Tráfico de coches en la autovía del Sur o A-4, antiguamente llamada autovía de Andalucía a la altura de la localidad de Pinto.

Tráfico de coches en la autovía del Sur o A-4, antiguamente llamada autovía de Andalucía a la altura de la localidad de Pinto. EP

Salud

Expertos sanitarios critican por prematuro el fin del estado de alarma

“Este domingo acaba el estado de alarma, es una decisión política, pero la pandemia no termina ni cambia por ello. El virus sigue aquí y en niveles muy preocupantes en algunas comunidades autónomas. Corremos el riesgo de pensar, como en junio del año pasado, que la epidemia está controlada. Y ya vimos lo que pasó”, reflexiona el epidemiólogo Joan Caylá, exjefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

España afronta este fin del estado de alarma con una incidencia que ronda los 200 casos por 100.000 habitantes, cifra muy lejana a los 8 del 21 de junio de 2020, cuando terminó el primer estado de alarma. Con sus diferencias, las dos salidas también son comparables para Pedro Arcos, epidemiólogo de la Universidad de Oviedo: “La desescalada de la primera ola fue demasiado rápida y provocó que España fuera el primer país europeo en sufrir la segunda ola del coronavirus. El Gobierno ha vuelto a delegar la responsabilidad del control de la epidemia en las comunidades autónomas y sin un marco normativo claro con el que poder actuar. Esto va a dificultar muchísimo la gestión”.

La medianoche del sábado al domingo habrá 17 modelos distintos de control de la epidemia. Las comunidades autónomas tienen en su mano medidas como el control de aforos u horarios, pero la restricción de derechos fundamentales – que avala los toques de queda, los cierres perimetrales y la limitación del derecho de reunión – queda en manos de que las autonomías soliciten y obtengan respaldo judicial. Como único recurso adicional, el Gobierno ha establecido que si las comunidades no lo obtienen directamente del Tribunal Superior de Justicia de su autonomía, puedan hacer un recurso de casación al Tribunal Supremo, que deberá resolverlo en un máximo de cinco días y cuyas resoluciones sienten jurisprudencia válida para la totalidad del país.

“A mi juicio, el marco jurídico es insuficiente. Nos ha servido durante muchos años para limitaciones puntuales como la vacunación o ingreso obligatorios de un paciente con una enfermedad infecciosa, por ejemplo. Pero con la pandemia este marco se ha sobrepasado”, indica Josefa Cantero, experta en derecho sanitario y presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, “las medidas cuya eficacia se ha mostrado más potente son los toques de queda y los cierres perimetrales y esas están vinculadas al estado de alarma”.

Hasta la fecha, ya son tres las comunidades que han solicitado mantener toque de queda – País Vasco, Baleares y Valencia – pero mientras las primeras han conseguido que el tribunal lo ratifique, el tribunal vasco lo ha rechazado. “Precisamente lo han hecho alugnas de las comunidades con las incidencias más bajas de España, el resto de autonomías deberían seguir el ejemplo”, apunta Caylá. Para el epidemiólogo, se avecina “un momento crítico y derivar las cuestiones de salud pública a un proceso judicial puede retrasar las medidas. Eso nos preocupa porque un brote sobre el que no se actúa rápido se puede extender sin control”.

La presidenta de SESPAS también advierte del problema que puede suponer la dilación de las medidas: “Hablamos de unos tres días para que se pronuncie el tribunal autonómico, el plazo para la presentación del recurso si es necesario más los cinco días que tiene el Supremo para pronunciarse. Y a eso hay que añadir el problema de que se produzcan decisiones contradictoras. No solo para los tribunales, sobre todo para la población. Está demostrado que la falta de coherencia crea incertidumbre y desafección y eso es muy grave en materia de salud pública”, explica la experta en derecho sanitario. De momento, el domingo habrá toque de queda en CCAA con una incidencia de menos de 60 casos por cada 100.000 habitantes y en otra País Vasco, con ocho veces más transmisión, no lo habrá.

La necesidad de mantener restricciones

Para José Martínez Olmos, experto en Salud Pública y ex secretario general de Sanidad entre 2005 y 2011 (PSOE), “actualmente no estamos en condiciones de relajar medidas y la guía ha de seguir siendo el semáforo que se aprobó en octubre por las comunidades autónomas y Sanidad y que establece restricciones en función de la incidencia de la epidemia”.

