzgados de instrucción han recibido ya al menos una decena de querellas y denuncias contra Pedro Sánchez, sus ministros y otros altos cargos de la Administración General del Estado por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. Una de las acciones ha supuesto ya la imputación del Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación feminista del 8-M cuando ya había advertencias sanitarias que desaconsejaban las concentraciones masivas por el riesgo de contagio.

El Independiente detalla todos los procedimientos judiciales que, en pleno estado de alarma, se han interpuesto hasta este momento y en qué situación procesal se encuentran.

La investigación del 8-M

La única investigación abierta hasta el momento contra un responsable del Gobierno por su gestión durante la pandemia del coronavirus es la iniciada por la juez Carmen Rodríguez-Medel contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por presunta prevaricación administrativa. Esta causa se inició en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid a raíz de la denuncia de un abogado particular, Víctor Valladares, contra los delegados del Gobierno de toda España que permitieron manifestaciones cuando ya había advertencias sanitarias sobre los riesgos de contagio por contacto del coronavirus, según alegó el denunciante.

La juez preguntó a la Delegación del Gobierno de Madrid sobre las advertencias sanitarias que recibió antes de permitir la celebración de la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid y otras concentraciones. Tras contestar que el primer aviso de la pandemia fue la publicación del estado de alarma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la magistrada citó a Franco como investigado y ordenó una serie de diligencias de investigación a la Guardia Civil para recabar información sobre las advertencias que recibió el organismo dependiente del Gobierno central a principios de marzo.

El resultado de las pesquisas de la Policía Judicial se reflejó en un informe entregado a la instructora el jueves de la pasada semana y sobre el que se ha desatado una fuerte polémica. Según fuentes de Interior, el interés del ministro Fernando Grande-Marlaska por conocer los detalles del atestado y la negativa del hasta ahora jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, de aportar información al respecto al estar reservada le costó el puesto a este último. Esa actuación del ministro de Interior y a su vez juez, que él niega, ha sido muy criticada tanto fuera como dentro del Cuerpo, provocando también la renuncia del número dos de la Guardia Civil, Laurentino Ceña.

La instructora tomará declaración a José Manuel Franco y a otros nueve testigos entre los días 10 y 11 de junio para tratar de esclarecer los hechos denunciados. La Guardia Civil considera que, con las diligencias practicadas, ninguna manifestación convocada para celebrarse del 5 de marzo en adelante debería haberse celebrado.

Ofensiva jurídica de Vox

Vox mantiene una ofensiva en el Parlamento contra el Gobierno de Pedro Sánchez y también en los tribunales por su gestión de la crisis sanitaria. El pasado 20 de abril, la formación que lidera Santiago Abascal interpuso una querella contra Pedro Sánchez y su gobierno -entre ellos el ministro Salvador Illa– por delitos de «imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad».

El partido sostiene que, al menos desde el 10 de febrero, el Ministerio de Sanidad conocía la «gravedad», «sintomatología» y «letalidad» del coronavirus, según puso de manifiesto el Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES) en un informe que emitió ese día bajo el título de ‘Evaluación rápida del riesgo’.

Fue semanas antes de que Vox presentara otra querella contra tres altos cargos del Ministerio de Sanidad por la «opacidad» en la que se han llevado a cabo las compras millonarias de material sanitario bajo la tramitación de emergencia. En concreto, dicha acción se dirige contra el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso María Jiménez; la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, como posibles autores de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.

Esta semana, el partido se ha querellado contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por la destitución fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos tras negarse a facilitar información sobre la causa del 8-M que dirige el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid. Vox considera que la actuación de los citados altos cargos de Interior es constitutiva de los delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y represalias.

María Gámez, denunciada doblemente

También Manos Limpias considera que María Gámez ha podido incurrir en un delito de «obstrucción de la Justicia» al pedir a Pérez de los Cobos el informe encargado por la juez a los investigadores policiales. El colectivo de funcionarios sostiene que la directora general de la Guardia Civil «pretendía influir» en el citado atestado dado que «comprometía seriamente la gestión y autorización de la manifestación del 8 de marzo por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid».

En la denuncia presentada este viernes ante los juzgados de Plaza de Castilla, a la que ha tenido acceso este diario, Manos Limpias acusa al ministro Grande-Marlaska de querer «blanquear el cese» de Pérez de los Cobos alegando «razones organizativos y por pérdida de confianza» ante el «escándalo nacional» que ha supuesto la destitución del coronel de la Guardia Civil.

Pablo Iglesias y la gestión de las residencias

La asociación ‘España No se Rinde’ ha interpuesto una denuncia contra Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, al entender que la gestión que ha realizado en relación con los centros socio-sanitarios es constitutivas de delitos de homicidio imprudente, prevaricación, lesiones y omisión de socorro. Iglesias goza de fuero y, en consecuencia, sólo puede ser investigado por el Supremo.

«El denunciado no adoptó medidas tendentes a medicalizar las residencias ni se adoptó medida eficaz alguna para impedir la propagación», según detalla la denuncia, a cuyo contenido ha tenido acceso Okdiario. «La omisión de la adopción de medidas por el denunciado provocó la propagación en mucho residentes», añade.

Familiares de fallecidos, al Supremo

En representación de familiares de 3.274 fallecidos por coronavirus, 11 abogados presentaron una querella contra Pedro Sánchez y todos los ministros del Gobierno el pasado 13 de mayo ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. Consideran que todos los integrantes del gabinete, por las decisiones adoptadas en Consejo de Ministros, pudieron incurrir en delito de homicidio imprudente al permitir la celebración de actos multitudinarios antes de declarar el estado de alarma, como la manifestación feminista del 8-M o un mitin de Vox en el Palacio Vistalegre de Madrid.

En el escrito presentado en nombre de la plataforma ‘El día después’, los letrados sostienen que desde diciembre se conocía la existencia del virus y en febrero «se habían detectado ya 32 casos de contagio en España sin que el Gobierno hubiera adoptado medida alguna de prevención durante más de un mes». La Sala aún no ha dado curso a la denuncia.

Las querellas de profesionales médicos

La Sala Penal del Supremo también ha recibido otras querellas contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y «cuantos corresponsables de la Administración corresponda» por parte de sindicatos médicos a cuenta del reparto de mascarillas defectuosas y material sanitario para luchar contra el coronavirus.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentó una querella contra Illa por presunto delito contra los derechos de los trabajadores tras el reparto de mascarillas FPP2 defectuosas. Consideraron que constituyó una «actuación negligente por parte del Ministerio», al que acusaron de «poner en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario».

El sindicato CSIF también presentó denuncia ante la Sala Segunda del alto tribunal por estos hechos e incluyó el aumento de contagio por coronavirus conocido a principios de mayo a raíz de la realización de test como agravante. De ninguna de estas querellas ha surgido tampoco hasta el momento una investigación contra los responsables públicos. 

Compra ¿inflada? de material sanitario

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene que decidir si los hechos relatados en la denuncia que el pasado 30 de abril interpuso un militar jubilado ante Anticorrupción por la compras de material realizada por el Ministerio de Sanidad son constitutivos de delito e inicia una investigación. La Fiscalía Especial contra la Corrupción la ha elevado a sus colegas del alto tribunal por la condición de aforados de dos de los tres señalados: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El denunciante ha analizado los contratos de compras firmados por el INGESA con empresas chinas para el suministro de mascarillas de protección, batas desechables, gel desinfectante, guantes de nitrilo y respiradores y ha detectado sobreprecios de hasta el 8.174 % en algunos artículos, por lo que insta al Ministerio Público a investigar qué intermediarios se han beneficiado y dónde ha acabado el dinero.

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