Educación | Sociedad

Un ministro desaparecido y un protocolo de junio para pilotar el caótico regreso a la universidad

Manuel Castells no habla del próximo año universitario desde el 24 de junio, cuando dijo que "la enseñanza será presencial adaptada a lo que diga la autoridad sanitaria"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, en una sesión del Senado. EP

La incertidumbre que golpea a la vuelta al colegio se extiende a las facultades universitarias. Con el incremento de contagios en España en las últimas semanas, el plan establecido en junio para el curso universitario 2020/2021 comienza a quedarse obsoleto. El Ministerio de Universidades ha permanecido hasta este jueves en silencio y con su máximo representante, Manuel Castells, oculto desde hace semanas. La última vez que compareció en público fue el 30 de julio en los Cursos de Verano de la UCM, donde habló de perspectiva de género en el sistema universitario. «Está activo, no volverá a Madrid hasta el lunes, pero está trabajando», aseguran desde el ministerio.

Castells intervino anteriormente en estos mismos seminarios de la Universidad Complutense para impartir una ponencia llamada titulada ‘Objetivo 4: Educación de calidad como factor decisivo para la productividad y la igualdad: Una perspectiva global’, en la que señaló que «negar» una sanidad y una educación públicas y gratuitas es «negar los derechos humanos» y añadió que los recortes son la expresión de «las políticas de clase». Para oírle pronunciar las palabras Covid-19, crisis sanitaria o próximo curso hay que remontarse hasta el 24 de junio, cuando el ministro aseguró que «la enseñanza será presencial adaptada a lo que diga la autoridad sanitaria» y que su departamento ya había realizado recomendaciones.

Estas pautas a las que se refirió Manuel Castells vienen recogidas en un documento del 10 de junio en el que «se recomienda el uso de mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable, a todas las personas que accedan al centro y siempre que no se pueda asegurar una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros». En ese momento, España comenzaba a dar los primeros pasos en la llamada «nueva normalidad» y la mayoría de Comunidades Autónomas no había decretado aún la obligatoriedad de utilizar mascarillas. Dos meses después, la situación pandémica ha cambiado: Sanidad vuelve a notificar miles de casos cada día, la edad media de los infectados ha bajado y los asintomáticos son ahora uno de los principales grupos de contagiados.

Ahora, Universidades ha programado una reunión con la Conferencia General de Política Universitaria «a finales de agosto» para coordinar el regreso a las clases, aunque sigue tomando de base el documento realizado el 10 de junio, en un contexto totalmente distinto al actual. Las nuevas directrices sólo señalan que ya ahí se contemplaba la necesidad de migrar a un sistema online en caso de complicaciones, y que para ello se dotó de 400 millones de euros a las comunidades autónomas.

«Las universidades, por nuestra parte, solo pueden recibir recomendaciones», insisten desde el ministerio, «como ya se hicieron en junio en relación con la COVID-19 y que siguen vigentes».

Este documento «vigente» establece que «cada universidad deberá garantizar que el número de estudiantes en la instalación no supere la capacidad de la misma teniendo en cuenta la separación de 1,5 metros entre los ocupantes». Asimismo, indica que, «si la capacidad de la instalación que garantiza la separación de 1,5 metros es inferior al número de estudiantes matriculados, la actividad no podrá
desarrollarse de forma presencial en su totalidad», por lo que cada centro tendrá que «tomar las medidas pertinentes para que se pueda llevar a cabo de forma online«, una modalidad a la que los alumnos de estudios superiores están acostumbrados.

El Ministerio propone, a su vez, la posibilidad de combinar los sistemas a distancia y presencial si «se dispone de los equipos de retransmisión adecuados», aunque habrá que establecer una rotación de grupos para poder ofrecer las mismas posibilidades a todos los alumnos. Este régimen está especialmente planeado para evitar que las clases magistrales, en las que se concentra un mayor número de estudiantes, excedan el límite de universitarios y no se respete la distancia de seguridad. Por su parte, «los seminarios y grupos de discusión que complementan las enseñanzas magistrales podrían ser realizados de forma presencial».

El documento ya reconocía la «escasez de recursos docentes a corto plazo», es decir, de profesores universitarios, lo que imposibilitaría doblar las clases por ‘grupos burbuja’. Dos meses más tarde, el problema continúa vigente, incluso después de que, a lo largo de este verano, la Plataforma de Profesorado Asociado de Universidades Públicas haya instado en numerosas ocasiones a Manuel Castells a que encuentre «soluciones políticas» a la situación de «precariedad» de este colectivo.

«Cada universidad, en estrecha colaboración con su administración educativa competencial, establecerá antes del comienzo del curso 2020-2021 un plan de contingencia que permita, en caso de que la situación sanitaria así lo requiera, un cambio masivo e inmediato a un sistema de docencia online«, proseguía el documento. Las tres universidades gallegas, localizadas en Santiago, Vigo y A Coruña, remitieron a la Xunta sus planes de prevención el 31 de julio; la Universidad de Castilla-La Mancha se ha convertido en la primera institución universitaria del país en lograr el certificado AENOR Protocolos contra el Covid-19, y las universidades públicas de la Comunidad Valenciana han desarrollado un plan de actuación ante la crisis sanitaria del coronavirus, en el que estipulan que las aulas no podrán superar el 50% de su aforo habitual y que se realizarán controles de acceso.

A su vez, el Ministerio no recomienda el uso de guantes «de forma general, pero si en las tareas de limpieza», y quienes accedan a las instalaciones universitarias deberán extremar la higiene de manos con un lavado de «al menos 40 segundos con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico», algo de sobra conocido para la población española a estas alturas. En cuanto a la higienización de los centros, el Gobierno determina que «cada centro dispondrá, además, de un protocolo de limpieza, desinfección y ventilación, que responda a las características del mismo y a la intensidad de uso».

Por su parte, «no podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con Covid-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada» de la enfermedad. Cada facultad deberá contar con, al menos, una persona responsable para los aspectos relacionados con la pandemia, y el Ministerio invita a cada institución a «implementar un canal de comunicación con la comunidad educativa para la resolución de dudas» relativas a las nuevas medidas decretadas para evitar la propagación del virus.

El Ministerio que dirige Castells solicita a los rectores que fomenten entre sus empleados el teletrabajo en las actividades en las que no sea imprescindible su presencia, y pide que las reuniones del profesorado se realicen «preferentemente» mediante métodos no presenciales. Los estudiantes que realicen prácticas académicas externas tendrán que adoptar «las medidas de prevención establecidas por las entidades colaboradoras».

Los alumnos que se habían planteado realizar intercambios internacionales, dentro y fuera de la Unión Europea, están experimentando un especial desconocimiento por la falta de concreción de recomendaciones del Ejecutivo, que únicamente establece que «se realizarán según las recomendaciones y legislación vigente», a la que se suma la incertidumbre por las medidas de los países de destino.

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