Aula de "doble presencialidad" en la Universidad CEU San Pablo. EP

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Otoño caliente en la universidad: falta de medidas y de información

Sociedad

Otoño caliente en la universidad: falta de medidas y de información

El Ministerio de Castells apuesta por la semipresencialidad, pero no determina quién tiene la potestad para cerrar los centos en el caso de que se produzca una transmisión descontrolada en las facultades

Después del lío generado por la vuelta a los colegios, llegan las protestas por la escasez de medidas anunciadas para el regreso a las aulas universitarias. El Ministerio de Universidades, siguiendo la pauta establecida por Educación, se reunirá poco antes de empezar el curso con las comunidades, el 31 de agosto, y con los rectores, el 3 de septiembre, para discutir un documento elaborado hace dos meses, cuando España estaba entrando en la llamada «nueva normalidad» y la situación epidemiológica era totalmente distinta a la actual. Castells y Celaá siguen una misma estrategia y, por consiguiente, reciben las mismas quejas: falta de concreción en las medidas presentadas y demora en la convocatoria de una cumbre con las partes implicadas.

«Muchas facultades no nos han comunicado todavía cuándo vamos a empezar las clases, cuáles van a ser los protocolos y si tendremos clases presenciales o no», declara para El Independiente Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes. Según explica el Ministerio, todas las universidades han seguido las recomendaciones que plasmó el Gobierno en un documento el 10 de junio, y han apostado por un sistema de enseñanza mixto para el curso 2020/2021, en el que «se compatibilizarán las actividades presenciales con otras online«. «Se habla del modelo semipresencial«, pero no se ha pronunciado «ni una sola palabra» acerca de la bajada de las matrículas universitarias, evidencia esta sindicalista: «Seguiríamos pagando lo mismo con un acceso a la educación muy precario». 

Latorre, que es estudiante de Lengua Inglesa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), afirma que el Ministerio «debería garantizar» las medidas sanitarias y económicas para que se pudiesen impartir clases presenciales, ya que «durante el confinamiento se demostró precisamente cómo las clases online no fueron ningún tipo de solución». Explica a este respecto que la enseñanza digital apartó «del sistema educativo a aquellas personas con menos recursos económicos», porque «lo que plantea es que, quien no tenga recursos para tener un ordenador, un buen WiFi o una habitación para poder estudiar de forma digna está fuera de la universidad».

Lo que hace realmente el modelo semipresencial es acabar de suponer una elitización de los estudios superiores»

Coral Latorre

«Lo que hace realmente el modelo semipresencial es acabar de suponer una elitización de los estudios superiores», critica. Según el sindicato de Estudiantes, que ha convocado una huelga para el 16, 17 y 18 de septiembre, el Ministerio de Universidades debería «poner en marcha un plan de rescate para la universidad pública», en el que se incluyan una bajada de ratios de alumnos por aula y la contratación de nuevos profesores, con el objetivo de «garantizar todas las medidas de seguridad necesarias para poder volver a nuestras facultades».

«Las medidas sanitarias para el nuevo curso y la Selectividad se trabajan en coordinación con las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, que son las instancias que albergan las competencias», explicaba Universidades a El Independiente la semana pasada. De hecho, «son las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, junto con el Ministerio de Sanidad, las que, en función de la situación y evolución de la pandemia de Covid-19, pueden establecer nuevas medidas de prevención y actuación en los centros universitarios». De esta conclusión se esgrime que, en el caso de que se produjese un gran número de contagios o un brote importante en algún centro, el Gobierno de la región afectada y el central deberían consensuar el cierre de las instalaciones.

Sin embargo, los Ejecutivos autonómicos podrían exigir en la reunión del próximo lunes tener la potestad absoluta para decidir si suspenden o no la actividad lectiva en ciertas universidades. Se trata de una meta que ya alcanzaron el jueves en la conferencia multisectorial para acordar el plan de ruta de ‘vuelta al cole’. El documento que salió de esta reunión especifica que la «suspensión generalizada de la actividad» sólo podrá llevarse a cabo en caso de que se dé una «situación excepcional» de transmisión descontrolada en las aulas y serán las comunidades las que tomen esta decisión sin el permiso previo del Ministerio de Sanidad, «con la finalidad de evitar el impacto supraautonómico».

Por el momento, y hasta que no lleguen a una conclusión distinta la semana que viene, «son las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas junto con el
Ministerio de Sanidad las que en función de la situación y evolución de la
pandemia por Covid-19 pueden establecer nuevas medidas de prevención y
actuación en los centros universitarios», tal y como aclaraba Universidades en un comunicado de prensa.

Ante la falta de un criterio común, las universidades están fijando los suyos propios. La Politécnica de Madrid, por ejemplo, refleja en el acuerdo de adaptación de enseñanza que ha enviado al Ministerio que, «en cualquier momento del semestre, es posible que algunos miembros de nuestra comunidad universitaria puedan verse afectados, directa o indirectamente, por la enfermedad, provocando escenarios de confinamiento personal, del grupo de clase o incluso de todo el centro durante periodos de, al menos, dos semanas». Esta institución interpreta, por tanto, que tiene la potestad para decretar el confinamiento de «todo el centro». «El Ministerio de Universidades se ha negado a poner en marcha un plan unificado para todas las universidades alegando a la autonomía de las facultades, que lo único que está suponiendo es un auténtico caos», evidencia Latorre.

Esta estudiante considera que la rueda de prensa de Celaá, Illa y Darias del jueves fue «una broma de mal gusto». «Que realmente se diga que lo único que se va a hacer por parte del Gobierno es recomendar que te laves las manos cinco veces al día, que se abran las ventanas y que vayas a clase en bicicleta para no entrar en el transporte público nos parece desconocer mucho la realidad de la educación y de la universidad pública», señala, para luego confirmar que «sí que se podría garantizar una vuelta a las aulas segura y digna, pero eso debe pasar por invertir miles de millones en la educación».

Ante el aumento de casos y brotes que está experimentando nuestro país en las últimas semanas, el regreso a las aulas universitarias podría provocar que la segunda ola de coronavirus se extendiese durante gran parte del otoño. «Si no se toman medidas contundentes, volver a las aulas supondría el aumento de los contagios y convertir los centros de estudio y nuestras facultades en un foco del virus», resume Latorre.

Desde el Sindicato de estudiantes, se muestran insatisfechos con el trabajo que está realizando el ministro Manuel Castells desde que asumió su cargo. Se han dirigido a él en diversas ocasiones para que atienda sus reivindicaciones y sólo se han encontrado con el «silencio». «Lo único que hemos visto, y con esta pandemia se ha profundizado, es que se está lavando las manos en todas las cuestiones de máxima importancia de cara al regreso a las aulas», justificando que son las facultades las que tienen la autonomía. «Si realmente dice defender la educación pública, lo tiene que demostrar con hechos y no sólo con las palabras», concluye Coral Latorre.

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