Salud

Médicos, ONG y sindicatos piden al Gobierno que garantice el acceso global a la vacuna de Hipra

Una veintena de organizaciones reclaman por carta a Pedro Sánchez que la tecnología y el conocimiento desarrollados en España frente al Covid se cedan a la iniciativa C-TAP de la Organización Mundial de la Salud. Recuerdan que la vacuna española a punto de comenzar la última fase de ensayos clínicos recibió para su realización al menos 15 millones de euros públicos.

Laboratorio de Hipra donde se produce ya la vacuna frente al Covid que se ensaya en humanos

Laboratorio de Hipra donde se produce ya la vacuna frente al Covid que se ensaya en humanos. Hipra

Mientras en España nos planteamos una nueva fase de la pandemia con más del 90% de los mayores de 12 años vacunados y la mitad de la población con tres dosis, en África el 83% aún está esperando la primera. La pandemia ha abierto una nueva brecha entre los países ricos y los pobres, donde el Covid sigue mostrando su peor cara.

Luchar contra esa brecha es el propósito de una carta dirigida al Gobierno que firman este martes una veintena de organizaciones españolas. El Consejo General de Colegios de Médicos, UGT y Comisiones Obreras, Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional y un total de 22 organizaciones piden al Gobierno de España que garantice el acceso global a las tecnologías desarrolladas en nuestro país frente al Covid y en particular a la vacuna de Hipra, la más avanzada de las españolas que está a punto de entrar en la última fase de ensayos clínicos.

En concreto, las organizaciones piden que la vacuna de Hipra así como las que desarrolla el CSIC se integren en C-TAP (COVID Technology Access Pool), la plataforma impulsada por la Organización Mundial de la Salud para compartir el conocimiento y la propiedad individual de fármacos y herramientas frente al Covid. De esta forma, los países de ingresos medios y bajos podrían producir la vacuna sin necesidad de pagar royalties o derechos.

Y es que desde Salud por Derecho recuerdan que esta vacuna ha recibido millones de euros públicos, entre ellos 15 millones para la fase 2B/3 de ensayos clínicos según anunció la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. Esta vacuna basada en proteínas recombinantes se está probando como dosis de refuerzo en distintos hospitales españoles y la fase 3 incluirá 3.000 pacientes de 15 hospitales de España, Portugal e Italia.

«Nada garantiza que cuando la vacuna empiece a producirse pueda llegar a todas las personas que la necesiten dentro y fuera de nuestras fronteras», afirman las organizaciones en un comunicado. Y recuerdan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «se encuentra en el ámbito de sus responsabilidades la búsqueda de fórmulas que coloquen como objetivo central la salud pública y propongan a las empresas una remuneración adecuadamente proporcional a sus esfuerzos de inversión».

El CSIC ya cedió una licencia de su test Covid

El precedente ya existe puesto que el pasado noviembre, el CSIC cedió la licencia de su test serológico a esta plataforma. De esta forma el centro de investigación cedía la licencia de su producto de forma «transparente, global y no exclusiva» a los países de ingresos bajos y medias. Esto también ha ocurrido con la vacuna Corbevax, desarrollada por el Hospital Infantil de Texas y el Baylor College of Medicine, cuya licencia no es exclusiva y está a disposición de fabricantes de todo el mundo con capacidad para producirla.

En su carta, las organizaciones inciden en que la causa de la desigualdad en el avance de la vacunación en el mundo «son los monopolios de las vacunas que han limitado la producción y elevado los precios, junto con el acaparamiento de vacunas desencadenado entre los países que pueden pagar los precios impuestos por contrato por las farmacéuticas».

Las organizaciones recuerdan al Gobierno que apoyó la suspensión temporal de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnologías y conocimientos relacionados con el Covid en la iniciativa «Vacunas para todos», presentada en el Consejo Europeo en mayo de 2021, así como en la Asamblea General de la ONU en septiembre del mismo año.

El resto de organizaciones firmantes son la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, No Gracias, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Oxfam Intermón, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Farmamundi, Plataforma de afectados por hepatitis C, Medicusmundi, Right2Cure – Campaña Non Profit on Pandemic EU, Intersindical Valenciana, ACDESA PV, la Asociación Valenciana de Usuarios de Sanidad, Confederación Intersindical, CEAV, Confederación Intersindical Galega, Valencia Saludable, medicusmundi Mediterránea y STEC Cantabria.

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