Martínez Olmos considera que “lo ideal para mantener las restricciones es el estado de alarma», pero cree que «la falta de acuerdo político lo ha hecho imposible». Este epidemiólogo confía en que el Supremo acepte las medidas restrictivas: «Las comunidades autónomas tienen en su mano el semáforo, que guía el tipo de restricciones necesarias, que debería servir como argumento jurídico para que el alto tribunal acepte las peticiones».

Igualmente Caylá ve imprescindible, «en la situación epidémica actual, que sigue siendo muy grave con un 40% de ocupación de UCI en algunas autonomías y más de 200 muertos semanales, es necesario continuar con las restricciones como las teníamos. Los toques de queda, los cierres perimetrales o el control de viajeros son importantes, para evitar no solo la transmisión sino otros peligros adicionales como la entrada de nuevas cepas».

Para Pedro Arcos, en las condiciones actuales las comunidades autónomas van a tener que aprovechar las medidas específicas y subraya la importancia de controlar los espacios interiores. «Es muy importante controlar toda la actividad en interior, especialmente la hostelería, y el ocio nocturno, que ya ha demostrado que se convierte en foco de gran transmisión».

El peligro de la «euforia» vacunal: el caso de Chile

Para justificar que el Gobierno no haya establecido un marco de actuación para el control de la epidemia tras el estado de alarma, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguraba este miércoles tras el Consejo Interterritorial de Salud que «las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes para mantener el virus a raya».

«Ahora con la situación epidemiológica, la llegada de la primavera y sobre todo la campaña de vacunación el escenario es totalmente diferente», justificaba también la ministra para tranquilizar respecto a las próximas semanas. Sin embargo, expertos como Caylá cuestiona la tesis: «No es el momento de relajar medidas. La vacuna está generando una peligrosa sensación de euforia. Está claro que es positivo que vamos avanzando pero aún estamos lejísimos de la inmunidad de rebaño. Hay que fijarse en otros casos más allá de nuestras fronteras, como Chile», afirma. El país sudamericano vivió en abril su mayor pico de contagios en toda la pandemia, pese a contar con un 45% de la población con al menos una dosis de la vacuna.

«No es el momento de hacer ninguna relajación en base a la población vacunada. Hasta que al menos no esté inmunizada al menos toda la población mayor de 60 años no sería prudente retirar ninguna medida. Yo soy optimista pero respecto a la segunda mitad del año. De momento quedan muchas semanas en las que hay que mantener la prudencia», indica Martínez Olmos.

Arcos coincide en que el avance de la vacunación aún no permite relajar medidas y que, pese a la buena noticia de que la mayoría de los mayores de 80 o los residentes estén vacunados, «el virus puede seguir circulando ampliamente y el riesgo, por tanto, no desaparece. Solo pasa más desapercibido». Un hecho que entronca con las incertidumbres que aún no se han despejado. «Hasta el momento, la evidencia sobre la inmunidad que genera la vacuna es de seis a ocho meses. Si el virus no deja de circular, lo más probable es que este otoño [como ya anunció un directivo de la vacuna de Pfizer] haya que volver a vacunar».

Miedo al «caos jurídico» y retos de las próximas semanas

«Dependerá de cómo evolucione la epidemia, pero sí que tememos que se produzca un caos jurídico», advierte Cantero. De hecho, la organización que preside tiene previsto presentar un posicionamiento en el que solicitan al Gobierno «que clarifique el marco jurídico para que los expertos, las autoridades sanitarias y los profesionales de salud pública puedan saber de qué tipo de herramientas disponen con garantías jurídicas». Cantero lamenta que «desde hace un año o al menos seis meses de estado de alarma no se haya trabajado desde el consenso político para repensar el marco jurídico y dotar de garantías las actuaciones para gestionar la pandemia».

Mirando a las próximas semanas, Caylá cree que «se va a producir lógicamente un repunte de casos con la caída de las restricciones» por lo que ve «indispensable estar muy vigilantes para observar la magnitud, algo que requiere de una actividad intensa de vigilancia epidemiológica, con mucho trabajo por parte de los rastreadores».

A ello, Arcos le suma la necesidad «de acelerar al máximo la vacunación. No es justificable el retraso de la segunda dosis de AstraZeneca cuando no hay un respaldo científico que lo justifique. Es fundamental dejar de perder un tiempo precioso», concluye.

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